Yamandu UruguayMONTEVIDEO (AP) — El candidato Yamandú Orsi obtuvo el domingo la victoria en la segunda vuelta presidencial de Uruguay y marcó el regreso al poder del bloque izquierdista Frente Amplio, que gobernó el país entre 2005 y 2020, bajo la promesa de una izquierda “moderna” y “renovada”.
En su primer discurso luego de conocidos los resultados electorales, Orsi salió al escenario montado en su centro de campaña y en medio de fuegos artificiales y gritos agradeció a “todos y todas que hicieron esta campaña en la que logramos nada menos que el triunfo”.
El abanderado del Frente Amplio dijo que “triunfa una vez más el país de la libertad, de la igualdad y también de la fraternidad” y manifestó su respeto por su rival de la coalición oficialista, Álvaro Delgado.
Con más del 99% de los votos escrutados, Orsi alcanzaba el 49,8% de apoyo frente al 45,9% de Delgado en unas elecciones que contaron con una participación cercana al 90% de los votantes, según los datos preliminares difundidos por la Corte Electoral.
El opositor admitió a The Associated Press que la reñida contienda electoral le dio mariposas “en el estómago, en la cabeza y todo”, pero que empezará a trabajar de inmediato para dar forma a su gobierno, que asumirá el 1 de marzo de 2025.
“Es una sensación rara que creo que tardás en caer. Son cosas que uno espera, pero tampoco lo tenés tan seguro”, dijo a AP desde el interior del hotel donde aguardó los resultados de los comicios. “A partir de mañana ya a trabajar muchísimo, hay mucho que hacer”, completó.
Tras brindar su discurso ante la multitud, Orsi se adentró en las dependencias del hotel NH Columbia rodeado de amigos, compañeros políticos y su círculo más cercano, con quienes compartió entre sonrisas, abrazos y fotos, momentos de relajación y festejos.
La victoria de Orsi convirtió a la pequeña nación sudamericana en el último país en darle la espalda a un partido en el poder en este año electoral histórico en el que los votantes frustrados por el malestar económico castigaron a los partidos gobernantes de todo el mundo, desde Estados Unidos y Gran Bretaña hasta Corea del Sur y Japón.
“Entendamos que hay otra parte de nuestro pueblo que hoy está con otro sentimiento. Esta gente también tendrá que ayudar a construir un país mejor. A ellos también los necesitamos”, dijo Orsi a los asistentes a su discurso.
En ese marco, aseguró que “a partir de mañana” empezará a trabajar para implementar un gobierno que buscará la unidad nacional.
“Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez el diálogo nacional, que construya una sociedad y un país mas integrado”, aseguró. “No hay futuro si le ponemos un muro a las ideas”.
Un rato antes el presidente saliente Luis Lacalle Pou había felicitado a Orsi por su victoria en tanto que Delgado reconoció su derrota al exclamar en su centro de campaña que “con tristeza, pero sin complejo de culpa, podemos felicitar al ganador”.
“Hoy es la victoria de la militancia del pueblo, hay mucha gente que sigue por debajo de la línea de la pobreza y hay que invertir en salud, en políticas sociales, en educación. El pueblo se lo merece”, dijo a AP la docente Carina Rodríguez.
Delgado, por su parte, siguió el conteo desde la sede del Partido Nacional en la capital uruguaya, en donde imperó el silencio tras las primeras aproximaciones de cuatro encuestadoras privadas.
“Hoy la gente, los uruguayos, definieron quién va a (ocupar) la presidencia de la república y quiero mandar desde aquí... un fuerte abrazo y saludo para Yamandú Orsi y el Frente Amplio”, expresó Delgado. “Con tristeza, pero sin complejos, vengo a felicitar a quien ganó”.
Unos 2,7 millones de uruguayos fueron llamados a votar en estos comicios marcados por la moderación de las propuestas y la tranquilidad de la política uruguaya, considerada una de las democracias más estables y consolidadas de América Latina.
En la primera vuelta, celebrada el pasado 27 de octubre, el Frente Amplio de Orsi había logrado un 44% de los votos frente al 26,8% obtenido por Delgado.
De acuerdo con la Corte Electoral, la jornada “transcurrió con tranquilidad y sin mayores incidentes”.
Orsi, de 57 años y heredero del histórico José “Pepe” Mujica, confió en la fortaleza del Frente Amplio para devolverle el poder a la izquierda tras cinco años de ausencia. Delgado, por su lado, apeló a la buena imagen de Lacalle Pou para convencer a los electores sobre la permanencia de la gestión. El candidato fue secretario de la presidencia.
Con 20 años de experiencia política, Orsi hizo hincapié en su promesa de gobernar con una izquierda renovada, centrada en la redistribución de los ingresos para impulsar el crecimiento económico. Asimismo, propuso incentivos para revitalizar las actividades esenciales del país como la agropecuaria, la industria, el turismo y los pequeños negocios, además de haber adoptado un discurso más amigable hacia los mercados.
“Es mi candidato, no solamente para mí sino también para mis hijos, que en un futuro van a tener mejores condiciones, tanto laboral, como en la salud, los salarios”, expresó la enfermera Yeny Varone, quien aprovechó su descanso en el hospital para registrar su voto.
Delgado, un veterinario de 55 años y con larga trayectoria en el Partido Nacional, trató de catapultar su cercanía con el mandatario saliente e insistió en ser la cara de la “continuidad”. Defendió una mayor apertura económica del país y, así como su rival, abogó por impulsar el crecimiento tras la desaceleración experimentada por la pandemia de COVID-19 y una histórica sequía, pero a través de reformas para lograr un Estado más “eficiente”.
A diferencia de años anteriores, la campaña estuvo marcada por una inusual apatía del electorado. Para la etapa final de la carrera ambos contendientes contaron con apoyos de peso. Tanto Mujica como Lacalle Pou ocuparon un rol protagónico a favor de sus respectivos ahijados políticos.
Mujica, de 89 años y quien se recupera de un cáncer en el esófago, alabó luego de votar la solidez del proceso electoral en Uruguay y remarcó la importancia de conservarla en las futuras generaciones.
“Uruguay es un país pequeño pero se ha ganado un reconocimiento de ser estable, de tener una ciudadanía que respeta las formalidades institucionales. No es poca cosa en nuestra pobre y golpeada América Latina”, expresó a los periodistas. “Los jóvenes sean conscientes de eso. Costó muchísimo aprender y generar eso”.
By  NAYARA BATSCHKE
AP Foto/Natacha Pisaenko
Venezolano culpableATHENS, Georgia, EE.UU. (AP) — El hombre venezolano condenado por el asesinato de una estudiante de enfermería de Georgia ha sido sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Jose Ibarra fue acusado de asesinato y otros delitos en la muerte de Laken Riley en febrero, y el veredicto fue tomado el miércoles por el juez H. Patrick Haggard del Tribunal Superior del Condado Athens-Clarke. Ibarra, de 26 años, había renunciado a su derecho a un juicio por jurado, lo que significa que Haggard escuchó y decidió el caso él solo.
Haggard encontró a Ibarra culpable de los 10 cargos en su contra: un cargo de asesinato con malicia; tres cargos de asesinato por delito grave; y un cargo cada uno de secuestro con lesiones corporales, asalto agravado con intención de violar, agresión agravada, obstrucción de una llamada de emergencia, manipulación de pruebas y ser un mirón.
La familia y amigos de Riley la recordaron entre lágrimas y pidieron al juez que sentenciara a Ibarra a la máxima pena. Su madre lo llamó un “monstruo” y su padre lo calificó de “persona verdaderamente malvada”.
Ibarra no reaccionó mientras un intérprete le transmitía sus palabras.
Antes de anunciar el veredicto, Haggard había dicho que mientras escuchaba los alegatos finales, anotó en un bloc de notas legal dos cosas que los abogados habían dicho. Señaló que la fiscal Sheila Ross calificó la evidencia de “abrumadora y poderosa” y que la abogada defensora Kaitlyn Beck le recordó que estaba “obligado a dejar de lado mis emociones” al emitir su fallo.
El asesinato de Riley avivó el debate nacional sobre la inmigración cuando las autoridades federales dijeron que Ibarra ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022 y se le permitió permanecer en el país mientras seguía su caso de inmigración. Pero no se mencionó el estatus migratorio de Ibarra durante el juicio.
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“Laken Riley misma les ha dado toda la evidencia que necesitan” para encontrar a Ibarra culpable de todos los cargos, dijo Ross al juez durante su alegato final. Añadió que la evidencia física es suficiente y está corroborada por pruebas forenses, digitales y de video para “atar este nudo muy poderoso del que este acusado no puede escapar. No hay salida para él”.
La evidencia muestra que Ibarra mató a Riley “porque ella no lo dejó violarla”.
Ross dijo que había ADN de Ibarra debajo de las uñas de Riley y que había ADN de ella y de Ibarra en una chaqueta que la policía halló en un contenedor de basura en el complejo de apartamentos de él. Un hombre visto en el video de seguridad arrojando esa chaqueta fue identificado como Ibarra por su hermano y otro compañero de cuarto, dijo ella.
Riley llevaba “ropa ajustada para correr que está diseñada para no moverse”, dijo Ross. Cuando encontraron su cuerpo, la cintura de sus mallas de correr estaba bajada y su chaqueta, camiseta y sujetador deportivo estaban subidos, evidencia de que su ropa fue desplazada por un intento de agresión sexual y no por arrastre, dijo Ross.
El video de vigilancia muestra a un hombre con ropa que parece coincidir con la que se ve en un selfie que Ibarra se tomó en su teléfono esa misma mañana, merodeando fuera del apartamento de una estudiante de posgrado. Esa estudiante le dijo a la policía que alguien intentó entrar por la puerta principal mientras ella estaba en la ducha y miró por su ventana.
Ibarra estaba “al acecho y cazando mujeres” y cuando no pudo entrar al apartamento, se dirigió a los senderos para correr en busca de una víctima, dijo Ross.
La abogada defensora Kaitlyn Beck le dijo al juez que la evidencia es circunstancial y no prueba definitivamente la culpabilidad de Ibarra.
“Debido a que la evidencia está sujeta a más de una interpretación, no es más allá de toda duda razonable”, dijo.
Beck intentó sembrar dudas sobre un método de prueba de ADN utilizado para analizar parte de la evidencia. Señaló que cuando se introdujo una huella dactilar encontrada en el teléfono de Riley en una base de datos, Ibarra no apareció y que un especialista identificó las huellas visualmente.
Ella dijo que había “dudas basadas en lo que se probó y en lo que no se probó” porque los investigadores no analizaron parte de la evidencia que habían recopilado.
A lo largo de su interrogatorio de testigos y en el alegato final de Beck, los abogados defensores intentaron crear dudas sobre la culpabilidad de Jose Ibarra sugiriendo que su hermano, Diego, no podía ser descartado como sospechoso.
El juicio comenzó el viernes, y los fiscales llamaron a más de una docena de agentes de la ley, compañeros de cuarto de Riley y una mujer que vivía en el mismo apartamento que Ibarra. Los abogados defensores llamaron a un oficial de policía, un corredor y un vecino de Ibarra el martes y cerraron su caso el miércoles por la mañana.
Ross le dijo al juez que Ibarra se encontró con Riley mientras ella corría en el campus de la Universidad de Georgia el 22 de febrero y la mató durante un forcejeo. Riley, de 22 años, era estudiante de enfermería en la Universidad de Augusta, que también tiene un campus en Athens, a unos 115 kilómetros (70 millas ) al este de Atlanta.
El abogado defensor Dustin Kirby dijo en su apertura que la muerte de Riley fue una tragedia y calificó la evidencia en el caso de gráfica y perturbadora. Pero dijo que no había suficiente evidencia para probar que su cliente mató a Riley.
Los padres de Riley, compañeros de cuarto y otros amigos y familiares llenaron la sala del tribunal durante todo el juicio.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
(Hyosub Shin/Atlanta Journal-Constitution via AP, Pool)
By  KATE BRUMBACK
OrtegaaCIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso el miércoles una reforma constitucional que lo convertiría oficialmente a él y a su esposa, la actual vicepresidenta Rosario Murillo, en “copresidentes” de la nación centroamericana.
Si bien la iniciativa debe pasar por la legislatura del país, el partido Sandinista de Ortega y Murillo controla el Congreso y todas las instituciones gubernamentales, por lo que es probable que sea aprobada.
La propuesta también busca ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años. Ortega presentó otro proyecto de ley el miércoles que haría ilegal que cualquiera aplique sanciones de Estados Unidos u otros organismos extranjeros “dentro del territorio nicaragüense”.
La oficina del secretario general de la Organización de los Estados Americanos condenó el miércoles las reformas constitucionales propuestas.
“El documento ‘reforma’ es ilegítimo en su forma y contenido, solo constituye una forma aberrante de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es un ataque definitivo al Estado democrático de derecho”, indicó en un comunicado.
Las propuestas llegan en medio de una represión en curso por parte del gobierno de Ortega desde las protestas sociales masivas de 2018 que el gobierno reprimió violentamente.
El gobierno de Nicaragua ha encarcelado a adversarios, líderes religiosos, periodistas y otros, para luego exiliarlos y despojar a cientos de personas de su ciudadanía y sus posesiones nicaragüenses. Desde 2018, ha clausurado más de 5.000 organizaciones , en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles de personas a huir del país.
Los grupos disidentes, incluida la Alianza Universitaria Nicaragüense, rápidamente se opusieron a las medidas, calificándolas de extensión de esa represión.
“Están institucionalizando el nepotismo y la represión, destruyendo el estado de derecho. La democracia enfrenta su mayor amenaza”, escribió la organización en la plataforma de redes sociales X el miércoles.
Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo del Diálogo Interamericano, dijo que las reformas propuestas por Ortega “no son más que una formalización automática de una decisión para garantizar la sucesión presidencial” de Murillo y su familia. Ortega se ha referido a Murillo anteriormente en los últimos años como su copresidente.
Si bien el rechazo a las sanciones internacionales no tendría un impacto inmediato, Orozco dijo que podría poner al país en un “alto riesgo financiero” y arriesgarse a mayores sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Orozco dijo que la reforma constitucional a la presidencia es parte de un plan a largo plazo para que la administración permanezca en el poder, y fue impulsada el miércoles como una forma de evitar provocar a la administración entrante del presidente electo estadounidense, Donald Trump .
El analista dijo que Trump puede no priorizar la represión de las libertades democráticas en lugares como Nicaragua, pero tampoco es probable que “tolere provocaciones”.
“El procedimiento, además de burlar la voluntad popular, el estado de derecho, crea la vía para darle a Ortega más tiempo para mantenerse en el poder”, dijo Orozco. Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo de cinco años en noviembre de 2021.
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(Foto AP/Alfredo Zúniga, Archivo)
Por  MEGAN JANETSKY
Acusan BolsonaroSAO PAULO (AP) — La policía federal de Brasil informó el jueves que formuló cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 36 personas por presuntamente intentar un golpe de Estado para mantenerlo en el cargo tras su derrota en las elecciones de 2022.
La policía indicó que sus hallazgos serían entregados el jueves bajo sello al Supremo Tribunal Federal, el cual los remitirá al procurador general Paulo Gonet, quien decidirá si acusa formalmente a Bolsonaro y lo somete a juicio, o si desestima la investigación.
Bolsonaro dijo al sitio web Metropoles que estaba esperando que su abogado revisara la acusación, que supuestamente tiene unas 700 páginas. Sin embargo, afirmó que lucharía contra las acusaciones y calificó la investigación como resultado de la “creatividad”.
El expresidente derechista ha refutado todas las afirmaciones de que intentó perpetuarse en el cargo después de su derrota electoral en 2022 ante su rival, el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Desde entonces, Bolsonaro ha enfrentado una serie de amenazas legales.
La policía dijo en un breve comunicado que el STF había acordado revelar los nombres de las 37 personas acusadas “para evitar la difusión de noticias incorrectas”.
También fueron acusados docenas de exasesores y asesores actuales de Bolsonaro, entre ellos el general Walter Braga Netto, quien fue su compañero de fórmula en la campaña de 2022; el excomandante del Ejército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal; y su asesor, el general Augusto Heleno.
Otras investigaciones han resultado en acusaciones por el papel que jugó Bolsonaro en el contrabando de joyas de diamantes a Brasil sin declararlas adecuadamente, y en exigirle a un subordinado que falsificara su estado de vacunación contra el COVID-19 y el de otros. Bolsonaro ha negado cualquier participación en ambos casos.
Otra investigación encontró que había abusado de su autoridad para poner en duda el sistema de votación del país, y los jueces le prohibieron postularse nuevamente hasta 2030.
Sin embargo, ha insistido en que se postulará en 2026, y muchos de sus allegados se sintieron alentados por la reciente victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, a pesar de las amenazas legales que enfrenta el exmandatario brasileño.
Pero las extensas investigaciones ya han debilitado el estatus de Bolsonaro como dirigente de la derecha brasileña, dijo Carlos Melo, profesor de ciencias políticas en la Universidad Insper en Sao Paulo.
“Bolsonaro ya está inhabilitado para postularse en las elecciones de 2026”, le dijo Melo a The Associated Press. “Y si es condenado también podría estar en prisión para entonces. Para evitar una condena, tendrá que convencer a los jueces del tribunal de que no tiene nada que ver con un complot que involucra a docenas de sus asesores. Eso es pedir mucho”, dijo Melo.
Un acta acusatoria sobre la supuesta intentona golpista significa que la investigación ha recopilado indicios de “un delito y su autor”, dijo Eloísa Machado de Almeida, catedrática de derecho en la Fundación Getulio Vargas, una universidad en Sao Paulo. Machado afirma que, a su criterio, existen suficientes fundamentos legales para que el procurador general presente cargos.
Los aliados de Bolsonaro en el Congreso han estado negociando una iniciativa de ley para indultar a las personas que tomaron por asalto la capital brasileña y se amotinaron el 8 de enero de 2023 en un intento fallido de mantener al expresidente en el poder. Los analistas han especulado que los legisladores quieren ampliar el alcance de la legislación para que Bolsonaro también pueda ser indultado.
Sin embargo, los esfuerzos por impulsar un proyecto de ley de amnistía de gran alcance pueden representar un “desafío político” en el contexto de los recientes ataques al poder judicial y los detalles que surjan en las investigaciones, dijo Machado.
El martes, la policía federal arrestó a cuatro militares y a un oficial de la policía federal acusados de conspirar para derrocar al gobierno tras las elecciones de 2022, incluyendo supuestos planes para asesinar a Lula y al juez del STF Alexandre de Moraes.
Y la semana pasada, un hombre llevó a cabo un ataque con bomba en la capital, Brasilia. Intentó ingresar al STF y lanzó explosivos en las inmediaciones del edificio, lo cual le ocasionó la muerte.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
(AP foto/Andre Penner)
By  GABRIELA SÁ PESSOA and MAURICIO SAVARESE
44.000 muertosDEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — El número de muertos en la Franja de Gaza debido a los 13 meses de guerra entre Israel y Hamás ha superado los 44.000, informaron el jueves funcionarios locales de salud.
El Ministerio de Salud de Gaza no distingue entre civiles y combatientes en su conteo, pero ha indicado que más de la mitad de los fallecidos son mujeres y niños. El Ejército israelí afirma haber matado a más de 17.000 milicianos, sin proporcionar pruebas.
El Ministerio de Salud dijo que 44.056 personas han muerto y 104.268 han resultado heridas desde el inicio de la guerra. Ha señalado que el número real es mayor porque miles de cuerpos siguen enterrados bajo escombros o en áreas a las que los médicos no pueden acceder.
La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 250. Alrededor de 100 rehenes aún están dentro de Gaza, de los cuales se cree que al menos un tercio ha muerto. La mayoría de los demás fueron liberados durante un alto al fuego el año pasado.
La ofensiva israelí ha causado una gran destrucción en amplias áreas del territorio costero, llevando a muchos a preguntarse cuándo o cómo se reconstruirá. Alrededor del 90% de la población de 2,3 millones de personas ha sido desplazada, a menudo varias veces, y cientos de miles viven en campamentos de tiendas insalubres con poca comida, agua o servicios básicos.
Israel dice que intenta evitar dañar a los civiles y culpa de sus muertes a Hamás porque los milicianos operan en áreas residenciales, donde han construido túneles, lanzacohetes y otra infraestructura militar.
Funcionarios palestinos y grupos de derechos humanos acusan a las fuerzas israelíes de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y el tribunal superior de las Naciones Unidas está considerando alegaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica. El gobierno israelí niega rotundamente las acusaciones y acusa a los críticos de tener prejuicios en su contra.
En las últimas semanas, la cantidad de ayuda humanitaria que entra en Gaza ha disminuido drásticamente, lo que llevó a Estados Unidos a amenazar con reducir su apoyo militar a Israel antes de retractarse, citando un progreso limitado. Los expertos han advertido que el norte de Gaza, aislado y devastado por la guerra, ya podría estar experimentando una hambruna.
Estados Unidos, Egipto y Qatar pasaron meses intentando negociar un acuerdo de alto al fuego en el que Hamás liberaría a los rehenes restantes a cambio de poner fin a la guerra. Esas conversaciones se paralizaron durante el verano, mientras Israel y Hamás se acusaban mutuamente de hacer demandas inaceptables.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido poner fin a las guerras en Medio Oriente sin decir cómo. Su administración anterior brindó un apoyo sin precedentes a Israel y a las políticas de línea dura del primer ministro Benjamin Netanyahu hacia los palestinos.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
(AP Foto/Abdel Kareem Hana)
By  WAFAA SHURAFA and FATMA KHALED

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