CARACAS, Venezuela (AP) — Venezuela detuvo a cinco extranjeros más, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, por su presunta conexión con un complot para desestabilizar al país, anunció el jueves el ministro del Interior, lo que marca la última ronda de arrestos por lo que las autoridades han caracterizado como actividades antigubernamentales tras las disputadas elecciones presidenciales de julio.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, no aportó pruebas que respalden las acusaciones de que los detenidos estaban vinculados a actividades terroristas. Como en anuncios similares anteriores, también afirmó, sin mostrar evidencia alguna, que agencias de inteligencia estadounidenses planificaron las actividades.
Cabello no dijo cuándo fueron detenidas las cinco personas. Dijo que un ciudadano peruano y otro boliviano fueron detenidos junto con los tres estadounidenses. Dijo que todos “hablan español perfectamente” y viajaron al país diciendo que estaban “enamorados de Venezuela” y que planeaban “ver a su pareja”.
El mes pasado, Cabello anunció la detención de tres estadounidenses, dos españoles y un ciudadano checo a quienes acusó de viajar a Venezuela para asesinar al presidente Nicolás Maduro . Cabello dijo que los ciudadanos extranjeros eran parte de un complot liderado por la CIA para derrocar al gobierno venezolano y matar a varios miembros de su liderazgo.
El anuncio de mediados de septiembre se produjo dos días después de que Estados Unidos impusiera sanciones a 16 aliados de Maduro a quienes el gobierno de Biden acusó de obstruir la votación durante las elecciones presidenciales del 28 de julio y de cometer abusos contra los derechos humanos.
Las autoridades electorales, fieles al partido gobernante, declararon a Maduro vencedor horas después del cierre de las urnas, pero no publicaron un desglose de los resultados como lo habían hecho en elecciones presidenciales anteriores. Afirmaron que no podían divulgar la información detallada porque su sitio web había sido hackeado.
Sin embargo, la principal coalición opositora obtuvo actas de más del 80% de las máquinas de votación y las publicó en línea. La coalición dijo que los registros mostraban que su candidato, Edmundo González, derrotó a Maduro por un margen de 2 a 1.
El gobierno de Maduro ha utilizado anteriormente a ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela para obtener concesiones del gobierno de Estados Unidos. En un acuerdo alcanzado el año pasado con el gobierno de Biden, Maduro liberó a 10 estadounidenses y a un fugitivo buscado por el gobierno de Estados Unidos para asegurar un indulto presidencial para Alex Saab, un aliado cercano de Maduro que estaba detenido en Florida por cargos de lavado de dinero.
Según los fiscales estadounidenses, Saab también habría ayudado a Maduro a evitar sanciones del Tesoro de Estados Unidos a través de una compleja red de empresas fantasma.
"La seguridad de los ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo es nuestra primera prioridad, y vamos a recopilar más información sobre esto en las próximas horas", dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, refiriéndose al anuncio del jueves de Cabello.
LA PAZ, Bolivia (AP) — La región cocalera del Chapare y una carretera secundaria en el centro de Bolivia estaban tomadas el lunes por manifestantes tras el llamado a un bloqueo nacional de vías por parte de seguidores del expresidente Evo Morales para evitar que sea detenido después de negarse a comparecer ante la fiscalía que lo investiga por supuesto estupro, trata y tráfico de menores.
La policía dispersó a manifestantes que pretendían cortar una ruta vital entre el occidente y el oriente del país. Las organizaciones sociales que respaldan a Morales convocaron a los bloqueos “para resguardar la libertad, integridad y el secuestro de nuestro hermano Evo Morales”, según la resolución adoptada el fin de semana en un encuentro que presidió el propio líder cocalero.
“Es una medida desesperada para evitar que la justicia cumpla su trabajo”, dijo el ministro de Justicia, César Siles.
El político que gobernó Bolivia por 14 años (2006-2019) acusa a su heredero y sucesor, el presidente Luis Arce, de “armar” el caso para invalidar su postulación a los comicios presidenciales de 2025 por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
“A través de sentencias buscan arrebatarnos la sigla” del partido y pretenden “inhabilitarme con procesos judiciales”, dijo Morales en X, antes Twitter, el lunes. Sus seguidores instalaron vigilias en el Chapare para evitar su aprehensión.
La acusación se enmarca en una guerra política entre Arce y Morales por el control del aparato partidario de cara a los comicios que tendrán lugar en 10 meses. El MAS ha quedado dividido y con su hegemonía política debilitada.
Morales aduce falta de garantías para presentarse a declarar y la fiscal que lo investiga Sandra Gutiérrez dijo que corresponde emitir una orden de detención, aunque según el ministro Siles hasta ahora no ha sido emitida.
El padre de la entonces menor con la que Morales habría sostenido una relación en 2016 está detenido y la policía busca a la madre.
Arce ha convocado a Morales para la tarde del lunes a dialogar sobre sus peticiones, dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Hasta ahora no ha prosperado ningún acercamiento. El diputado Renán Cabezas, afín a Morales, dijo que puede ser una “trampa” y descartó que Morales acuda a la cita.
Opositores y analistas alegan que el gobierno usa el caso para desviar el foco de los problemas económicos del país como el aumento en el costo de vida, el desabastecimiento de diésel y la escasez de dólares que encarecen las importaciones.
“Morales apunta a Arce como su enemigo político; Arce cree que su enemigo es Morales, pero el enemigo de Arce es la economía”, comentó el ex vocero presidencial del mandatario, Jorge Richter.
Mientras el caso acapara la atención mediática, el lunes se iniciaba un juicio oral en contra de los líderes de la protesta de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, entre ellos la presidenta interina Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos en prisión.
Áñez ya fue condenada a 10 años en otro caso similar mientras Camacho lleva casi dos años en prisión sin sentencia.
Las protestas que dejaron 37 muertos estallaron en 2019 tras unas elecciones denunciadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las que Morales buscaba un tercer mandato. Áñez, Camacho y otros demandados deben responder por cargos de terrorismo, sedición y conspiración y han denunciado faltas al debido proceso y violación de sus derechos.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las conversaciones telefónicas se han convertido en sentencias de muerte en la continua y sangrienta guerra entre facciones dentro del cártel de la droga de Sinaloa en México.
Los sicarios de los cárteles detienen a los jóvenes en la calle o en sus autos y les exigen sus teléfonos. Si encuentran un contacto que sea miembro de una facción rival, un chat con una palabra incorrecta o una foto con la persona equivocada, el dueño del teléfono está muerto.
Luego, atacan a todos los que están en la lista de contactos de esa persona, lo que forma una cadena potencial de secuestro, tortura y muerte. Eso ha dejado a los residentes de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, con miedo incluso de salir de casa por la noche, mucho menos de visitar pueblos a unos cuantos kilómetros de distancia donde muchos tienen retiros de fin de semana.
“No puedes salir ni cinco minutos de la ciudad, ni siquiera de día”, dijo Ismael Bojórquez, un veterano periodista de Culiacán. “¿Por qué? Porque los narcos han instalado retenes y te detienen y revisan tu teléfono celular”.
Y no se trata sólo de tus propios chats: si una persona viaja en un coche con otras personas, un mal contacto o chat puede hacer que todo el grupo sea secuestrado.
Eso es lo que le pasó al hijo de un fotógrafo de prensa local. El joven de 20 años fue detenido junto con otros dos jóvenes y se encontró algo en uno de sus teléfonos; los tres desaparecieron. Se hicieron llamadas y finalmente liberaron al hijo del fotógrafo, pero nunca más se volvió a saber de los otros dos.
Los habitantes de Culiacán estaban acostumbrados desde hacía tiempo a uno o dos días de violencia de vez en cuando. La presencia del cártel de Sinaloa es parte de la vida cotidiana del lugar y la gente sabía que debía quedarse en casa cuando veía los convoyes de camionetas de doble cabina que pasaban a toda velocidad por las calles.
Pero nunca han visto el sólido mes de combates que estalló el 9 de septiembre entre facciones del cártel de Sinaloa después de que los capos de la droga Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López fueron detenidos en Estados Unidos tras volar allí en una avioneta el 25 de julio.
Zambada afirmó más tarde que Guzmán López lo secuestró y lo obligó a subir al avión, lo que provocó una violenta batalla entre la facción de Zambada y el grupo “Chapitos”, liderado por los hijos del capo de la droga encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los residentes de Culiacán lamentan sus antiguas vidas, cuando las ruedas de la economía local estaban engrasadas por la riqueza de los cárteles pero los civiles rara vez sufrían, a menos que le cortaran el paso a la camioneta equivocada en el tráfico.
Juan Carlos Ayala, académico que estudia la antropología del narcotráfico en la Universidad Autónoma de Sinaloa, dijo que tras las detenciones de Guzmán López y Zambada en julio, una nueva generación de capos de la droga más jóvenes, más llamativos y cosmopolitas ha tomado el poder.
Luchan con extrema violencia, secuestros y rastreo de teléfonos celulares, no el viejo tipo de acuerdos de apretón de manos que sus mayores usaban junto con tiroteos para resolver los asuntos.
“Hay una nueva generación de líderes del narcotráfico y del crimen organizado que tienen otras estrategias”, dijo Ayala. “Ven que la táctica de los tiroteos no les ha funcionado, así que recurren al secuestro”.
“Atrapan a una persona y tiene mensajes del grupo rival”, dijo Ayala. “Entonces van tras él para sacarle más información y eso inicia una cadena de cacería para atrapar al enemigo”.
Las nuevas tácticas se reflejan en la enorme ola de robos de vehículos a mano armada en Culiacán y sus alrededores. Los sicarios del cártel solían robar las camionetas y camionetas que prefieren para usar en los convoyes del cártel, pero ahora se concentran en robar sedanes más pequeños.
Los usan para pasar desapercibidos en sus secuestros silenciosos y mortales.
A menudo, lo primero que un conductor se da cuenta es cuando un coche que pasa lanza una lluvia de clavos doblados que pinchan sus neumáticos. Los vehículos se acercan por delante y por detrás para cortarle el paso. El conductor es empujado hacia otro coche. Lo único que los vecinos encuentran es un coche con los neumáticos reventados, las puertas abiertas y el motor en marcha, en medio de la calle.
El Consejo Estatal de Seguridad Pública, un grupo cívico, estima que en el último mes se han producido un promedio de seis asesinatos y siete desapariciones o secuestros en la ciudad y sus alrededores cada día. El grupo dijo que unas 200 familias han huido de sus hogares en comunidades periféricas debido a la violencia.
Culiacán no es ajena a la violencia: en octubre de 2019, se desató un tiroteo en toda la ciudad cuando los soldados intentaron, sin éxito, arrestar a otro de los hijos de El Chapo Guzmán, Ovidio. Ese día, murieron catorce personas.
Unos días después, la activista cívica Estefanía López organizó una marcha por la paz a la que acudieron 4.000 vecinos. Cuando intentó hacer algo similar este año, sólo logró que asistieran unas 1.500 personas.
“Recibimos muchos mensajes de antemano de mucha gente que decía que quería unirse y marchar, para apoyar la causa, pero que tenían miedo de venir”, dijo López.
Hay motivos para tener miedo: la semana pasada, unos hombres armados irrumpieron en un hospital de Culiacán para matar a un paciente que había sido herido previamente por disparos. En un pueblo al norte de Culiacán, los conductores se quedaron atónitos al ver un helicóptero militar que intentaba acorralar a cuatro hombres armados con cascos y chalecos tácticos a pocos metros de una carretera; los pistoleros respondieron a los disparos del helicóptero.
La respuesta del gobierno a todo esto ha sido culpar a Estados Unidos de crear problemas al permitir que los capos de la droga se entregaran y enviar cientos de tropas del ejército.
Pero el combate urbano irregular en el corazón de una ciudad de un millón de habitantes —contra un cártel que tiene muchos rifles de francotirador calibre .50 y ametralladoras— no es la especialidad del ejército.
Escuadrones de soldados entraron en un complejo de apartamentos de lujo en el centro de la ciudad para detener a un sospechoso y terminaron matando a tiros a un joven abogado que era un simple espectador.
López, el activista por la paz, ha estado pidiendo que se coloquen soldados y policías afuera de las escuelas, para que los niños puedan regresar a clases; la mayoría actualmente toma clases en línea porque sus padres juzgan que es demasiado peligroso llevarlos a la escuela.
Pero la policía no puede resolver el problema: toda la fuerza municipal de Culiacán ha sido desarmada temporalmente por los soldados para revisar sus armas, algo que se ha hecho en el pasado cuando el ejército sospecha que los policías trabajan para los cárteles de la droga.
El comandante del ejército local reconoció recientemente que depende de las facciones del cártel, no de las autoridades, cuándo cesará la violencia.
“En Culiacán ya ni siquiera hay fe en que estaremos seguros, con policías o militares”, dijo López, señalando que eso ha tenido un efecto claro en la vida cotidiana y la economía. “Muchos negocios, restaurantes y centros nocturnos han estado cerrados durante el último mes”.
Laura Guzmán, líder de la cámara local de restaurantes, dijo que alrededor de 180 negocios en Culiacán han cerrado, de forma permanente o temporal, desde el 9 de septiembre y se han perdido casi 2 mil empleos.
Los comercios locales intentaron organizar “tardeadas” nocturnas para los residentes que tenían miedo de salir después del anochecer, pero no atrajeron suficientes clientes.
“Los jóvenes no están interesados en salir en este momento”, dijo Guzmán.
Para quienes buscan alejarse temporalmente de la violencia, el balneario de Mazatlán solía estar a sólo dos horas y media en coche. Pero esa no es una opción desde el mes pasado, cuando pistoleros del cártel secuestraron autobuses de pasajeros, obligaron a los turistas a bajarse y quemaron los vehículos para bloquear el camino a Mazatlán.
Esto deja sólo una opción, y está abierta sólo para algunos.
“Quienes tienen los recursos económicos salen de la ciudad en avión a tomar un descanso”, dijo Guzmán.
RÍO DE JANEIRO (AP) — La Policía Federal de Brasil solicitó la extradición de decenas de personas que huyeron del país tras ser acusadas de irrumpir en un edificio del gobierno en un presunto intento de restaurar en el poder al expresidente Jair Bolsonaro, dijeron el miércoles a The Associated Press dos fuentes familiarizadas con la petición de la policía.
La policía envió su solicitud al juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que la remitió al Ministerio de Justicia, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas para hablar del tema públicamente. Una de ellas dijo que la solicitud está dirigida a 63 personas, la mayoría de las cuales presuntamente están en la vecina Argentina.
De Moraes supervisa la extensa investigación en torno al asalto del 8 de enero de 2023 en la capital, Brasilia, y le ha prohibido salir del país a los sospechosos y a los que han sido hallados culpable.
Bolsonaro —que también está siendo investigado— y sus aliados niegan haber cometido algún delito y afirman ser víctimas de una persecución política, similar a la manera en que el expresidente estadounidense Donald Trump califica sus problemas legales. Bolsonaro sembró dudas en varias ocasiones sobre el sistema de conteo de votos de Brasil, nunca admitió su derrota en las elecciones presidenciales de octubre de 2022 y se negó a asistir a la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En junio, la Policía Federal realizó un operativo para capturar a personas que participaron en los disturbios y que estaban prófugas. Más de 200 personas deliberadamente se negaron a acatar medidas judiciales precautelares o huyeron a otros países, dijo la policía en un comunicado.
Hasta el momento, decenas de prófugos han sido capturados en el Distrito Federal y en los estados de Espírito Santo, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goias, Minas Gerais, Bahía y Paraná. Están acusados de diversos delitos como intento de golpe, incitación a un crimen y destrucción de propiedad pública, dijo la policía.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina que confirme si 143 “prófugos de la justicia brasileña están localizados en territorio argentino”, dijeron las autoridades brasileñas el 11 de junio. La carta fue enviada por vía de la embajada argentina en Buenos Aires.
El máximo tribunal brasileño también había ordenado a los procesados a que entreguen sus pasaportes, pero han surgido reportes de prensa según los cuales los sospechosos han huido a países vecinos. Por lo menos nueve de ellos rompieron sus tobilleras de rastreo y huyeron a Argentina o Uruguay por los estados de Santa Catarina y Río Grande do Sul, reportó en mayo el sitio noticioso UOL.
QANA, Líbano (AP) — Ataques aéreos israelíes golpearon diferentes partes de Líbano y mataron al menos a 21 personas, según dijeron las autoridades el miércoles, incluidos 15 en una localidad sureña donde bombardeos israelíes en conflictos previos se han grabado en la memoria local.
Los otros seis murieron en una serie de ataques en la ciudad sureña de Nabatiyeh, donde una andanada israelí previa destruyó un mercado centenario. Entre los fallecidos estaba el alcalde de la ciudad.
El primer ministro en funciones de Líbano, Najib Mikati, acusó a Israel de “atacar de forma deliberada” una reunión del consejo municipal sobre las labores de ayuda. Acusó a la comunidad internacional de guardar “silencio de forma deliberada” sobre los ataques israelíes que han matado a civiles y los ataques a fuerzas de paz de Naciones Unidas.
“¿Qué solución puede esperarse a la luz de esta realidad?”, dijo en un comunicado.
Israel dijo haber atacado centros de mando y lugares con armas de Hezbollah infiltrados en zonas civiles en los ataques del miércoles en Nabatiyeh, sin presentar pruebas.
Israel también reanudó sus bombardeos sobre suburbios sureños de Beirut tras una pausa de seis días y dijo haber golpeado un almacén de armas situado bajo un edificio residencial, sin proporcionar pruebas. El Ejército advirtió a los vecinos que evacuaran antes del ataque, y no había reportes de víctimas.
El Ejército no hizo comentarios en un primer momento sobre los ataques en Qana el martes por la noche.
Fotos y videos de The Associated Press en el lugar mostraban varios edificios destruidos y otros con los pisos superiores demolidos. Trabajadores de rescate se llevaban los restos de los muertos y utilizaban una excavadora para retirar escombros mientras buscaban más víctimas.
En 1996, fuego de artillería israelí contra un complejo de Naciones Unidas que acogía a cientos de personas desplazadas en Qana mató al menos a 100 civiles e hirió a decenas más, incluidos cuatro cascos azules de la ONU. Durante la guerra de 2006, un ataque israelí contra un edificio residencial mató a casi tres docenas de personas, un tercio de ellos niños. Israel dijo entonces que había alcanzado un lanzacohetes de Hezbollah detrás del edificio.
Israel reanuda los ataques en Beirut tras una pausa de 6 días
Los bombardeos en el sur de Beirut eran los primeros en seis días y se producían después de que Mikati, dijera que el gobierno de Estados Unidos le había asegurado que Israel reduciría sus ataques en la capital libanesa. En un primer momento no había reportes de víctimas.
Hezbollah tiene una fuerte presencia en el sur de Beirut, una zona conocida como Dahiyeh, que también es una bulliciosa zona comercial y residencial en la que viven muchos civiles y personas no afiliadas al grupo político y militar.
Antes del bombardeo, el Ejército israelí publicó un aviso de evacuación en la red social X en el que dijo que atacaría un edificio en el vecindario de Haret Hreik. Un fotógrafo de Associated Press que presenció los impactos dijo que se habían producido tres en la zona, el primero de ellos menos de una hora después del aviso.
En Nabatiyeh, más de una docena de proyectiles remecieron la ciudad y sus alrededores, según el Ministerio libanés de Salud, que informó de al menos seis muertos. Entre ellos estaba el alcalde de la ciudad, Ahmad Kahil, según dijo a The Associated Press el gobernador provincial, Huwaida Turk.
Hezbollah comenzó a lanzar cohetes a Israel el 8 de octubre en solidaridad con el grupo armado palestino Hamás después del ataque sorpresa de Hamás en el sur de Israel que desencadenó la guerra en Gaza. Un año de combates de bajo nivel escaló el mes pasado a una guerra abierta que ha desplazado a 1,2 millones de personas en Líbano.
El fuego israelí ha matado a unas 2.300 personas en Líbano desde el pasado octubre, más de tres cuartos de ellos en el último mes, según el Ministerio libanés de Salud.
Los ataques de cohete de Hezbollah, que han incrementado su distancia e intensidad en el último mes, han expulsado a unos 60.000 israelíes de sus hogares en el norte. Los ataques han matado a casi 60 personas en Israel, en torno a la mitad de ellos soldados.
Hezbollah ha dicho que seguirá atacando hasta que haya un cese el fuego en Gaza, pero esa posibilidad parece cada vez más remota, después de que las negociaciones mediadas durante meses por Estados Unidos, Egipto y Qatar se paralizaran el mes pasado.
Israel invadió Líbano este mes tras ataques aéreos que mataron al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y a la mayoría de sus comandantes destacados, y ha realizado operaciones por tierra junto a la frontera. Ha prometido continuar su ofensiva hasta que sus ciudadanos puedan regresar de forma segura a las poblaciones cerca de la frontera.
Palestinos dicen haber recuperado los cuerpos de 350 muertos en operación israelí en Gaza
Israel sigue en guerra en Gaza más de un año después del ataque de Hamás, en el que los milicianos mataron a unas 1.200 personas en su mayoría civiles, y secuestraron a otros 250. Unos 100 cautivos siguen en Gaza, de los que se cree que un tercio ha muerto.
Israel emprendió una gran operación hace más de una semana en Jabaliya, un campamento de refugiados urbano en el norte de Gaza que se remonta a la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel. Las fuerzas israelíes han regresado varias veces a Jabaliya y otras zonas después de decir que los milicianos de Hamás se habían reagrupado.
Los hospitales han recibido unos 350 cuerpos desde el comienzo de la ofensiva el 6 de octubre, dijo el doctor Mounir al-Boursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza.
Más de la mitad de los muertos eran mujeres y niños, indicó a The Associated Press, y muchos cuerpos siguen en las calles y bajo los escombros porque los ataques israelíes impiden a los rescatistas llegar hasta ellos. “Han desaparecido familias enteras”, dijo.
La ofensiva israelí ha matado a más de 42.000 personas, según el Ministerio de Salud, que no distingue entre civiles y combatientes pero señala que más de la mitad eran mujeres y niños. La campaña militar ha dejado en ruinas gran parte del territorio y desplazado en torno al 90% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza, lo que ha forzado a cientos de miles de personas a instalarse en abarrotados campamentos o escuelas convertidas en refugios.
Chehayeb informó desde Beirut y Magdy desde El Cairo. El periodista de Associated Press Ahmad Mantash en Sidon, Líbano, contribuyó a este despacho.
KAREEM CHEHAYEB
Chehayeb is an Associated Press reporter in Beirut.
By KAREEM CHEHAYEB, SAMY MAGDY and MOHAMMAD ZAATARI
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
CARACAS, Venezuela (AP) — Venezuela detuvo a cinco extranjeros más, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, por su presunta conexión con un complot para desestabilizar al país, anunció el jueves el ministro del Interior, lo que marca la última ronda de arrestos por lo que las autoridades han caracterizado como actividades antigubernamentales tras las disputadas elecciones presidenciales de julio.
