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La Cámara de Casación, máximo tribunal penal de Argentina, dejó sin efecto los sobreseimientos que habían dictaminado los tribunales orales encargados de juzgar a la vicepresidenta en 2021.
Esta resolución no será de efecto inmediato, ya que Fernández de Kirchner —presidenta entre 2007 y 2015— puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Si el máximo tribunal confirma los fallos, la dirigente peronista deberá ser juzgada.
El primer caso se vincula a la renta de hoteles y propiedades de los Kirchner a empresarios ligados al negocio de la obra pública. Según la investigación de un juez de primera instancia, este era el mecanismo que utilizaba la familia Kirchner para lavar el dinero de sobornos obtenidos por la licitación de obras públicas.
En el otro caso, Fernández de Kirchner había sido procesada por el delito de encubrimiento de ciudadanos de origen iraní a los que la justicia argentina acusa de perpetrar el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
La acusación apuntaba al Memorando de Entendimiento firmado en 2012 entre Argentina e Irán, el cual la entonces presidenta presentó como vía para destrabar la causa judicial por el atentado, ya que entre otros puntos permitía interrogar a los sospechosos en el exterior. El pacto contó con el respaldo del Congreso argentino, mientras Teherán, que siempre negó su vinculación con el ataque, no otorgó aprobación parlamentaria.
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Cada paso que dan es un recordatorio: aquí el control no está en manos de la ley, sino de aquellos cuyos nombres se susurran en la ciudad. Los Shottas y Los Espartanos.
Las dos bandas son las últimas en asediar Buenaventura, el puerto de mayor actividad de Colombia y la joya de la corona de las rutas del narcotráfico, el punto desde el que sale la droga hacia el resto del mundo.
Ahora, están entre el creciente número de grupos armados que esperan para negociar acuerdo de paz con el nuevo gobierno de Colombia.
Pero a medida que su gobierno avanza para cumplir esa audaz promesa, Buenaventura se ha convertido en un ejemplo de la maraña que el mandatario debe desenredar.
Petro busca cambiar la forma en la que el país aborda la violencia endémica, reemplazando las operaciones militares por programas sociales que aborden las raíces del conflicto, incluyendo la pobreza en zonas asoladas por la violencia como Buenaventura. También está negociando con los grupos armados más poderosos — desde las guerrillas izquierdistas a pequeñas mafias de traficantes — en un esfuerzo por lograr su desmovilización simultánea.
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Mientras un equipo de abogados presentaba las objeciones de Moscú al caso, el líder del equipo legal de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, Gennady Kuzmin, dijo al panel de 16 jueces que el caso de Ucrania que busca frenar la invasión “es irreparablemente defectuoso y contrario a la antigua jurisprudencia de este tribunal”.
El caso de Ucrania, aseveró, es “una flagrante falta de respeto a la administración apropiada de justicia y constituye un abuso del proceso”.
El caso de Ucrania argumenta que la invasión se basó en denuncias falsas de genocidio en las regiones ucranianas de Luhansk y Donetsk, y que Moscú planeaba actos genocidas en Ucrania.
Ucrania asevera que “Rusia ha trastocado el significado de la Convención contra el Genocidio, usando un reclamo falso de genocidio para justificar acciones que constituyen graves violaciones de los derechos humanos de millones de habitantes de toda Ucrania”.
Los abogados de Rusia insisten en que el tribunal no tiene jurisdicción y que la convención contra el genocidio no puede ser usada para regular el uso de la fuerza por parte de una nación. El equipo legal de Ucrania responderá el martes pidiéndole a los jueces que sigan adelante con audiencias para escuchar la sustancia de los argumentos.
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Entre las personas despedidas estaban los viceministros Hanna Maliar, Vitalii Deyneha y Denys Sharapov, así como el secretario de Estado del Ministerio de Defensa Kostiantyn Vashchenko, según la cuenta de Telegram de Taras Melnychuk, representante permanente del gabinete de ministros.
Melnychuk no dio explicación sobre los despidos, aunque el gobierno está investigando acusaciones de corrupción en el ejército asociadas a la compra de equipamiento. Rustem Umerov, un legislador miembro de la comunidad tártara de Crimea y que asumió el cargo de ministro de Defensa, no hizo declaraciones en un primer momento.
Reznikov abandonó el puesto este mes tras un escándalo que implicaba la adquisición de chaquetas militares por parte del Ministerio a tres veces su coste. Reznikov negó las acusaciones, pero renunció al cargo.
Los cambios en el departamento llegaron al día siguiente de que el ejército ucraniano dijera haber arrebatado a tropas rusas el pueblo de Klishchiivka tras meses de fuertes combates. La lucha continuaba el lunes mientras las tropas trataban de retener el poblado al sur de la ciudad de Bájmut, controlada por Rusia, en la región oriental de Donetsk.

Andrés Ramírez Silva, director de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) dijo el jueves en una entrevista con The Associated Press que las solicitudes de este año podrían llegar a las 150.000, muy por encima del récord de 129.000 de 2021.
“Efectivamente tenemos un ritmo muy superior”, indicó. “Claramente, de acuerdo a cómo está la tendencia y los niveles y promedios mensuales que están llegando, nosotros sí creemos que vamos a romper la marca y que vamos andar alrededor de 150.000 solicitantes”.
La demanda ha sido tan grande que la COMAR ha pedido apoyo de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de sus operaciones en el sur de México tras varios conatos de violencia.
El jueves, agentes de la Guardia con equipo antimotines se apostaron en una de las oficinas de Tapachula, la ciudad cerca de la frontera con Guatemala que concentra la mitad de las peticiones de refugio de todo el país.
En las ultimas semanas, estas instalaciones están atendiendo diariamente a unas 2.000 personas y el miércoles hubo una irrupción violenta de extranjeros que obligaron a paralizar temporalmente el servicio.