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Los jueces habían estado evaluando una demanda presentada por el estado de Santa Catarina, respaldada por agricultores, que buscaba impedir que un grupo indígena ampliara el tamaño de su reclamo territorial. Casi todos los jueces del tribunal superior votaron a favor del grupo indígena, lo que tiene implicaciones de gran alcance para los territorios de todo el país.
Decenas de indígenas con tradicionales tocados de plumas amarillas y pintura corporal bailaron, cantaron y saltaron frente a una multitud de cámaras con flashes en la capital de Brasilia después de que se emitiera la votación decisiva. Algunos se secaron las lágrimas de alegría.
"Estoy temblando. Nos llevó un tiempo, pero lo logramos. Es un sentimiento muy hermoso y fuerte. Nuestros antepasados están presentes, de eso no hay duda”, dijo Jéssica Nghe Mum Priprá, del grupo indígena Xokleng-Laklano.
En el caso ante el tribunal, el estado de Santa Catarina argumentó una teoría legal impulsada por quienes se oponen a nuevas asignaciones de tierras para los grupos indígenas. Dijo que la fecha en que se promulgó la Constitución de Brasil (5 de octubre de 1988) debería ser la fecha límite para que los pueblos indígenas ya hayan ocupado físicamente tierras o estén luchando legalmente para volver a ocupar territorios. También afirmaron que proporcionaría seguridad jurídica a los propietarios de tierras.
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La misión investigadora internacional autorizada oír el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo que el gobierno ha cambiado de táctica desde la pandemia de COVID-19, cuando terminaron las protestas masivas de la oposición y los posteriores arrestos y tortura de manifestantes.
Ahora, dice el informe, las autoridades reprimen a miembros de la sociedad civil, políticos, dirigentes sindicales, periodistas, defensores de los derechos humanos y otros opositores reales o percibidos. Estos han sido sometidos a arresto, vigilancia, amenazas, campañas de difamación y procesos criminales arbitrarios bajo cargos de discurso de odio o terrorismo.
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el gobierno acalla y atemoriza a cualquiera que piense en participar en alguna actividad que se considere de crítica al gobierno”, dijo Patricia Tappatá Valdez, miembro de la misión, a la prensa el miércoles.
El gobierno no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones de la Associated Press. Tampoco respondió directamente a la misión, a la que no ha dado permiso para entrar al país.
La misión no tiene autoridad judicial, pero las pruebas que ha reunido pueden ser utilizadas por la Corte Penal Internacional o por cualquier país que aplique la “jurisdicción universal”, como la Argentina, para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad. La misión ha denunciado anteriormente los “crímenes de lesa humanidad” en la Venezuela de Maduro.

A medida que el conflicto se vuelve más complejo, con grupos armados cambiantes que se disputan el control del territorio, Gustavo Petro, un exrebelde convertido en presidente, se ha comprometido a consolidar una “paz total” y a poner fin a uno de los conflictos armados más prolongados del mundo.
Petro busca cambiar la forma en la que Colombia enfoca la violencia endémica, reemplazando las operaciones militares por programas sociales que aborden las raíces del conflicto, incluyendo la pobreza en zonas asoladas por la violencia como Buenaventura, una ciudad costera con 450.000 habitantes y el puerto con más actividad del país.
También está negociando con los grupos armados más poderosos — desde las guerrillas izquierdistas a pequeñas mafias de traficantes — en un esfuerzo por lograr su desmovilización simultánea. Más de 31.000 combatientes de milicias armadas se han presentado para empezar conversaciones de paz, según las estimaciones del gobierno. Ningún grupo ha firmado aún un acuerdo de paz completo, aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Bogotá acordaron reciente una tregua de seis meses.
Como parte del plan de “paz total” se pondrán en marcha programas para frenar el reclutamiento en ciudades con altas tasas de violencia y pobreza, incluyendo Buenaventura, dijo la asesora gubernamental Carolina Hoyos a la AP, describiendo la iniciativa como fundamental para el panorama general.
Jóvenes en Paz entregará un estipendio mensual de 1 millón de pesos (unos 250 dólares) a 100.000 colombianos de entre 14 y 28 años “vinculados o en riesgo de vincularse” a grupos criminales, apuntó Hoyos. A cambio, se les exigirá que estudien y realicen algún tipo de trabajo social.
La oleada de migrantes que suspendió trenes en México comienza en la industria migratoria del Darién
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Pero han revelado también un fenómeno mucho más grande: una cadena casi ininterrumpida de migrantes que van desde Colombia a través de la selva del Darién hasta Panamá a una escala industrial que podría rondar las 500.000 personas este año.
Esos migrantes se mueven sin interrupción a través de América Central hasta México y, de ahí, a la frontera con Estados Unidos.
Pero han revelado también un fenómeno mucho más grande: una cadena casi ininterrumpida de migrantes que van desde Colombia a través de la selva del Darién hasta Panamá a una escala industrial que podría rondar las 500.000 personas este año.
Esos migrantes se mueven sin interrupción a través de América Central hasta México y, de ahí, a la frontera con Estados Unidos.
“Detrás de nosotros vienen miles más. Es continuo”, dijo Juan Carlos Leal, un migrante venezolano que el miércoles esperaba junto a las vías con su hijo de 5 años, a unos 55 kilómetros (35 millas) al norte de la Ciudad de México.
Él y otros migrantes que aguardaban para trepar los trenes que pasan — a algunos incluso en marcha — en la localidad de Huehuetoca apuntaron que 3.500 personas salen a diario de los campamentos en la selva organizados por traficantes en el lado colombiano de la selva del Darién, porque esa es la capacidad de cada asentamiento.
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Ferromex, que forma parte de la corporación Grupo México, dijo en un comunicado que paralizó temporalmente las operaciones de 60 trenes — que tienen una capacidad equivalente a la de 1.800 camiones — debido al “severo riesgo” que representa el uso de trenes de carga por parte de los migrantes para su traslado.
La decisión coincidió con un incidente que ocurrió la mañana del martes, cuando las fuerzas policiales detuvieron un tren de Ferromex cerca de la ciudad de Monclova — en el estado de Coahuila que colinda con Estados Unidos — el cual llevaba en el techo a cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos.
El Instituto Nacional de Migración no respondió de momento a una solicitud de comentarios por parte de The Associated Press.
En en comunicado, Ferromex reconoce que en días recientes han registrado cerca de media docena de casos de lesionados o fallecidos entre los grupos de personas que abordaron trenes de carga en su camino hacia la frontera norte “a pesar del grave peligro que ello implica”.
De acuerdo con el reporte de la empresa, en los patios de operaciones de la ciudad de Torreón, también en Coahuila, hay concentradas más de 1.500 personas; en la localidad de Irapuato, en el centro del país, hay más de 800; en San Francisco de los Romo, estado de Aguascalientes, alrededor de 1.000, y en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez, otros 1.000 en las góndolas de carga.