
Rosalino Flores, de 22 años, fue herido la tarde del 11 de enero durante una manifestación en la ciudad sureña de Cusco y murió el martes en una cama del hospital Arzobispo Loayza de Lima a las 17:30 horas, dijo a The Associated Press su hermano Juan José Flores, quien estaba junto a la víctima.
El momento en que un policía le dispara fue captado por un video de una cámara de seguridad de la calle 28 de julio en la ciudad de Cusco, donde Rosalino cayó al piso luego de recibir 36 perdigones. La familia mostró las imágenes a AP.
En el video, se observa cómo Rosalino está escondido detrás de un árbol, esperando que culmine una persecusión policial a los manifestantes. Pero de pronto, un policía armado con una escopeta se acerca hasta donde está Rosalino, lo persigue y le dispara muy cerca por la espalda. Rosalino cae al piso. Eran las 16:53 del 11 de enero, según el video. “La policía le disparó los perdigones a unos tres o cuatro metros, los videos no mienten”, dijo el hermano del fallecido. “Yo además lo ví todo porque estaba frente a él, ocurrió en unos pocos segundos”, añadió Juan José Flores, entre lágrimas.

“Todas las investigaciones en la Fiscalía siempre van enfocadas hacia las personas en el campo penal y hacia los bienes para efectos de que no se utilicen bienes o no existan bienes atados a actividades criminales”, dijo el martes a la prensa el fiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró que existen tanto presunción de inocencia como garantías judiciales para Petro Burgos.
La acción penal de la Fiscalía inició hace dos semanas cuando el presidente Gustavo Petro Urrego pidió públicamente investigar a su hijo Nicolás para determinar posibles responsabilidades ante “rumores” y una posterior declaración en la prensa que hizo su expareja, Day Vásquez, en la que lo señala de recibir dinero indebido.
Vásquez denunció en una entrevista con la Revista Semana que Petro Burgos habría recibido más de 600 millones de pesos (unos 125.000 dólares) de Samuel Santander Lopesierra, conocido con el alias de “Hombre Marlboro” y quien estuvo en prisión en Estados Unidos por narcotráfico.
Así como otros 400 millones de pesos (alrededor de 83.000 dólares) de Alfonso del Cristo Hilsaca, un empresario del norte del país que ha tenido cuestionamientos de la justicia pero no ha sido condenado.

El comunicado de UNICEF recalcaba la precaria situación en el empobrecido Pakistán, un país con 220 millones de habitantes que meses más tarde sigue lidiando con las consecuencias del desastre y una crisis económica descontrolada. Las inundaciones, que los expertos atribuyen en parte al cambio climático, mataron a 1.739 personas, incluidos 647 niños y 353 mujeres.
Por ahora se ha cubierto menos de la mitad de financiamiento solicitado por UNICEF para Pakistán, el 45% de 173,5 millones de dólares. Según la agencia, antes de que comenzaran las inundaciones el pasado junio apenas se consideraba segura para el consumo humano el agua del 36% del sistema paquistaní.
Las inundaciones dañaron la mayoría de las conducciones en las zonas afectadas, lo que obligó a más de 5,4 millones de personas, incluidos 2,5 millones de niños, a depender solo de agua contaminada de lagos y pozos, señaló UNICEF.
“El agua segura para beber no es un privilegio, es un derecho humano fundamental”, afirmó Abdullah Fadil, representante de UNICEF en Pakistán. “Sin embargo, cada día millones de niñas y niños en Pakistán luchan con todas las de perder contra enfermedades evitables transmitidas por el agua y la consiguiente malnutrición”.
“Necesitamos el apoyo continuado de nuestros donantes para proporcionar agua segura, construir retretes y ofrecer servicios cruciales de saneamiento para estos niños y familias que más lo necesitan”, añadió Fadil.

“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, indicó El Aissami mediante su cuenta en Twitter y mencionado por la estatal Venezolana de Televisión.
El Aissami, que también funge como vicepresidente sectorial para el Área Económica venezolana, indicó que también en su “condición de militante revolucionario, me coloco a disposición de la dirección del PSUV”, el partido de gobierno, para “apoyar esta cruzada que ha emprendido el Presidente Nicolás Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas”.
El Aissami no estuvo disponible de inmediato para un comentario.
Tarde en la noche, Maduro comentó que aceptó la renuncia de El Aissami para facilitar las investigaciones. El gobernante prometió “desmembrar todas estas mafias que hemos descubierto”, en los últimos meses, en un encuentro televisado con los directivos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
Maduro comentó que la investigación, en parte, se inició al evidenciar comportamientos de algunos funcionarios a los que describió como “nuevos ricos, con una forma de vida extravagante”.

La tregua bilateral inició el 1 de enero y se tenía previsto que se extendiera hasta el 30 de junio de este año como un gesto de voluntad hacia el grupo armado a fin de adelantar acercamientos rumbo a un sometimiento a la justicia.
“No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, aseguró Petro en un mensaje de Twitter.
El Clan del Golfo, que además del narcotráfico está involucrado en la minería ilegal, ha sido señalado por el gobierno de presionar a cientos de mineros informales que sostienen una protesta desde el 2 de marzo en el noroeste de Colombia para exigir garantías laborales y el cese de las acciones de la fuerza pública en la destrucción de maquinaria utilizada en la minería ilegal.
El domingo, seis vehículos que bloquearon las carreteras fueron incendiados y una patrulla militar fue atacada con fusil, hechos que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, atribuyó al Clan del Golfo.
Velásquez aseguró en una declaración oficial que fueron desplegados más de 10.000 efectivos de la policía y ejército con la activación de la ofensiva contra el Clan del Golfo y advirtió que incrementarán la presencia militar de ser necesario.
El comandante general de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, agregó que realizarán operaciones ofensivas para “lograr neutralizar las intenciones que tenga este grupo armado contra la población civil”, mientras que la policía movilizará grupos especiales en la zona.