
“Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República” en las elecciones de 2024, declaró el mandatario en un discurso transmitido en cadena nacional.
La Constitución prohíbe la reelección presidencial, pero Bukele podrá optar a ella debido a la resolución de septiembre de 2021 que interpretó que el artículo 152 del texto permite que el presidente participe en los comicios por segunda ocasión y que será el pueblo quien tome la decisión en las urnas.
Sin embargo, abogados constitucionalistas sostienen que esto viola al menos cuatro artículos de la Carta Magna, incluyendo el 154, que dice que “El periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia puede continuar en sus funciones un día más”.
Bukele, que asumió el poder el 1 de junio de 2019 y mantiene un nivel de popularidad que no ha bajado del 80%, cuenta con apoyos para buscar la reelección, como el del partido Gran Alianza Por la Unidad Nacional (GANA), por el que se postuló al cargo.

“Empezamos a recorrer el país, a ir a donde los gobiernos nunca habían llegado. Nos abrimos a escuchar a todos los sectores: desde los ciudadanos más pobres y las autoridades regionales hasta los empresarios”, dijo Petro en su primera alocución televisada luego de cumplir su primer mes como jefe de Estado.
Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, usará una metodología novedosa para crear su plan de gobierno, usualmente elaborado por un equipo técnico estatal sin la participación masiva de los ciudadanos. El presidente detalló que funcionarios del gobierno recorrerán 50 territorios para hablar con las comunidades y escuchar sus necesidades.
Luego, las propuestas serán analizadas por los ministros y finalmente podrán ser incluidas en el plan de gobierno que será presentado al Congreso como un proyecto de ley para su aprobación.
El primer diálogo regional se realizará el viernes en Turbaco, un municipio del norte del país cercano a Cartagena, que ha sido impactado por la violencia que por décadas ha vivido el país por actores armados ilegales. Según el mandatario, se tratará de un espacio exploratorio para probar la metodología que luego se aplicará en decenas de territorios más, algunos con altos niveles de violencia y pobreza.
Petro indicó que el objetivo final de los diálogos regionales será la “construcción de un entorno de paz total”. El mandatario se ha propuesto mejorar las condiciones sociales de la población más vulnerable y reducir drásticamente la violencia en el país, buscando diálogos de paz y sometimiento a la justicia con los grupos armados que persisten como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), las bandas criminales y el cártel Clan del Golfo, dedicado al narcotráfico.

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández dijo el martes a periodistas que luego de la llamada intimidatoria realizada el lunes “se dio rápidamente intervención a la Policía (Federal)” y el hecho “se está investigando”. El llamado fue realizado por una persona a la que se intenta identificar desde la ciudad de La Plata, unos 70 kilómetros al sur de Buenos Aires.
El ministro indicó que habló con la vicepresidenta y también exmandataria (2007-2015) para informarle sobre esta amenaza y al ser consultado sobre si se reforzará su seguridad dijo que “eso lo deben analizar los especialistas y el jefe de la custodia de Cristina Kirchner”.
Fernández de Kirchner fue víctima el 1 de septiembre de un frustrado atentado en las inmediaciones de su vivienda en Buenos Aires cometido por el brasileño Fernando Sabag Montiel, de 35 años, quien fue detenido de inmediato. Su novia, la argentina Brenda Uliarte, de 23 y quien estaba en la misma zona en el momento de los hechos, fue arrestada tres días después. Ambos están acusados de haber intentado asesinar a la dirigente peronista.
Otra argentina, identificada como Agustina Díaz, fue arrestada en las últimas horas, dijo a The Associated Press un funcionario conocedor de la causa judicial que no se quiso identificar porque pesa el secreto de sumario sobre la investigación.

En antigua ciudad uzbeka de Samarcanda, Putin confiaba en romper su aislamiento internacional y consolidar sus lazos con el presidente de China, Xi Jinping, en una alianza geopolítica considerada cada vez más como un potente contrapeso a las potencias occidentales.
Putin y Xi tenían prevista una reunión personal en la que hablarían de Ucrania, según el asesor de asuntos exteriores del mandatario ruso.
En Kiev, Zelenskyy restó importancia a un choque de tráfico la noche anterior del que salió sin lesiones importantes, según las autoridades. Se reunió con la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que mostró una vez más pleno compromiso con la causa de Ucrania.
Von der Leyen dijo que abordaría “cómo seguir acercando nuestras economías y nuestros pueblos mientras Ucrania progresa hacia el acceso” al bloque, algo que probablemente aún tomaría años incluso en las mejores circunstancias.
Aunque las fuerzas rusas en algunas zonas se veían cada vez más empujadas hacia la frontera, Rusia seguía atacando desde detrás del frente. Al amanecer lanzó misiles hacia un embalse de agua cercano a la localidad natal de Zelenskyy, Kryvyi Rih, lo que obligó a las autoridades a hacer tareas de emergencia y asegurarse de que no había riesgo para la población.

“Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que, con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretender apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía” en ellas, dijo el general Luis Cresencio Sandoval.
El secretario de la Defensa hizo estos comentarios durante un discurso solemne previo a las celebraciones el viernes por el Día de la Independencia, una semana después de que el Congreso aprobara que la Guardia Nacional -un cuerpo al que la Constitución reconoce un carácter civil- pasara a estar bajo su mando y pese a las críticas de la ONU a la medida, que calificó como un “retroceso” para México.
En presencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el general Sandoval abogó por una “sociedad unida, en donde los sectores político, económico, social y militar que la integran actúen sumando esfuerzos y voluntades” porque las divisiones del pasado “sólo allanaron el camino a amenazas extranjeras que afectaron y pueden afectar nuestra soberanía”.
Desde que López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018 y con el argumento de que las fuerzas armadas son la institución menos corrupta, las labores encomendadas a los militares se han ido multiplicando y ahora van desde la construcción de grandes infraestructuras al control de las aduanas, el reparto de vacunas o el cultivo de árboles, entre otras muchas.
Una regla no escrita en México es que los militares no interfieren en política y los políticos les dejan libertad en sus asuntos internos. Y aunque el presidente es quien nombra al Secretario de la Defensa, lo hace a partir de una lista de candidatos presentada por los generales.
Pero Sandoval ya provocó críticas el año pasado cuando pidió a los mexicanos unirse al “proyecto de nación que está en marcha”, algo interpretado como apoyar lo que López Obrador llamó la “cuarta transformación” del país.
El aumento de poder de los militares, sobre todo en labores policiales, es motivo de preocupación para muchos porque puede conllevar menos transparencia en sus actuaciones y más abusos, por mucho que el presidente insista en que su gobierno no permite ni las violaciones de los derechos humanos ni la impunidad.