
El vuelo con el grupo de migrantes partió en la madrugada desde la región chilena de Arica, informó temprano el presidente Gabriel Boric, que lo calificó como “un triunfo diplomático”, del diálogo y de quienes “buscamos soluciones” y no exacerbar los conflictos. Destacó el trabajo de las cancillerías venezolanas y chilenas “por haber puesto por delante la humanidad”.
El vuelo supone una primera salida a la crisis humanitaria que desde hace varias semanas se produce en la frontera entre Chile y Perú, con centenares de personas —la mayoría venezolanas, aunque también ecuatorianos, colombianos y haitianos— que no pueden salir de Chile al no poseer la documentación que Perú requiere para atravesar su punto fronterizo. Los migrantes tratan de retornar a sus países lo que implica un largo y agotador trayecto por varios países.
El vuelo forma parte del plan “Vuelta a la Patria” del gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno chileno, por su parte, dijo que continuará las gestiones diplomáticas para concretar futuros vuelos de repatriación desde distintos puntos del país con el fin de responder a las demandas de los que quieran retornar a sus países de origen.
“Vamos a seguir trabajando en esta línea para que quienes han estado en la frontera o quieran retornar puedan hacerlo en condiciones dignas”, señaló Boric, afirmando que como gobierno seguirán en contacto con los países de la región.

Cinco personas resultaron heridas en la capital ucraniana por restos de los drones, indicó Serhii Popko, responsable de la administración militar de la ciudad. Las alarmas antiaéreas sunaron durante más de tres horas durante la noche.
Los restos de drones impactaron contra un edificio de apartamentos de dos plantas en el distrito occidental de Svyatoshynskyi, mientras que otros trozos de metralla cayeron contra un auto estacionado cerca y lo incendiaron, indicó en Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.
Rusia, sujeta a sanciones económicas y limitaciones en sus cadenas de suministro debido a la invasión en Ucrania que inició en febrero de 2022, ha recurrido a menudo a los drones Shahed iraníes para reforzar su potencia de fuego.
Tres civiles murieron en ataques rusos contra 127 objetivos en el norte, sur y este de Ucrania, según el Ministerio ucraniano de Defensa.
Las fuerzas del Kremlin emplearon tanques, drones, morteros, aviones de combate, lanzacohetes múltiples y misiles tierra-aire para bombardear Ucrania, indicó el reporte.

La canciller peruana, Ana Gervasi, dijo en una presentación ante el Parlamento que quienes viajarán son “personas que se encuentran en la frontera sur y que han decidido voluntariamente regresar a Venezuela”. Ellos han sido registrados en la zona de frontera, tanto en territorio chileno como peruano por las autoridades consulares venezolanas, añadió.
Gervasi dijo que en Lima y otras ciudades existe un número mayor de venezolanos registrados que esperan acogerse a otros vuelos humanitarios de retorno a su país y suman alrededor de 5.000.
Según datos de la cancillería, otros 7.000 venezolanos han sido repatriados por su gobierno en los últimos años. “Con estos vuelos el Perú no asume costos; son producto de coordinaciones realizadas por Chile, Perú y Venezuela”, dijo.
La canciller peruana añadió que se mantienen las citas regionales para hallar soluciones conjuntas a la crisis de migrantes y durante la jornada se han reunido los vicecancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela.
El sábado el canciller venezolano Yván Gil dijo en sus redes sociales que pidió garantías a Chile y Perú para que los aviones de la estatal Conviasa puedan aterrizar, despegar y abastecerse de combustible “en un eventual operativo de nuestro Plan Vuelta a la Patria” para el retorno de migrantes venezolanos.
Perú anunció la semana pasada que no permitirá el ingreso de migrantes sin documentos en medio del inicio del proceso de regularización de documentos de los extranjeros que viven en Perú, que durará seis meses. La presidenta Dina Boluarte responsabilizó a los migrantes de “actos delincuenciales”.
La oficina en Perú de la agencia de Naciones Unidas para refugiados dijo en 2022 que los venezolanos en Perú constituyen casi el 3,5% de la población de unos 33 millones y que Lima —donde hay 1,1 millón de venezolanos— es la primera ciudad del mundo en cantidad de personas venezolanas desplazadas.

Los bomberos municipales departamentales informaron a periodistas que tras la evaluación de riesgo se decidió la evacuación de habitantes de las comunidades Panimache 1 y 2, del municipio de San Pedro Yepocapa, en el departamento de Chimaltenango, al occidente de la capital. Las personas fueron llevadas a albergues provisionales mientras disminuye la alerta.
Entre los evacuados hay niños, mujeres u hombres de la tercera edad, que habitan humildes viviendas cercanas al volcán.
La mañana del jueves la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que se declaró en alerta naranja porque el el cráter había entrado en erupción y que cuatro de siete barrancas que rondan al volcán estaban siendo afectadas con flujos piroclásticos, una mezcla de lodo ardiente, gases, piedras, palos y vegetación que corre a gran velocidad.
“La columna eruptiva se mantiene a una altura de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, cargada de abundante ceniza, la cual se desplaza hacia el oeste y sureste, a más de 100 kilómetros de distancia”, dijo la Conred en su último boletín.
Según la Conred, la actividad del volcán se ha intensificado y unas 100.000 personas que habitan hasta en cinco municipios aledaños estarían afectadas debido a la caída de ceniza.
El 3 de junio de 2018 el volcán de Fuego, uno de los tres volcanes activos del país, situado entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, al centro-sur del país, hizo erupción matando a más de 300 personas.

Boluarte rechazó más tarde en una conferencia de prensa la “supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacres, aun cuando se mencione de manera condicional”.
El informe de la CIDH señaló que estas violaciones ocurrieron en varias zonas de Perú, pero enfocó su investigación en las ciudades de Ayacucho y Juliaca, donde se produjeron la mayor cantidad de muertos durante las manifestaciones ocurridas entre diciembre y febrero.
Aseveró que el 15 de diciembre en Ayacucho al ser “perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.
Aquel día soldados del Ejército dispararon contra manifestantes que intentaban ingresar al aeropuerto de Ayacucho provocando la muerte de 10 civiles por proyectiles de arma de fuego en órganos vitales. La CIDH añadió que recibió testimonios que indican que también hubo disparos del Ejército fuera del aeropuerto “ya no en un operativo de defensa sino de carácter persecutorio... que impactaron a transeúntes, adolescentes, así como a personas que huían...o que auxiliaban a heridos”.