WINDOW ROCK, Arizona, EE.UU. (AP) — John Kinsel Sr., uno de los últimos locutores de código navajo que transmitían mensajes durante la Segunda Guerra Mundial basándose en el idioma nativo de la tribu, falleció. Tenía 107 años.
Los funcionarios de la Nación Navajo en Window Rock anunciaron la muerte de Kinsel el sábado.
El presidente tribal, Buu Nygren, ha ordenado que todas las banderas de la reserva ondeen a media asta hasta el atardecer del 27 de octubre para honrar a Kinsel.
“El señor Kinsel fue un infante de marina que luchó con valentía y desinteresadamente por todos nosotros en las circunstancias más aterradoras y con la mayor responsabilidad como locutor del código navajo”, dijo Nygren en un comunicado el domingo.
Con la muerte de Kinsel, sólo dos codificadores navajos siguen vivos: el ex presidente navajo Peter MacDonald y Thomas H. Begay.
Los marines reclutaron a cientos de navajos para que sirvieran como codificadores durante la guerra, transmitiendo mensajes basados en su lengua materna, entonces no escrita.
Confundieron a los criptólogos militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y participaron en todos los asaltos que los Marines lideraron en el Pacífico entre 1942 y 1945, incluidos los de Guadalcanal, Tarawa, Peleliu e Iwo Jima.
Los Code Talkers enviaron miles de mensajes sin errores sobre los movimientos de las tropas japonesas, tácticas en el campo de batalla y otras comunicaciones cruciales para el resultado final de la guerra.
Kinsel nació en Cove, Arizona, y vivió en la comunidad navajo de Lukachukai.
Se alistó en la Infantería de Marina en 1942 y se convirtió en un codificador de élite, sirviendo en el 9º Regimiento de la Infantería de Marina y la 3ª División de la Infantería de Marina durante la Batalla de Iwo Jima.
El presidente Ronald Reagan estableció el Día de los Hablantes de Código Navajo en 1982 y el feriado del 14 de agosto honra a todas las tribus asociadas con el esfuerzo bélico.
El día es un feriado estatal de Arizona y feriado de la Nación Navajo en la vasta reserva que ocupa partes del noreste de Arizona, el noroeste de Nuevo México y el sureste de Utah.
SAVANNAH, Georgia, EE.UU. (AP) — Los chalecos salvavidas de color naranja flotaban en el agua , donde los transeúntes se apresuraron a formar una cadena humana para llevar a los sobrevivientes a un lugar seguro. Otros se encargaron de envolver los cuerpos en mantas y llevarlos a la orilla.
La frenética escena después de que una pasarela de aluminio se derrumbara el sábado en un muelle de barcos en una isla barrera de Georgia coronó lo que se suponía que sería un día de celebración, un festival anual que destaca la cultura y la historia de la pequeña comunidad Gullah-Geechee de descendientes de esclavos negros de la isla Sapelo.
El derrumbe se produjo cuando los visitantes subían a bordo de un ferry de regreso a tierra firme. Las autoridades afirman que había hasta 40 personas de pie en la pasarela cuando se desplomó. Al menos 20 cayeron a las aguas del Atlántico, donde una fuerte corriente de marea amenazó con arrastrarlas al mar.
“Fue caótico. Fue horrible”, dijo Reginald Hall, un residente de la isla que se lanzó al agua y recibió un niño pequeño para que lo pasara a otros que formaban una cadena humana a 55 metros de la orilla.
Siete personas murieron y otras tres permanecieron hospitalizadas el domingo, dijo Walter Rabon, comisionado del Departamento de Recursos Naturales de Georgia.
Dijo que un equipo de reconstrucción de accidentes, en colaboración con la Oficina de Investigaciones de Georgia, estaba trabajando para determinar qué causó una “falla catastrófica” en el muelle operado por el estado, que había sido reconstruido en 2021.
“Una pasarela de aluminio como esa debería requerir muy, muy poco mantenimiento”, dijo Rabon.
Una celebración otoñal de la cultura y la historia de una isla se vuelve trágica
El sábado fue uno de los días más concurridos del año en la isla Sapelo, que se encuentra a unos 100 kilómetros al sur de Savannah y que prácticamente no ha sido explotada. Se calcula que unas 700 personas viajaron a la isla para asistir al festival del Día Cultural organizado por las pocas docenas de residentes de Hogg Hummock. El enclave de caminos de tierra y casas modestas fue fundado después de la Guerra Civil por esclavos liberados de una plantación de la isla.
Hog Hummock forma parte de un grupo cada vez más reducido de pequeñas comunidades sureñas descendientes de poblaciones isleñas esclavizadas conocidas como Gullah o Geechee en Georgia. Los académicos dicen que los residentes conservan gran parte de su herencia africana, incluido un dialecto único y habilidades como la pesca con red y el tejido de cestas, debido a su separación del continente.
Ningún puente une la isla con el continente, y la mayoría depende de transbordadores operados por el estado para el viaje de 7 millas (11 kilómetros).
Ed Grovner trabaja en uno de esos transbordadores. Cuando el barco llegó al muelle el sábado por la tarde, la tripulación notó que las víctimas habían recibido chalecos salvavidas en el agua, que puede alcanzar una profundidad de 11 metros cuando sube la marea.
Grover dijo que su tripulación alcanzó a un hombre y una mujer, pero ya estaban muertos.
“No pude dormir anoche”, dijo Grovner a The Associated Press. “Mi esposa me dijo que estaba durmiendo, yo gritaba en sueños, diciendo: ‘Te voy a salvar. Te voy a salvar. Te voy a rescatar’”.
Los residentes de la isla se lanzaron al agua, luchando por salvar sus vidas.
Jazz Watts, residente de Hogg Hummock, estaba con los visitantes mientras degustaban platos de la isla como salmonete ahumado y gumbo y presenciaban demostraciones de cómo se confeccionaban redes de pesca y colchas. Fue entonces cuando se difundió la noticia del desastre que se estaba produciendo.
Watts dijo que cuando llegó al muelle encontró a personal de emergencia y civiles sacando a personas del agua y tratando de administrarles RCP y primeros auxilios.
“Es devastador”, dijo Watts. “Ver a personas envueltas en mantas siendo transportadas y que han muerto”.
JR Grovner cargó a una mujer herida en una camioneta y la llevó a un campo cubierto de maleza, lleno de agujeros cavados por cerdos salvajes, que estaba siendo utilizado para evacuaciones en helicóptero.
Los residentes citaron la falta de recursos de emergencia de la isla en una demanda anterior
Los residentes de Sapelo Island demandaron al condado de McIntosh y al estado de Georgia en un tribunal federal en 2015, argumentando que carecían de servicios básicos, incluidos recursos para manejar emergencias médicas. En un acuerdo de 2022, los funcionarios del condado acordaron construir una plataforma para helicópteros en la isla, algo que Grovner, Hall y Watts dicen que aún no ha sucedido.
Watts dijo que un proveedor privado de atención médica había planeado abrir una clínica en un edificio propiedad del condado que durante mucho tiempo se había utilizado como centro comunitario, pero el acuerdo fracasó cuando los comisionados optaron por alquilar el espacio para un restaurante.
“Es evidente que los funcionarios locales no están haciendo todo lo que deberían”, dijo Watts. “Esas medidas habrían ayudado muchísimo porque cada segundo cuenta”.
Patrick Zoucks, el administrador del condado, no respondió de inmediato a un mensaje de correo electrónico solicitando comentarios.
El muelle fue reconstruido luego de un acuerdo legal con los residentes de Sapelo.
El muelle del ferry fue reconstruido hace tres años después de que los funcionarios de Georgia resolvieran la misma demanda de 2015 presentada por los residentes de la isla, quienes se quejaron de que los transbordadores y muelles operados por el estado no cumplían con los estándares federales de accesibilidad para discapacitados.
Grovner dijo que se quejó con un capitán de ferry hace meses de que la pasarela no parecía lo suficientemente resistente, pero no pasó nada.
Rabon dijo que no tenía conocimiento de ninguna queja previa.
Tras el derrumbe, la Guardia Costera de Estados Unidos, los departamentos de bomberos y del sheriff locales acudieron a la isla utilizando barcos y helicópteros.
Rabon dijo que ninguno de los muertos era residente de la isla. Identificó sólo a uno, Charles Houston Jr., capellán de la agencia de Recursos Naturales.
Hogg Hummock, también conocido como Hog Hammock, fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1996.
Pero la población de la comunidad ha estado menguando durante décadas, y algunas familias han vendido sus tierras a personas ajenas para construir casas de vacaciones. El año pasado, los comisionados del condado aprobaron cambios de zonificación que duplicaron el tamaño de las viviendas permitidas en Hogg Hummock. Eso generó temores entre los residentes de que las viviendas más grandes podrían generar aumentos de impuestos que los obligarían a vender tierras que sus familias han poseído durante generaciones.
Wagster Pettus informó desde Jackson, Mississippi.
DELPHI, Indiana, EE.UU. (AP) — El juicio por el asesinato de dos adolescentes en 2017 comenzará el viernes en el pequeño pueblo de Indiana donde vivían las adolescentes y el hombre acusado de matarlas.
Richard Allen, de 52 años, está acusado de asesinar a Abigail Williams, de 13 años, y a Liberty German, de 14. Sus muertes llevaban más de cinco años sin resolverse cuando Allen, que entonces trabajaba en una farmacia, fue detenido en el caso que ha despertado una enorme atención entre los entusiastas de los crímenes reales.
Allen había estado en Delphi todo el tiempo, viviendo y trabajando en la comunidad de aproximadamente 3.000 personas en el noroeste de Indiana. Se enfrenta a dos cargos de asesinato y dos cargos de asesinato mientras cometía o intentaba cometer secuestro. Si es declarado culpable, Allen podría enfrentarse a hasta 130 años de prisión.
Casi dos años después de su arresto en octubre de 2022 , está previsto que comiencen las declaraciones de apertura ante un juez especial en el juzgado del condado de Carroll, a pocas cuadras de la farmacia donde Allen había trabajado. Se ha traído un panel de jurados desde casi 160 kilómetros de distancia. Estarán aislados durante lo que se espera que sea un juicio de un mes de duración, se les prohibirá ver las noticias y se les permitirá un uso limitado de sus teléfonos celulares para llamar a sus familiares mientras son monitoreados por alguaciles.
Los fiscales dijeron durante la selección del jurado de esta semana en Fort Wayne que planean llamar a unos 50 testigos. Los abogados defensores de Allen esperan llamar a unas 120 personas. Los 12 jurados y cuatro suplentes recibirán instrucciones preliminares el viernes por la mañana antes de escuchar los alegatos iniciales.
El caso ha sufrido repetidas demoras, algunas de ellas relacionadas con la filtración de pruebas, la retirada de los defensores públicos de Allen y su posterior reinstalación por parte de la Corte Suprema de Indiana . También está sujeto a una orden de censura .
Las adolescentes, conocidas como Abby y Libby, fueron encontradas muertas el 14 de febrero de 2017, en una zona boscosa y accidentada a unos 400 metros del sendero Monon High Bridge Trail. Las chicas habían desaparecido el día anterior mientras caminaban por ese sendero en las afueras de su ciudad natal. En cuestión de días, la policía publicó archivos encontrados en el teléfono celular de Libby que creían que capturaban la imagen y la voz del asesino: dos fotos granuladas y un audio de un hombre que decía "cuesta abajo".
Los investigadores también publicaron un boceto de un sospechoso en julio de 2017 y otro en abril de 2019. Y publicaron un breve video que muestra a un sospechoso caminando sobre un puente ferroviario abandonado, conocido como el Puente Monon High. Después de que pasaron más años sin que se identificara a un sospechoso, los investigadores dijeron que volvieron y revisaron "pistas anteriores".
Los investigadores descubrieron que Allen había sido entrevistado en 2017. Le dijo a un oficial que había estado caminando por el sendero el día que Abby y Libby desaparecieron y que había visto a tres "mujeres" en un puente llamado Puente de la Libertad, pero no habló con ellas, según una declaración jurada.
Allen le dijo al oficial que mientras caminaba desde ese puente hasta el Puente Monon High no vio a nadie, pero estaba distraído, “mirando una cotización de acciones en su teléfono mientras caminaba”.
La policía entrevistó a Allen nuevamente el 13 de octubre de 2022, cuando dijo que había visto a tres "niñas menores de edad" durante su caminata en 2017. Los investigadores registraron la casa de Allen y confiscaron una pistola calibre .40. Los fiscales dijeron que las pruebas determinaron que una bala no utilizada encontrada entre los cuerpos de Abby y Libby "había pasado por" el arma de Allen.
Según la declaración jurada, Allen dijo que nunca había estado en la escena y "no tenía explicación de por qué una bala disparada por su arma de fuego estaría en ese lugar".
El juez del Tribunal Superior del condado de Allen, Fran Gull, que ahora supervisa el juicio del condado de Carroll, ha dictaminado que los fiscales pueden presentar pruebas de docenas de declaraciones incriminatorias que, según afirman, Allen hizo durante conversaciones con funcionarios penitenciarios, reclusos, agentes del orden y familiares. Esas pruebas incluyen una grabación de una llamada telefónica entre Allen y su esposa en la que, según los fiscales, confiesa los asesinatos .
Los abogados defensores de Allen han intentado argumentar que las niñas fueron asesinadas en un sacrificio ritual realizado por miembros de una religión nórdica pagana y un grupo nacionalista blanco conocido como los Odinistas.
Los fiscales no han revelado cómo fueron asesinados los adolescentes, pero un expediente judicial presentado por los abogados de Allen en apoyo de su teoría del sacrificio ritual afirma que les habían cortado el cuello.
TLANTA (AP) — Los republicanos nacionales y estatales apelaron el jueves el fallo de un juez que dijo que siete reglas electorales aprobadas recientemente por la Junta Electoral del Estado de Georgia son “ilegales, inconstitucionales y nulas”.
El Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano de Georgia están apelando un fallo del juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Thomas Cox, quien dictaminó el miércoles que la Junta Electoral del Estado no tenía la autoridad para aprobar las reglas y le ordenó informar inmediatamente a todos los funcionarios electorales estatales y locales que las reglas son nulas y no deben seguirse.
Las reglas que Cox invalidó incluyen tres que habían recibido mucha atención: una que requiere que el número de votos se cuente a mano después del cierre de las urnas y dos que tenían que ver con la certificación de los resultados de las elecciones.
En una declaración del jueves en la que se anunciaba la apelación, el presidente del RNC, Michael Whatley, acusó a Cox de “lo peor del activismo judicial”.
“Al revocar las normas de sentido común de la Junta Electoral del Estado de Georgia aprobadas para salvaguardar las elecciones de Georgia, el juez se puso del lado de los demócratas en sus ataques a la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad de nuestras elecciones”, dijo Whatley. “Hemos apelado de inmediato esta atroz orden para garantizar que se establezcan normas de sentido común para las elecciones; no permitiremos que esto se mantenga”.
Alex Kaufman, abogado del Partido Republicano estatal, dijo el jueves que el partido presentó una notificación de apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Georgia.
El fallo se produjo en una demanda interpuesta por Eternal Vigilance Action, una organización fundada y dirigida por el ex representante estatal republicano Scot Turner. La demanda argumentaba que la Junta Electoral Estatal se excedió en su autoridad al adoptar las reglas.
“Ver al Partido Republicano argumentar que burócratas no electos deberían tener el poder de crear nuevas leyes es ciertamente una desviación de los valores conservadores tradicionales”, escribió Turner en un mensaje de texto a The Associated Press. “Pero esperábamos que apelaran y estamos preparados para luchar por frenar esta apropiación del poder administrativo estatal durante el tiempo que sea necesario”.
El fallo fue aclamado como una victoria por los demócratas y los grupos de derechos electorales, quienes dicen que las reglas que la Junta Electoral Estatal ha aprobado en los últimos meses podrían ser utilizadas por los aliados de Donald Trump para poner en duda los resultados si el expresidente pierde las elecciones presidenciales ante la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Los nombramientos recientes para la junta de cinco miembros han colocado a tres republicanos respaldados por Trump en la mayoría. Han aprobado nuevas reglas a pesar de las objeciones del único demócrata de la junta y del presidente no partidista.
Los funcionarios electorales de los condados de todo el estado (las personas que dirigen las elecciones) han expresado su preocupación por la avalancha de nuevas normas que entran en vigor tan cerca del día de las elecciones.
Las otras reglas que Cox dijo que son ilegales e inconstitucionales son las que: requieren que alguien que entrega una boleta de voto en ausencia en persona proporcione una firma y una identificación con fotografía; exigen vigilancia por video y grabación de las urnas de entrega de boletas después del cierre de las urnas durante la votación anticipada; amplían las áreas designadas obligatorias donde los observadores electorales partidistas pueden permanecer en los centros de tabulación; y requieren actualizaciones públicas diarias del número de votos emitidos durante la votación anticipada.
Una regla que el juez revocó requería que tres trabajadores electorales separados contaran a mano el número de papeletas del día de la elección para asegurarse de que el número de papeletas de papel coincidiera con los recuentos electrónicos en los escáneres, las computadoras de registro y las máquinas de votación.
Los votantes de Georgia hacen sus selecciones en una máquina de votación con pantalla táctil que imprime un papel con una lista legible por humanos de las opciones del votante, así como un código QR. El votante coloca esa papeleta en un escáner, que registra los votos. El recuento manual se haría de las papeletas de papel, no de los votos.
Los críticos, incluidos muchos funcionarios electorales del condado, argumentaron que un recuento manual podría retrasar la divulgación de los resultados y sobrecargar a los trabajadores electorales al final de una jornada ya larga. También dijeron que no hay tiempo suficiente para una capacitación adecuada.
Los partidarios de la norma argumentaron que el recuento llevaría minutos adicionales, no horas. También señalaron que las tarjetas de memoria del escáner con los recuentos de votos podrían enviarse a las oficinas del condado mientras se completa el recuento manual, de modo que no se retrasaría la presentación de los resultados.
Cox escribió que la norma “no está autorizada en ninguna parte” por las leyes de Georgia, que “prescriben los deberes de los funcionarios electorales después del cierre de las urnas. El recuento manual no está entre ellos”.
En agosto, la Junta Electoral Estatal aprobó otras dos nuevas normas que Cox invalidó y que tienen que ver con la certificación. Una de ellas ofrece una definición de certificación que incluye la exigencia de que los funcionarios del condado realicen una “investigación razonable” antes de certificar los resultados, pero no especifica qué significa eso. La otra incluye un texto que permite a los funcionarios electorales del condado “examinar toda la documentación relacionada con las elecciones creada durante la realización de las elecciones”.
Los partidarios argumentaron que esas normas son necesarias para garantizar la exactitud de los totales de votos antes de que los funcionarios electorales del condado las firmen. Los críticos dijeron que podrían utilizarse para retrasar o denegar la certificación.
Jeff Amy cubre la política y el gobierno de Georgia.
WASHINGTON (AP) — Un programa de condonación de préstamos de estudios para trabajadores públicos ha aliviado la situación de más de un millón de estadounidenses, desde los apenas 7.000 de antes de que el gobierno del presidente Joe Biden actualizase la iniciativa hace dos años.
El presidente anunció el hito el jueves afirmando que su gobierno restablecía así una promesa a los maestros, bomberos, enfermeras y otros funcionarios públicos del país. Celebró la marca pese a que el programa general sigue paralizado por los tribunales tras los recursos legales presentados por estados gobernados por el Partido Republicano.
“Durante demasiado tiempo, el gobierno no cumplió sus compromisos”, apuntó Biden en un comunicado. “Nos comprometimos a solucionarlo, y gracias a las acciones de nuestro gobierno, ahora más de un millón de trabajadores de servicios públicos han recibido la ayuda a la que tienen derecho por ley”.
El Programa de Perdón de Préstamos por Servicio Público se creó en 2007 con la promesa a los graduados universitarios de que el resto de sus préstamos federales de estudios quedarían anulados tras 10 años en empleos gubernamentales o sin ánimo de lucro. Pero desde 2017, la gran mayoría de los solicitantes fueron rechazados debido a unas complicadas y poco conocidas normas de elegibilidad.
Un reporte elaborado en 2018 por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) halló que el 99% de las solicitudes fueron rechazadas, a menudo porque no estaban en el plan de reembolso de préstamos correcto o porque sus cuotas habían sido pausados temporalmente a través de aplazamientos o indulgencias, periodos que no se contabilizaron para los 10 años de servicio público.
La GAO culpó al Departamento de Educación por no haber hecho unas normas más claras.
El programa fue objeto de batallas políticas y legales, con los demócratas en el Congreso pidiendo al gobierno del expresidente Donald Trump una flexibilización de las normas y mantener el espíritu del programa. Betsy DeVos, secretaria de Educación en aquel momento, respondió que seguía al pie de la letra la norma aprobada en el Congreso.
Declarando que el programa estaba “roto”, el gobierno de Biden ofreció en 2021 una exención temporal que permitía que se reconociesen los periodos previos de aplazamiento o indulgencia de los prestatarios, entre otros cambios. Un año más tarde, el Departamento de Educación actualizo las normas para ampliar la elegibilidad de forma más permanente.
Desde entonces, se ha aceptado la petición de cancelación de deuda de oleadas de prestatarios que se acercan a la década de servicio público. El jueves, otras 60.000 personas alcanzaron esa marca, elevando el total de beneficiarios a más de un millón. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, apenas 7.000 personas habían recibido ayudas en los cuatro años anteriores.
En total, el programa ha eliminado 74.000 millones en préstamos para trabajadores públicos.
“Quiero enviar a los estudiantes universitarios de todo Estados Unidos el mensaje de que buscan una carrera en servicios públicos no es solo una vocación noble, sino también un camino fiable para librarse de las deudas en una década”, indicó el secretario de Educación, Miguel Cardona, en un comunicado.
Luego de que sus planes para aliviar los préstamos de estudios enfrentaron recursos legales, el gobierno de Biden ha centrado cada vez más su atención en las cifras récord de cancelaciones de préstamos a través de los programas existentes.
En total, el gobierno dice haber cancelado 175.000 millones en deudas de 5 millones de beneficiarios. El programa de condonación de préstamos por servicio público representa la mayor parte de esa cifra, aunque otros han conseguido cancelar sus deudas a través de planes de pago basados en los ingresos y a través de una ley de 1994 que ofrece ayudas a estudiantes engañados por sus escuelas.
Biden incluyó la condonación generalizada de los préstamos en su campaña, pero el año pasado, la Corte Suprema bloqueó su propuesta de eliminar hasta 20.000 dólares a 40 millones de estadounidenses. El presidente ordenó que el Departamento de Educación presentase la misma propuesta con una justificación legal distinta, pero un juez en Misuri paralizó temporalmente el plan tras el recurso de varios estados de mayoría republicana.
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Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
WINDOW ROCK, Arizona, EE.UU. (AP) — John Kinsel Sr., uno de los últimos locutores de código navajo que transmitían mensajes durante la Segunda Guerra Mundial basándose en el idioma nativo de la tribu, falleció. Tenía 107 años.
