CONCORD, NH (AP) — Un juez federal en New Hampshire dijo el jueves que certificará una demanda colectiva que incluye a todos los niños que se verán afectados por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y emitirá una orden judicial preliminar para bloquearla.

El juez Joseph LaPlante anunció su decisión tras una audiencia de una hora y afirmó que emitirá una orden escrita. La orden incluirá una suspensión de siete días para permitir la apelación, añadió.

La clase es ligeramente más reducida que la solicitada por los demandantes, que originalmente incluyeron a los padres como demandantes.

La demanda se presentó en nombre de una mujer embarazada, dos padres y sus bebés. Se encuentra entre los numerosos casos que impugnan la orden de Trump de enero que niega la ciudadanía a los hijos de padres que residen en Estados Unidos de forma ilegal o temporal. Los demandantes están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades.

El tema en cuestión es la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de los Estados Unidos». El gobierno de Trump afirma que la frase «sujetas a su jurisdicción» significa que Estados Unidos puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que residen ilegalmente en el país, poniendo fin a lo que se ha considerado parte intrínseca de la legislación estadounidense durante más de un siglo.

“Las interpretaciones erróneas previas de la cláusula de ciudadanía han creado un incentivo perverso para la inmigración ilegal que ha afectado negativamente la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica de este país”, escribieron los abogados del gobierno en el caso de New Hampshire.

LaPlante, quien había emitido una orden judicial restrictiva en un caso similar, afirmó que si bien no consideraba frívolos los argumentos del gobierno, los encontraba poco convincentes. Aseguró que su decisión de emitir una orden judicial no fue una decisión arriesgada y que la privación de la ciudadanía estadounidense claramente constituía un daño irreparable.

Cody Wofsy, abogado de los demandantes, y su equipo han recibido una avalancha de familias confundidas y temerosas por la orden ejecutiva, afirmó. El fallo del jueves «protegerá a todos los niños del país de esta orden ejecutiva ilegal, inconstitucional y cruel», afirmó.

Varios jueces federales habían emitido órdenes judiciales a nivel nacional para impedir la entrada en vigor de la orden de Trump, pero la Corte Suprema de Estados Unidos limitó dichas órdenes en un fallo del 27 de junio que dio a los tribunales inferiores 30 días para actuar. Con ese plazo en mente, quienes se oponían al cambio recurrieron rápidamente a los tribunales para intentar bloquearlo.

En un caso del estado de Washington ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, los jueces solicitaron a las partes que presentaran escritos explicando el efecto del fallo de la Corte Suprema. Washington y los demás estados involucrados en esa demanda solicitaron al tribunal de apelaciones que devolviera el caso al juez de primera instancia.

Al igual que en New Hampshire, un demandante en Maryland busca organizar una demanda colectiva que incluya a todas las personas afectadas por la orden. La jueza fijó el miércoles como plazo para la presentación de argumentos legales por escrito, mientras considera la solicitud de otra orden judicial a nivel nacional presentada por CASA, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes.

Ama Frimpong, director legal de CASA, dijo que el grupo ha estado enfatizando a sus miembros y clientes que no es momento de entrar en pánico.

"Nadie tiene que mudarse de estado ahora mismo", dijo. "Estamos luchando por diferentes vías, una vez más, para asegurarnos de que esta orden ejecutiva nunca se apruebe".

Los demandantes de New Hampshire, mencionados solo por seudónimos, incluyen a una mujer hondureña con una solicitud de asilo pendiente y que dará a luz a su cuarto hijo en octubre. Declaró ante el tribunal que la familia llegó a Estados Unidos tras ser blanco de las pandillas.

“No quiero que mi hijo viva con miedo y escondido. No quiero que sea blanco de las autoridades migratorias”, escribió. “Temo que nuestra familia corra el riesgo de ser separada”.

Otro demandante, un hombre de origen brasileño, lleva cinco años viviendo con su esposa en Florida. Su primer hijo nació en marzo y están en proceso de solicitar la residencia permanente legal por vínculos familiares: el padre de su esposa es ciudadano estadounidense.

“Mi bebé tiene derecho a la ciudadanía y a un futuro en Estados Unidos”, escribió.

___ Catalini informó desde Trenton, Nueva Jersey.

MIKE CATALINI cubre gobierno, elecciones y noticias, principalmente en Nueva Jersey, para The Associated Press. Se centra en la rendición de cuentas y en cómo las políticas afectan a la población.

Por  HOLLY RAMER y MIKE CATALINI

(Foto AP/Evan Vucci, Archivo)