GREENBELT, Maryland (AP) — Un juez federal en Maryland podría convertirse pronto en el segundo en bloquear la orden del presidente Donald Trump que restringe la ciudadanía por derecho de nacimiento y evitar que entre en vigor a nivel nacional, si un tribunal de apelaciones lo permitiera.

La jueza federal de distrito, Deborah Boardman, declaró el miércoles en un dictamen que otorgaría la categoría de demanda colectiva en nombre de todos los menores afectados por la orden y otorgaría una orden preliminar para bloquearla. Sin embargo, no emitió un fallo inmediato, señalando que una decisión previa suya para bloquear la orden se encontraba en apelación ante el Cuarto Tribunal de Circuito de EE. UU., y que dicho tribunal tendría que devolverle el caso.

Boardman dijo que un fallo inmediato de su parte “promovería la eficiencia y la economía judicial porque permitiría al Cuarto Circuito considerar los méritos de una orden judicial preliminar para todo el grupo más temprano que tarde”.

Un juez federal de New Hampshire emitió un fallo la semana pasada que prohíbe que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor en todo el país.

El juez federal de distrito Joseph LaPlante emitió una orden judicial preliminar y certificó una demanda colectiva que incluye a todos los menores afectados. La orden, dictada tras una audiencia de una hora, incluyó una suspensión de siete días para la apelación.

La decisión aceleró el proceso de la cuestión de la ciudadanía por nacimiento para que regrese a la Corte Suprema. Se podría solicitar a los jueces que determinen si la orden cumple con su decisión del mes pasado , que limitó la autoridad de los jueces para emitir órdenes judiciales a nivel nacional. El alto tribunal declaró que, por lo general, los jueces de distrito no pueden emitir órdenes judiciales a nivel nacional o universal. Sin embargo, no descartó que los jueces pudieran hacerlo mediante una demanda colectiva.

La orden de enero de Trump negaría la ciudadanía a los bebés nacidos de padres que viven en Estados Unidos ilegalmente o temporalmente.

Por  Associated Press

(Foto AP/José Luis Magaña, Archivo)

WASHINGTON (AP) — Diecisiete jueces de tribunales de inmigración han sido despedidos en los últimos días, según el sindicato que los representa, mientras el gobierno de Trump avanza con sus deportaciones masivas de inmigrantes en el país.

La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, que representa a jueces de tribunales de inmigración, así como a otros profesionales, informó en un comunicado de prensa que 15 jueces fueron despedidos sin causa el viernes y otros dos el lunes. El sindicato indicó que trabajaban en tribunales de 10 estados del país: California, Illinois, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Nueva York, Ohio, Texas, Utah y Virginia.

“Es indignante y contrario al interés público que, al mismo tiempo que el Congreso ha autorizado a 800 jueces de inmigración, estemos despidiendo a un gran número de jueces de inmigración sin causa justificada”, declaró Matt Biggs, presidente del sindicato. “Esto es absurdo. La solución es dejar de despedir y empezar a contratar”.

Los despidos se producen con los tribunales en el centro de los esfuerzos de la administración

Los despidos ocurren mientras los tribunales han estado cada vez más en el centro de los esfuerzos de aplicación de la línea dura de la inmigración por parte de la administración Trump, con oficiales de Inmigración y Control de Aduanas arrestando a inmigrantes cuando se presentan ante el tribunal para los procedimientos.

Una portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que es la parte del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales, dijo en un correo electrónico que la oficina no haría comentarios sobre los despidos.

Los arrestos a gran escala comenzaron en mayo y han sembrado el temor entre los solicitantes de asilo e inmigrantes que comparecen ante el tribunal. En lo que ya es una escena habitual , un juez concede la solicitud de un abogado del gobierno de desestimar el proceso de deportación contra un inmigrante. Mientras tanto, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. esperan en el pasillo para arrestar a la persona y acelerar su deportación en cuanto salga de la sala.

Los jueces de los tribunales de inmigración también lidian con una enorme acumulación de aproximadamente 3,5 millones de casos, que se ha disparado en los últimos años. Los casos pueden tardar años en llegar a una decisión final, y los jueces y abogados suelen programar audiencias finales sobre el fondo del caso con más de un año de anticipación. A diferencia de los tribunales penales, el gobierno no está obligado a proporcionar abogados a todos los que pasan por los tribunales de inmigración; los inmigrantes pueden contratar a su propio abogado, pero si no pueden costearlo, se representan a sí mismos, a menudo utilizando un intérprete para presentar su caso.

Senador alega que un despido es un castigo

El senador demócrata estadounidense Dick Durbin, de Illinois, afirmó que uno de los jueces despedidos estaba siendo esencialmente castigado por hablar con él durante una visita que el senador realizó hace unas semanas al Tribunal de Inmigración de Chicago.

En un comunicado de prensa emitido el martes, Durbin afirmó que la jueza "se tomó el tiempo de mostrarme el tribunal y explicarme sus funciones". Añadió que, tras la visita, la jueza recibió un correo electrónico del Departamento de Justicia en el que se le informaba que todas las comunicaciones con las oficinas del Congreso debían canalizarse a través de la sede central y que los jueces de inmigración no debían comunicarse directamente con los miembros del Congreso.

"Su despido abrupto es un abuso de poder por parte de la Administración para castigar a una jueza apolítica simplemente por hacer su trabajo", dijo Durbin, quien es el miembro de mayor rango del Comité Judicial del Senado.

Los tribunales están recibiendo una inyección de efectivo

Según la legislación recientemente aprobada, que destinará 170 000 millones de dólares a impulsar la aplicación de las leyes de inmigración, los tribunales recibirán una inyección de 3300 millones de dólares. Esta cantidad se destinará a aumentar el número de jueces a 800 y a contratar más personal para apoyarlos.

Sin embargo, el sindicato afirmó que, desde que la administración Trump asumió el cargo, más de 103 jueces han sido despedidos o han renunciado voluntariamente tras aceptar las llamadas ofertas de "bifurcación en el camino" al inicio de la administración. El sindicato señaló que, en lugar de acelerar el proceso judicial de inmigración, los despidos del Departamento de Justicia agravarían los retrasos. El sindicato indicó que reclutar, contratar y capacitar a nuevos jueces de tribunales de inmigración puede tardar hasta un año.

Actualmente hay unos 600 jueces, según cifras del sindicato. Los tribunales de inmigración dependen del Departamento de Justicia.

REBECCA SANTANA cubre el Departamento de Seguridad Nacional para The Associated Press. Tiene amplia experiencia reportando en lugares como Rusia, Irak, Afganistán y Pakistán.

(Foto AP/Eric Gay)

SAN DIEGO (AP) — El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ha tomado medidas para detener a muchas más personas que antes al recurrir a una autoridad legal para encarcelar a cualquiera que haya ingresado al país ilegalmente sin permitirle una audiencia de fianza.

Todd Lyons, director interino de ICE, escribió a sus empleados el 8 de julio que la agencia estaba revisando su autoridad, "extraordinariamente amplia e igualmente compleja", para detener a personas y que, con efecto inmediato, estas no serían elegibles para una audiencia de fianza ante un juez de inmigración . En cambio, no podrán ser liberadas a menos que el Departamento de Seguridad Nacional haga una excepción.

La directiva, reportada por primera vez por The Washington Post, señala un uso más amplio de una ley de 1996 para detener a personas a las que anteriormente se les había permitido permanecer libres mientras sus casos se procesan en el tribunal de inmigración.

Al ser solicitada el martes una declaración sobre el memorando, del cual The Associated Press obtuvo una copia, la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró: «El gobierno de Biden liberó peligrosamente a millones de inmigrantes ilegales sin antecedentes penales en el país, y utilizó numerosas lagunas legales para hacerlo. El presidente (Donald) Trump y la secretaria (Kristi) Noem están aplicando esta ley tal como fue redactada para mantener a Estados Unidos seguro».

McLaughlin afirmó que el ICE tendrá "mucho espacio para camas" tras la firma por parte de Trump de una ley que destina aproximadamente 170 mil millones de dólares a la aplicación de medidas migratorias y fronterizas. Esto sitúa al ICE al borde de un crecimiento vertiginoso, con una dotación de 76.5 mil millones de dólares en cinco años, casi 10 veces su presupuesto anual actual. Esto incluye 45 mil millones de dólares para detenciones.

Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, comenzó a recibir noticias de abogados de todo el país la semana pasada sobre la detención de clientes en tribunales de inmigración bajo la nueva directiva. Una persona detenida vivió en Estados Unidos durante 25 años.

Si bien no afectará a las personas que llegaron legalmente y se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, la iniciativa se aplicaría a cualquiera que haya cruzado la frontera ilegalmente, dijo Chen.

La administración Trump "ha actuado con gran rapidez para intensificar la política de detenciones masivas y detener al mayor número posible de personas sin ninguna revisión individualizada por parte de un juez. Esto convertirá a Estados Unidos en una nación que encarcela a la gente como si nada", declaró Chen.

Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, afirmó que el gobierno está "adoptando una interpretación draconiana del estatuto" para encarcelar a personas que hayan vivido en Estados Unidos durante décadas, no tengan antecedentes penales y tengan cónyuges, hijos y nietos ciudadanos estadounidenses. Su organización demandó al gobierno en marzo por lo que, según afirmó, era una práctica creciente entre los jueces de inmigración de Tacoma, Washington, de encarcelar a personas durante periodos prolongados y obligatorios.

Lyons escribió en su memorando que la detención era totalmente discrecional para el ICE, pero reconoció la probabilidad de una impugnación legal. Por ello, instó a los abogados del ICE a seguir recopilando pruebas para argumentar la detención ante un juez de inmigración, incluyendo el posible peligro para la comunidad y el riesgo de fuga.

El ICE tenía detenidas a unas 56.000 personas a finales de junio, cerca de un máximo histórico y por encima de su capacidad presupuestada de unas 41.000. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la nueva financiación permitirá una población diaria promedio de 100.000 personas.

En enero, Trump firmó la Ley Laken Riley , llamada así por el estudiante de enfermería de Georgia asesinado, que exige la detención de personas que se encuentran en el país ilegalmente y que son arrestadas o acusadas de delitos relativamente menores, entre ellos robo, hurto y hurto en tiendas, además de delitos violentos.

Por  ELLIOT SPAGAT

(Foto AP/Olga Fedorova, Archivo)

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema le permitió al presidente Donald Trump volver a poner en marcha su plan de desmantelar el Departamento de Educación y seguir adelante con el despido de casi 1.400 empleados.

Ante el voto disidente de los tres jueces liberales, el tribunal suspendió el lunes una orden del juez federal de distrito Myong Joun en Boston, quien emitió una orden preliminar que revoca los despidos y cuestiona el plan general. Los despidos "probablemente paralizarán al departamento", escribió Joun. Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden mientras la administración apelaba.

La acción del tribunal superior permite a la administración reanudar el trabajo para liquidar el departamento, una de las mayores promesas de campaña de Trump.

En una publicación del lunes por la noche en sus redes sociales, Trump afirmó que el Tribunal Supremo "ha otorgado una gran victoria a padres y estudiantes de todo el país". Añadió que la decisión permitirá a su administración iniciar el "importantísimo proceso" de devolver muchas de las funciones del departamento a los Estados Unidos.

El tribunal no explicó su decisión a favor de Trump, como es habitual en las apelaciones de emergencia. Sin embargo, en su voto discrepante, la jueza Sonia Sotomayor se quejó de que sus colegas estaban permitiendo acciones legalmente cuestionables por parte de la administración.

“Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley y luego cumple esa promesa, es deber del Poder Judicial controlar esa ilegalidad, no acelerarla”, escribió Sotomayor para ella misma y los jueces Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan.

El secretario de Educación elogia la decisión

La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo que es una "vergüenza" que haya sido necesaria la intervención de la Corte Suprema para permitir que el plan de Trump siga adelante.

“Hoy, la Corte Suprema confirmó nuevamente lo obvio: el Presidente de los Estados Unidos, como jefe del Poder Ejecutivo, tiene la máxima autoridad para tomar decisiones sobre los niveles de personal, la organización administrativa y las operaciones diarias de las agencias federales”, dijo McMahon en un comunicado.

Un abogado de las ciudades y grupos educativos de Massachusetts que demandaron por el plan dijo que la demanda continuará y agregó que ningún tribunal ha dictaminado aún que lo que la administración quiere hacer sea legal.

Sin explicar al pueblo estadounidense su razonamiento, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos han asestado un golpe devastador a la promesa de esta nación de brindar educación pública a todos los niños. En su expediente paralelo, la Corte ha decidido una vez más anular la decisión de dos tribunales inferiores sin argumentos, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.

La Corte Suprema le ha otorgado a Trump una victoria tras otra en su esfuerzo por reestructurar el gobierno federal, después de que tribunales inferiores determinaran que las acciones de la administración probablemente violan la ley federal. La semana pasada, los jueces allanaron el camino para el plan de Trump de reducir significativamente el tamaño de la fuerza laboral federal. En materia de educación, el alto tribunal ha permitido previamente que se sigan adelante los recortes en las becas para la formación docente.

Por otra parte, el lunes, más de 20 estados demandaron a la administración por miles de millones de dólares en fondos educativos congelados para cuidados después de la escuela, programas de verano y más.

Los empleados del Departamento de Educación están de licencia

Los empleados del Departamento de Educación que fueron objeto de despidos han estado en licencia paga desde marzo, según un sindicato que representa a parte del personal de la agencia.

La orden de Joun había impedido que el departamento los despidiera por completo, aunque a ninguno se le había permitido regresar a trabajar, según la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales Local 252. Sin la orden de Joun, los trabajadores habrían sido despedidos a principios de junio.

El Departamento de Educación había declarado a principios de junio que estaba evaluando activamente la reincorporación de los empleados. En un correo electrónico, el departamento les pidió que informaran si habían conseguido otro empleo, explicando que la solicitud tenía como objetivo facilitar una reincorporación al trabajo fluida e informada.

El caso actual involucra dos demandas consolidadas que dicen que el plan de Trump equivalía a un cierre ilegal del Departamento de Educación.

Una demanda fue interpuesta por los distritos escolares de Somerville y Easthampton en Massachusetts, junto con la Federación Americana de Maestros y otros grupos educativos. La otra acción legal fue interpuesta por una coalición de 21 fiscales generales demócratas.

Las demandas argumentaron que los despidos dejaron al departamento incapaz de llevar a cabo las responsabilidades requeridas por el Congreso, incluidos los deberes de apoyar la educación especial , distribuir ayuda financiera y hacer cumplir las leyes de derechos civiles .

MARK SHERMAN ha cubierto la Corte Suprema para The Associated Press desde 2006. Su carrera periodística abarca cinco décadas. Reside en Washington, D. C., y anteriormente vivió en Nueva York, París y Atlanta.

(Foto AP/J. Scott Applewhite, archivo)