Los abogados de derechos civiles que buscan una orden de restricción temporal contra un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida dicen que a los detenidos de "Alligator Alcatraz" se les ha prohibido reunirse con abogados, se encuentran detenidos sin cargos y que un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza.

Los abogados de inmigración argumentaron el lunes durante una audiencia virtual que se estaban violando los derechos constitucionales de los detenidos y que 100 detenidos ya habían sido deportados de “Alligator Alcatraz”.

A los abogados que se han presentado a las audiencias de fianza de los detenidos de “Alligator Alcatraz” se les ha dicho que el tribunal de inmigración no tiene jurisdicción sobre sus clientes, y los abogados de derechos civiles exigieron que los funcionarios federales y estatales identifiquen un tribunal de inmigración que tenga jurisdicción sobre los detenidos para que pueda comenzar a aceptar peticiones de fianza.

“Esta es una situación de emergencia”, declaró Eunice Cho, abogada de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), durante la audiencia en el tribunal federal de Miami. “Los agentes de 'Alligator Alcatraz' andan por ahí intentando obligar a la gente a firmar órdenes de deportación sin que puedan hablar con un abogado”.

Pero Nicholas Meros, abogado que representa al gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que la situación había evolucionado desde que se presentó la demanda de los grupos de derechos civiles el 16 de julio. Se habían habilitado salas de videoconferencia para que los detenidos pudieran hablar con sus abogados, y habían comenzado las reuniones en persona entre detenidos y abogados.

“Ha habido una serie de hechos que han cambiado”, dijo Meros durante la audiencia del lunes.

El juez federal de distrito Rodolfo Ruiz, designado por el presidente Donald Trump, no emitió un fallo inmediato. Solicitó a los abogados de derechos civiles que presentaran nuevamente su demanda para consolidar sus alegatos como una solicitud de medida cautelar, y fijó un calendario de presentaciones que culminará con una audiencia judicial presencial el 18 de agosto.

El juez advirtió que su función era brindar alivio ante cualquier violación constitucional comprobada y afirmó que "los intentos de convertir al tribunal en el guardián de 'Alcatraz Caimán' no se van a materializar aquí". El juez también permitió a los grupos de derechos civiles abogar por la publicación de cualquier acuerdo entre los gobiernos federal y estatal que demuestre quién tiene autoridad sobre el centro de detención, un tema turbio desde su apertura hace un mes.

Saber más sobre cualquier acuerdo "sería beneficioso para todas las partes, ya que el tribunal podría estar entrando en un callejón sin salida sobre la interacción entre las autoridades federales y estatales, y ciertamente sobre las cuestiones jurisdiccionales", dijo Ruiz. "Y eso es parte del problema: ¿quién hace qué en este centro?"

Esta es la segunda demanda que impugna el proyecto "Alligator Alcatraz". El mes pasado, grupos ambientalistas demandaron a funcionarios federales y estatales solicitando la detención del proyecto, construido en una pista de aterrizaje en pleno corazón de los Everglades de Florida , debido a que el proceso no cumplía con las leyes ambientales estatales y federales.

Los abogados del estado de Florida y del gobierno federal argumentaron en ambos casos que el distrito sur de la corte federal en Florida era la jurisdicción incorrecta, ya que la pista de aterrizaje se encuentra en el vecino condado de Collier, que forma parte del distrito central, a pesar de que la propiedad pertenece al condado de Miami-Dade. También argumentaron que la toma de decisiones se llevó a cabo en Tallahassee, que se encuentra en el distrito norte. Se programó para el miércoles una audiencia para determinar si la jurisdicción del distrito sur es adecuada en el caso ambiental.

“Todas las actividades que los demandantes alegan que perjudican sus intereses —construcción, pavimentación, detención— ocurrieron en el Distrito Medio, no en el Distrito Sur. Y todas las decisiones relevantes se tomaron en el Distrito Medio o en el Distrito Norte de Florida”, declararon el viernes los abogados del Departamento de Justicia de EE. UU. en un escrito presentado ante el tribunal para la demanda ambiental.

Los críticos han condenado la instalación como una amenaza cruel e inhumana para los detenidos, mientras que DeSantis y otros funcionarios estatales republicanos la han defendido como parte del impulso agresivo del estado para apoyar la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal .

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, elogió a Florida por presentar la idea, mientras el departamento busca expandir significativamente su capacidad de detención de inmigrantes.

En una conferencia de prensa en Panama City Beach el lunes, DeSantis dijo que esperaba que el ritmo de las deportaciones aumentara en las instalaciones.

“La realidad es que, si no apoyas el regreso a su país de origen de alguien que entró ilegalmente y ya ha sido declarado culpable de violar la ley y se ha ordenado su expulsión, si no apoyas eso, entonces estás a favor de una frontera abierta”, dijo DeSantis. “Lo rechazo. Así no es como un país puede funcionar”.

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MIKE SCHNEIDER cubre el censo, la demografía y Florida para The Associated Press. Autor del libro de 2023, "Mickey and the Teamsters".

(Foto AP/Alexandra Rodriguez)