MIAMI (AP) — Un juez federal escuchará argumentos el lunes sobre si a los detenidos en un centro de detención temporal de inmigrantes en los Everglades de Florida se les han negado sus derechos legales.

En la segunda de dos demandas que impugnan las prácticas en el centro conocido como "Alligator Alcatraz", abogados de derechos civiles solicitan una orden judicial preliminar para garantizar que los detenidos tengan acceso confidencial a sus abogados, algo que, según afirman, no ha sucedido. Las autoridades de Florida refutan esta afirmación.

Los abogados de derechos civiles también exigen que el juez federal de distrito Rodolfo Ruiz identifique un tribunal de inmigración con jurisdicción sobre el centro de detención para que se puedan presentar solicitudes de fianza o liberación de los detenidos. Los abogados afirman que las audiencias de sus casos han sido canceladas rutinariamente en los tribunales federales de inmigración de Florida por jueces que afirman no tener jurisdicción sobre los detenidos en los Everglades.

“La situación en 'Alligator Alcatraz' es muy diferente a lo que normalmente se concede en otras instalaciones de inmigración”, dijo el jueves Eunice Cho, abogada de la Fundación de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, durante una reunión virtual para preparar la audiencia del lunes en Miami.

Pero antes de ahondar en los asuntos centrales de los derechos de los detenidos, Ruiz ha dicho que quiere saber si la demanda se presentó en la jurisdicción correspondiente en Miami. Los demandados, tanto estatales como federales, han argumentado que, si bien la pista de aterrizaje aislada donde se construyó el centro es propiedad del condado de Miami-Dade, el distrito sur de Florida no es la jurisdicción adecuada, ya que el centro de detención se encuentra en el vecino condado de Collier, que se encuentra en el distrito central del estado.

El juez ha insinuado que algunas cuestiones pueden pertenecer a un distrito y otras al otro distrito, pero dijo que decidiría después de la audiencia del lunes.

"Creo que todos deberíamos estar preparados para que, antes de entrar en cualquier discusión real sobre medidas cautelares preliminares, al menos dediquemos algún tiempo a resolver las cuestiones de la sede", dijo Ruiz el jueves.

La audiencia sobre el acceso legal se produce mientras otro juez federal en Miami considera si la construcción y las operaciones en la planta deben detenerse indefinidamente debido al incumplimiento de las normas ambientales federales. El 7 de agosto, la jueza federal de distrito Kathleen Williams ordenó una suspensión de 14 días de las obras adicionales en el sitio mientras los testigos declaraban en una audiencia que concluyó la semana pasada. Williams ha dicho que planea emitir un fallo antes de que la orden expire a finales de esta semana.

Mientras tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la semana pasada que su administración se preparaba para abrir un segundo centro de detención migratoria, denominado "Depósito de Deportación", en una prisión estatal del norte de Florida. DeSantis justificó la construcción del segundo centro de detención argumentando que la administración del presidente Donald Trump necesita capacidad adicional para retener y deportar a más inmigrantes.

El estado de Florida ha refutado las afirmaciones de que los detenidos de "Alligator Alcatraz" no han podido reunirse con sus abogados. Los abogados del estado afirmaron que, desde el 15 de julio, cuando comenzaron las videoconferencias en el centro, el estado ha concedido todas las solicitudes de los detenidos para reunirse con un abogado, y las reuniones en persona comenzaron el 28 de julio. Los primeros detenidos llegaron a principios de julio.

Sin embargo, los abogados de derechos civiles afirmaron que, aunque se haya programado una reunión con sus clientes en el centro de detención, esta no ha sido privada ni confidencial, y es más restrictiva que en otros centros de detención migratoria. Añadieron que los retrasos en la programación y un requisito de notificación anticipada excesiva han obstaculizado su posibilidad de reunirse con los detenidos, violando así sus derechos constitucionales.

Abogados de derechos civiles afirmaron que los agentes están presionando a los detenidos celda por celda para que firmen órdenes de expulsión voluntaria antes de que se les permita consultar con sus abogados, y algunos detenidos han sido deportados a pesar de no tener órdenes de expulsión definitivas. Además de la propagación de una infección respiratoria y la inundación de sus tiendas de campaña por la lluvia, las circunstancias han alimentado un sentimiento de desesperación entre los detenidos, escribieron los abogados en un expediente judicial.

“A un detenido con discapacidad intelectual se le pidió que firmara un papel a cambio de una manta, pero luego fue deportado sujeto a expulsión voluntaria después de firmar, sin la posibilidad de hablar con su abogado”, dice el expediente.

El juez ha prometido una decisión rápida una vez realizada la audiencia.

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MIKE SCHNEIDER cubre el censo, la demografía y Florida para The Associated Press. Autor del libro de 2023, "Mickey and the Teamsters".

(Foto AP/Alexandra Rodríguez)

Por  DAVID FISCHER y MIKE SCHNEIDER

LOS ÁNGELES (AP) — Los estudiantes y maestros de Los Ángeles regresaron a clases el jueves para el nuevo año académico en medio de preocupaciones de que las escuelas podrían convertirse en objetivos de la agresiva ofensiva migratoria del gobierno de Trump después de un verano lleno de redadas.

En la Escuela Primaria de la Calle 93, en el sur de Los Ángeles, voluntarios del grupo activista Unión del Barrio patrullaban el vecindario temprano por la mañana para detectar cualquier actividad migratoria, y el personal que vestía chalecos de color naranja brillante dio a los niños (algunos caminando solos) una cálida bienvenida a medida que llegaban.

“Queremos asegurarnos de que… todos se sientan protegidos y que estamos observando y que cada estudiante pueda ingresar a nuestro edificio escolar”, dijo Ingrid Villeda, maestra y coordinadora comunitaria.

Mientras los niños jugaban en el patio de la escuela, no hubo informes de agentes federales en la zona.

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho, instó a las autoridades de inmigración a no realizar actividades de cumplimiento de la ley dentro de un radio de dos cuadras de las escuelas, comenzando una hora antes de que comience la jornada escolar y hasta una hora después de que terminen las clases.

Anunció varias medidas para proteger a los estudiantes y sus familias, incluyendo la modificación de las rutas de autobús para dar cabida a más estudiantes. El distrito también distribuirá paquetes de preparación familiar que incluyen información sobre sus derechos, información actualizada de contactos de emergencia y consejos para designar un cuidador suplente en caso de que un padre sea detenido .

Este extenso distrito, que abarca más de dos docenas de ciudades, es el segundo más grande del país, con más de 500.000 estudiantes. Unos 30.000 estudiantes son inmigrantes, y se estima que una cuarta parte de ellos se encuentran en situación irregular, según el sindicato de docentes.

La aplicación de medidas federales de inmigración cerca de las escuelas genera preocupación

Según la ley estadounidense, los niños tienen derecho a la educación independientemente de su estatus migratorio. Distritos escolares de todo el país han lidiado con la decisión de qué hacer si agentes federales llegan a los campus escolares, y algunos, como Los Ángeles y Oakland, se han declarado distritos "santuario".

Aunque los agentes de inmigración no han detenido a nadie dentro de una escuela, un niño de 15 años fue sacado de un automóvil y esposado afuera de Arleta High School en el norte de Los Ángeles el lunes, dijo Carvalho.

Tenía discapacidades significativas y fue liberado después de que un transeúnte intervino en el caso de “identidad equivocada”, dijo el superintendente.

“Este es exactamente el tipo de incidente que traumatiza a nuestras comunidades; no puede repetirse”, añadió.

Los administradores de dos escuelas primarias previamente negaron la entrada a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional en abril, y se ha visto a agentes de inmigración en vehículos afuera de las escuelas.

El DHS no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

Carvalho dijo que si bien el personal y los oficiales de policía del distrito no pueden interferir con la aplicación de las leyes de inmigración y no tienen jurisdicción más allá de la propiedad escolar, los agentes federales estacionados frente a las escuelas se han ido en el pasado después de conversar con el personal.

El distrito se está asociando con las fuerzas del orden en algunas ciudades y está formando una red de “respuesta rápida” para difundir información sobre la presencia de agentes federales, dijo.

Los educadores se preocupan por la asistencia

Los profesores dicen que les preocupa que algunos estudiantes no se presenten el primer día.

Lupe Carrasco Cardona, profesora de estudios sociales e inglés en el Roybal Learning Center, dijo que la asistencia disminuyó en enero cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo.

Y cuando las redadas se intensificaron en junio , las ceremonias de graduación se vieron afectadas. Una redada en un Home Depot cerca del Parque MacArthur, una zona con muchas familias inmigrantes de Centroamérica, tuvo lugar la misma mañana que una graduación de octavo grado en una escuela secundaria cercana.

“La gente lloraba. En la ceremonia de graduación, casi no había padres”, dijo Cardona.

Las redadas en el Valle Central de California en enero y febrero coincidieron con un aumento del 22% en las ausencias estudiantiles en comparación con los dos años escolares anteriores, según un estudio reciente del economista de la Universidad de Stanford, Thomas Dee, y Big Local News.

Una estudiante de 11° grado, que habló bajo la condición de que no se publicara su apellido porque está en el país sin permiso legal y teme ser atacada, dijo que tiene miedo de regresar a la escuela.

“En lugar de sentirme emocionada, lo que siento es preocupación”, dijo Madelyn, una joven centroamericana de 17 años. “Tengo muchísimo miedo y mucha presión”.

Ella dijo que toma el transporte público para ir a la escuela, pero teme que los agentes de inmigración la ataquen en el autobús debido al color de su piel.

“Somos simplemente jóvenes con sueños que queremos estudiar, salir adelante y aportar también a este país”, afirmó.

Madelyn se unió a un club que brinda apoyo y comunidad para estudiantes inmigrantes y dijo que tiene la intención de perseverar en ese trabajo.

“Planeo seguir apoyando a otros estudiantes que lo necesitan mucho, aunque tenga miedo”, afirmó.

Algunas familias que decidieron que el riesgo de las clases presenciales era demasiado grande optaron por el aprendizaje en línea, dijo Carvalho, y la inscripción virtual aumentó un 7% este año.

El distrito contactó a al menos 10,000 padres y visitó a más de 800 familias durante el verano para brindarles información sobre recursos como transporte y apoyo legal y financiero, y está desplegando a 1,000 trabajadores desde su oficina central el primer día de clases en "áreas críticas" que han sufrido redadas de inmigración.

“Queremos que nadie se quede en casa por miedo”, afirmó Carvalho.

Los periodistas de Associated Press Dorany Pineda en Los Ángeles y Sharon Lurye en Filadelfia contribuyeron a este artículo.

Jaimie Ding cubre noticias de última hora de California para The Associated Press. Se especializa en la aplicación de la ley y los tribunales, y reside en Los Ángeles.

(Foto AP/Marcio José Sánchez)

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — El gobierno del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se prepara para abrir un segundo centro de detención de inmigrantes, denominado "Depósito de Deportación", en una prisión estatal, mientras un juez federal decide el destino del centro de detención estatal para inmigrantes en una pista de aterrizaje aislada en los Everglades de Florida conocida como "Alligator Alcatraz".

DeSantis anunció el jueves que el nuevo centro se ubicará en la Institución Correccional Baker, una prisión estatal ubicada a unos 69 kilómetros (43 millas) al oeste del centro de Jacksonville. Se espera que tenga capacidad para 1300 personas en centros de detención de inmigrantes, aunque esa capacidad podría ampliarse a 2000, según informaron funcionarios estatales.

Después de abrir las instalaciones de Everglades el mes pasado, DeSantis justificó la construcción del segundo centro de detención diciendo que la administración del presidente Donald Trump necesita capacidad adicional para retener y deportar a más inmigrantes.

“Hay demanda para esto”, dijo DeSantis. “Estoy seguro de que se cubrirá”.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elogió los esfuerzos de los gobernadores republicanos para ampliar su capacidad de detención de inmigrantes y calificó la asociación de Florida como un modelo para otros centros de detención administrados por el estado.

DeSantis destacó la relativa facilidad y economía de instalar la instalación del norte de Florida en una prisión preexistente, estimando el costo de construcción en 6 millones de dólares. Esto se compara con los cientos de millones de dólares que el estado ha comprometido para construir la vasta red de tiendas de campaña y remolques en la instalación sur, en el remoto y agreste pantano de Florida.

“Esta parte de las instalaciones no se está utilizando actualmente para los presos estatales. Simplemente nos permite entrar y levantarla rápidamente y a bajo costo”, dijo DeSantis sobre la prisión estatal, describiendo el sitio como “listo para usar”.

Podrían necesitarse de dos a tres semanas para que las instalaciones estén operativas, según Kevin Guthrie, director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, la agencia a cargo de la construcción de las instalaciones de inmigración.

El estado había anunciado planes para cerrar “temporalmente” la prisión en 2021, debido a la persistente escasez de personal .

“Un edificio que ha estado inactivo durante un par de años enfrentará algunos desafíos imprevistos”, dijo Guthrie al estimar el cronograma de construcción.

Entre las renovaciones necesarias está el aire acondicionado, que no es un requisito según los estándares de Florida para sus prisiones, a pesar del clima sofocante del estado.

La Guardia Nacional de Florida dotará de personal el sitio

La dotación de personal en el sitio estará a cargo de la Guardia Nacional de Florida y contratistas estatales "según sea necesario", afirmó DeSantis. La Guardia Nacional estatal había sido convocada para ayudar en la gestión de las prisiones estatales durante más de dos años debido a la escasez crónica de personal, antes de ser movilizada para apoyar las medidas de control migratorio del estado.

DeSantis había planteado previamente planes para abrir un segundo centro de detención en un centro de entrenamiento cercano de la Guardia Nacional de Florida, conocido como Camp Blanding, a unos 48 kilómetros (30 millas) al suroeste de Jacksonville. Esta antigua instalación militar fue un importante centro de entrenamiento del Ejército de EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial y sirve como centro de "continuidad de gobierno" para el poder ejecutivo de Florida, según su sitio web.

Pero al anunciar los planes el jueves, DeSantis dijo que la instalación de Baker era más adecuada debido a su capacidad disponible y su proximidad a un aeropuerto regional.

“Blanding tiene capacidad aérea, pero probablemente no una pista lo suficientemente grande como para manejar aviones grandes”, dijo DeSantis.

La instalación de los Everglades enfrenta una demanda por derechos civiles

DeSantis prometió que los detenidos en la nueva instalación tendrán “los mismos servicios” que están disponibles en el primer centro de detención del estado.

Los abogados de los detenidos en el centro de detención Everglades han calificado las condiciones de deplorables, y en un expediente judicial han escrito que algunos detenidos presentan síntomas de COVID-19 sin estar separados de la población general. El agua de lluvia inunda sus tiendas de campaña y los agentes presionan celda por celda a los detenidos para que firmen órdenes de deportación voluntaria antes de que se les permita consultar con sus abogados.

“Las condiciones recientes en Alligator Alcatraz han alimentado un sentimiento de desesperación entre los detenidos”, dijeron los abogados en la presentación judicial.

Las condiciones en el centro de detención, construido apresuradamente, se describieron en un documento presentado el miércoles antes de una audiencia el lunes sobre los derechos legales de los detenidos. Abogados de derechos civiles exigen que el juez federal de distrito Rodolfo Ruiz garantice que los detenidos en el centro tengan acceso confidencial a sus abogados, algo que, según estos, no han tenido.

El estado de Florida refutó las afirmaciones de que los abogados de los detenidos no han podido reunirse con sus clientes. Desde el 15 de julio, cuando comenzaron las videoconferencias en el centro, el estado ha accedido a todas las solicitudes de los detenidos para reunirse con un abogado, y las reuniones en persona comenzaron el 28 de julio, según informaron las autoridades estatales. Los primeros detenidos llegaron a principios de julio.

Los abogados de los detenidos también pidieron al juez que identificara un tribunal de inmigración con jurisdicción sobre el centro de detención para que se puedan presentar solicitudes de fianza o liberación. Los abogados de derechos civiles afirman que se les ha dicho repetidamente que los tribunales federales de inmigración de Florida no tienen jurisdicción sobre los detenidos en los Everglades.

___ El periodista de Associated Press, Mike Schneider, desde Orlando, contribuyó a este informe. Kate Payne es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional sin fines de lucro que asigna periodistas a redacciones locales para informar sobre temas poco conocidos.

Kate Payne escribe sobre gobierno estatal y educación, y reside en Tallahassee, Florida. Es miembro del equipo de Report for America.

(Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

Esta imagen sin fecha, proporcionada por el Departamento Correccional de Florida, muestra la señalización de la Institución Correccional Baker, una prisión estatal a unos 69 kilómetros (43 millas) al oeste del centro de Jacksonville, Florida. (Departamento Correccional de Florida vía AP)

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Por  Kate Payne

WASHINGTON (AP) — La primera dama Melania Trump exigió que Hunter Biden se retracte de los comentarios que la vinculan con el traficante sexual Jeffrey Epstein y amenazó con demandarlo si no lo hace.

Trump discrepa de dos comentarios que Biden, hijo del expresidente Joe Biden, hizo en una entrevista este mes con el periodista estadounidense Andrew Callaghan. Callaghan alegó que Epstein presentó a la primera dama al ahora presidente Donald Trump.

Las declaraciones son falsas, difamatorias y "extremadamente escandalosas", escribió el abogado de Melania Trump, Alejandro Brito, en una carta a Biden. Las declaraciones de Biden se difundieron ampliamente en redes sociales y fueron reportadas por medios de comunicación de todo el mundo, lo que causó a la primera dama un daño financiero y reputacional abrumador, escribió.

Biden hizo los comentarios sobre Epstein durante una extensa entrevista en la que arremetió contra las “élites” y otros en el Partido Demócrata que, según él, socavaron a su padre antes de abandonar la campaña presidencial del año pasado.

“Epstein le presentó a Melania a Trump. Las conexiones son, digamos, muy amplias y profundas”, dijo Biden en uno de los comentarios que Trump rebate. Biden atribuyó la afirmación al autor Michael Wolff, a quien Trump menospreció en junio como un “reportero de tercera”. Ha acusado a Wolff de inventar historias para vender libros.

Las amenazas de la primera dama reflejan una estrategia predilecta de su esposo, quien ha recurrido agresivamente a los litigios para perseguir a sus críticos. Figuras públicas como los Trump se enfrentan a un alto nivel de exigencia para prosperar en una demanda por difamación.

El presidente y la primera dama han dicho durante mucho tiempo que fueron presentados por Paolo Zampolli, un agente de modelos, en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York en 1998.

La carta está fechada el 6 de agosto y fue reportada por primera vez el miércoles por Fox News Digital.

Abbe Lowell, un abogado que ha representado a Biden en sus casos penales y a quien está dirigida la carta de Brito, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles por la noche.

Esta historia se publicó por primera vez el 13 de agosto de 2025. Se actualizó el 14 de agosto de 2025 para corregir la ciudadanía del periodista Andrew Callaghan. Es estadounidense, no británico.

Jonathan J. Cooper es reportero de política nacional y reside en Phoenix. Anteriormente cubrió noticias y política en Arizona, California y Oregón.

Foto AP/Rod Lamkey,Jr)