WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará el miércoles la Ley Laken Riley como la primera pieza legislativa de su gobierno. La ley exige la detención y posible deportación de personas que están en Estados Unidos sin permiso de residencia y que sean acusadas de robo y crímenes violentos antes de que hayan sido condenadas.

La medida fue aprobada rápidamente por el Congreso controlado por los republicanos con algún apoyo demócrata, a pesar de que los defensores de los derechos de los inmigrantes la han criticado por ser lo suficientemente extrema como para posiblemente desencadenar redadas masivas de personas por delitos tan menores como el hurto menor.

Sin embargo, Trump ha hecho de la campaña prometida contra la inmigración ilegal, sin precedentes en la historia de la nación, un elemento central de su carrera política y ahora sugiere que la ley podría ser solo el comienzo.

“Esto muestra el potencial para nuevos proyectos de ley de seguridad que nos ayudarán a combatir a los extranjeros criminales y restaurar totalmente el Estado de derecho en nuestro país”, dijo el presidente en una conferencia de republicanos de la Cámara celebrada en su club de golf Doral en Florida.

La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia de 22 años que salió a correr en febrero de 2024 y fue asesinada por José Antonio Ibarra, un ciudadano venezolano que estaba en Estados Unidos sin permiso de residencia. Ibarra fue declarado culpable en noviembre y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.

“Tener un proyecto de ley de tanta importancia nombrado en su honor es un gran, gran homenaje”, dijo Trump. “Esta nueva forma de crimen, criminales ilegales, es — es masiva, los números son masivos y eso se suma al crimen que ya teníamos”.

La rapidez con la que la ley fue aprobada por el Congreso — y el hecho de que Trump se esté preparando para firmarla triunfalmente en la Casa Blanca rodeado de legisladores y otros invitados, apenas nueve días después de asumir el cargo — aumenta su potente simbolismo político para los conservadores. Los críticos dicen que la medida se aprovecha de una tragedia para desatar lo que en la práctica será caos y crueldad, y hace poco para combatir el crimen o reparar un sistema federal de inmigración anticuado que no ha sido revisado en décadas.

Según la Ley Laken Riley, los funcionarios federales están obligados a detener a cualquier inmigrante arrestado o acusado de delitos como robo o agresión a un agente de policía, así como por delitos que dejen muertos o heridos. Además, otorga competencias a los fiscales generales estatales para demandar al gobierno de Estados Unidos por daños causados por decisiones federales de inmigración federal, lo que podría hacer que los líderes de estados conservadores ayuden a dictar la política migratoria establecida por Washington.

Ibarra había sido arrestado por entrada ilegal en septiembre de 2022 cerca de El Paso, Texas, en medio de un aumento sin precedentes de las llegadas, y fue liberado para seguir su caso en la corte de inmigración. Funcionarios federales dicen que fue arrestado por la policía de Nueva York en agosto de 2023 por poner en peligro a un menor y después liberado. La policía dice que también fue sospechoso de robo en Georgia en octubre de 2023, todo lo cual ocurrió antes del asesinato de Riley.

“Esto es lo correcto”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, después de que la ley fuera aprobada por la Cámara. “Siempre es bueno cuando lo correcto también es lo popular”.

Sin embargo, algunos demócratas han cuestionado la constitucionalidad del proyecto. Los defensores de los inmigrantes se están preparando para detenciones masivas que, según dicen, supondrán una costosa construcción de centros de detención de inmigrantes para albergar a las personas arrestadas.

“No sólo celebran. Utilizan esto para su programa de deportación masiva”, dijo Naureen Shah, subdirectora de asuntos gubernamentales en la división de igualdad de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

La ACLU dice que la ley puede permitir que las personas sean “encerradas obligatoriamente — tal vez durante años — porque en algún momento de sus vidas, quizás hace décadas, fueron acusadas de delitos no violentos”.

Hannah Flamm, directora interina de políticas en el Proyecto de Asistencia al Refugiado Internacional, dijo que la ley viola los derechos fundamentales de los inmigrantes al permitir la detención de personas que no han sido acusadas, mucho menos condenadas, por delitos. Sin embargo, dijo, “El miedo latente del ciclo electoral de parecer indulgente con el crimen derivó en ayuda y complicidad para la equiparación total de Trump de la inmigración con el crimen”.

Flamm dijo que es probable que la ley sea impugnada en los tribunales por sus directrices de detenciones obligatorias, así como por otorgar capacidad legal a los fiscales generales estatales en casos y políticas de inmigración. Pero también predijo que la necesidad de pagar más centros de detención de inmigrantes dará a los defensores la oportunidad de impugnar cómo se asignan los fondos federales para cubrir esos costes.

“Creo que es fundamental entender que este proyecto de ley, presentado como relacionado con una muerte trágica, es un pretexto para fortalecer un sistema de deportación masiva”, dijo Flamm.

La firma de la Ley Laken Riley sigue a una serie de órdenes ejecutivas de la primera semana de Trump diseñadas para sellar mejor la frontera entre Estados Unidos y México y eventualmente avanzar hacia la deportación de millones de inmigrantes sin estatus legal permanente en Estados Unidos. El nuevo gobierno también ha cancelado el reasentamiento de refugiados y dice que podría intentar procesar a funcionarios locales que no acaten sus nuevas políticas migratorias.

“Estamos rastreando a los criminales extranjeros ilegales y los estamos deteniendo y los estamos largando de nuestro país”, dijo Trump. “No pedimos disculpas, y estamos avanzando muy rápido”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

WILL WEISSERT

Weissert covers national politics and the White House for The Associated Press. He is based in Washington.

(AP Foto/Mike Stewart, Archivo)

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — Los legisladores de Florida aprobaron el martes un amplio proyecto de ley de inmigración, reservando 500 millones de dólares en fondos públicos para ayudar a llevar a cabo la ofensiva del presidente Donald Trump contra aquellos que están en el país ilegalmente.

En un estado donde aproximadamente uno de cada cinco residentes es inmigrante, la legislación requeriría que todos los niveles de gobierno, así como los contratistas gubernamentales, cooperen con las autoridades migratorias federales "en la mayor medida posible".

Tras más de cuatro horas de deliberaciones el martes, la legislatura de Florida, dominada por los republicanos, aprobó la medida en gran medida siguiendo líneas partidistas. La aprobación genera un enfrentamiento entre el gobernador republicano Ron DeSantis y los líderes legislativos estatales, que han discutido sobre qué propuestas implementarían mejor la ofensiva migratoria de Trump. DeSantis ha calificado el proyecto de ley de "débil".

“El objetivo de este proyecto de ley es ayudar al presidente Trump a hacer su trabajo”, dijo el senador republicano Gruters, uno de los patrocinadores del proyecto de ley y aliado de Trump, quien dijo que habló con el presidente mientras dirigía la medida. “Quiere la máxima coordinación con el gobierno local”.

Los legisladores aprobaron el proyecto de ley de más de 80 páginas, titulado Tackling and Reforming Unlawful Migration Policy (Ley TRUMP), en una sesión especial, cuando es más difícil para el público participar en el proceso legislativo. Los legisladores republicanos presentaron el proyecto de ley después de rechazar las propuestas de inmigración de DeSantis, un reproche al gobernador saliente que alguna vez fue propuesto como sucesor de Trump.

Cabe destacar que un republicano en la Cámara de Representantes y seis en el Senado votaron en contra de la medida, con lo que el proyecto de ley no logró una mayoría a prueba de veto.

“Aprecio el intento”, dijo el senador republicano Blaise Ingoglia, aliado del gobernador. “No puedo votar a favor de esto porque no es ni de lejos lo suficientemente fuerte para mi gusto”.

Antes del debate del martes, el presidente del Senado, Ben Albritton, y el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, anunciaron disposiciones adicionales, después de que “solicitaron y recibieron asistencia técnica de la Administración Trump”, dijeron los líderes.

Las ementas enmiendas incluían el aumento de las penas para todos los delitos cometidos en el estado por personas que se encuentran en el país ilegalmente y exige que los condenados por delitos capitales reciban la pena de muerte. Pero los patrocinadores republicanos se negaron a incluir algunas de las disposiciones de DeSantis, como las restricciones al envío de dinero al exterior por parte de personas que se encuentran en el país ilegalmente y una medida que habría creado una presunción legal de que las personas que se encuentran en el país ilegalmente representan un riesgo de fuga.

Ahora DeSantis debe sopesar si firma una propuesta que ha criticado públicamente por ser “inútil” y “diluida” o si la veta. También podría negarse a firmar el proyecto de ley, lo que permitiría que se convierta en ley.

La medida aprobada por los legisladores el martes crearía una nueva oficina estatal de control de inmigración con más de 140 empleados bajo la dirección de un nuevo director de inmigración, un puesto que sería ocupado por el comisionado de agricultura del estado, y cedería poderes de emergencia de control de inmigración del gobernador al oficial de inmigración del estado.

El proyecto de ley destina 100 millones de dólares a subvenciones para agencias policiales locales destinadas a capacitación, equipamiento y reembolso por el alquiler de centros de detención al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Asigna otros 375 millones de dólares para financiar la cooperación del estado con el gobierno federal, incluidos los esfuerzos relacionados con un programa que delega en las fuerzas policiales locales tareas que normalmente desempeñan los agentes del ICE. También reserva 25 millones de dólares para dar bonificaciones de 1.000 dólares a los agentes policiales locales que cooperan con el gobierno federal.

Los demócratas presionaron repetidamente a los patrocinadores del proyecto de ley sobre el lenguaje que requiere que los empleados del gobierno “cooperen en la mayor medida posible” con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

“Si realmente no queremos que nuestros (agentes de recursos escolares), nuestros trabajadores sociales y nuestros maestros definan por sí mismos cuál debe ser el alcance máximo de su cooperación, entonces debemos definir eso”, dijo la representante demócrata Christine Hunchofsky.

Gruters dijo que el proyecto de ley tiene como objetivo exigir más cooperación de los funcionarios locales que administran cárceles y centros de detención, no una aplicación de la ley “a nivel de calle”. Pero reconoció que eso podría cambiar con las prioridades federales.

El proyecto de ley también derogaría una ley estatal de hace una década que permite a los estudiantes de Florida que se encuentran en el país sin permiso legal calificar para la matrícula estatal en colegios y universidades públicas, que a partir del año fiscal 2023-2024 beneficiaron a unos 6.500 estudiantes. En una señal de cuánto ha cambiado la política de inmigración del estado en los últimos años, la medida de la matrícula fue patrocinada en 2014 por el ahora vicegobernador del estado, un republicano de Miami.

“Les imploro hoy que recuerden las inquietantes y desafiantes palabras de nuestra vicegobernadora cuando dijo: 'Es lo correcto'”, dijo el senador demócrata Darryl Rouson a sus colegas en el pleno del Senado. “¿Y qué ha cambiado desde entonces, excepto la actitud hacia los inmigrantes?”

El representante demócrata José Álvarez, quien nació en Cuba y fue traído a Estados Unidos por sus padres, fue más contundente.

“Todos ustedes deberían estar avergonzados de sí mismos”, dijo a los legisladores durante una audiencia sobre el proyecto de ley, y agregó: “Este país no fue creado para esto”.

La disposición que otorga poder al comisionado de agricultura del estado como director de inmigración ha irritado a DeSantis, quien dijo que "es casi como el zorro cuidando el gallinero" porque la industria agrícola no ha "sido conocida por la aplicación de las leyes de inmigración".

En sus comentarios finales, el presidente Pérez pareció asentir ante la presión que han enfrentado los republicanos por parte del gobernador y sus aliados.

“Amenazar a los demás para conseguir lo que uno quiere no es liderazgo, es inmadurez”, dijo Pérez. “Les voy a pedir que ignoren el melodrama y se concentren en el trabajo que tenemos que hacer”.

Florida se encuentra entre los muchos estados liderados por ambos partidos que responden a la agenda de inmigración de Trump, incluido Tennessee, que comenzó su propia sesión especial el lunes en parte para abordar el tema.

___ La periodista de Associated Press Stephany Matat en West Palm Beach contribuyó a este informe. Kate Payne es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas poco conocidos.

Kate Payne

Payne escribe sobre el gobierno estatal y la educación y vive en Tallahassee, Florida. Es miembro del equipo de Report for America.

(Foto AP/Marta Lavandier)

WASHINGTON (AP) — El activismo antivacunas de Robert F. Kennedy Jr. está fuera de lo convencional. Sus declaraciones anteriores sobre el aborto podrían alejar a los republicanos. Pero según una nueva encuesta, no todos sus objetivos de salud controvertidos son impopulares; de hecho, al menos uno tiene un amplio apoyo entre demócratas y republicanos.

A medida que comienzan las audiencias de confirmación de Kennedy en el Senado, su candidatura para convertirse en el principal funcionario de salud de la nación podría depender de cuán firmemente se adhiera a estas creencias personales durante los interrogatorios. Ya ha suavizado algunas de las opiniones que ha mantenido durante mucho tiempo.

Kennedy enfrenta cierto escepticismo por parte del público, según una nueva encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. Solo alrededor de 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos aprueban que el presidente Donald Trump lo nomine como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Alrededor de 4 de cada 10 lo desaprueban, mientras que cerca de una cuarta parte son neutrales o no saben lo suficiente para opinar.

Pero también tiene puntos fuertes. La elección de Kennedy por parte de Trump es especialmente popular entre los republicanos: alrededor de 6 de cada 10 aprueban, en comparación con cerca de 1 de cada 10 demócratas. Y aunque muchos estadounidenses no están de acuerdo con algunas de las posturas más controvertidas de Kennedy sobre la salud —entre ellas, las creencias sobre reevaluar las recomendaciones de vacunación infantil y cambiar las directrices sobre el flúor en el agua potable y el consumo de leche cruda— algunas de sus otras posturas, como reformular los alimentos procesados, son ampliamente populares.

Esto es lo que muestra la encuesta de AP-NORC sobre cuáles de las prioridades de Kennedy probablemente serán populares entre los adultos estadounidenses y cuáles podrían no ser tan bien recibidas.

Mayor oposición a reevaluar las vacunas ampliamente utilizadas

Desde hace mucho tiempo, Kennedy ha sido un escéptico de las vacunas, y él y Trump han afirmado falsamente que las vacunas infantiles son peligrosas y están vinculadas a tasas crecientes de autismo. Su oposición a las vacunas es amplia, y ha dicho que “no hay vacuna que sea segura y efectiva”.

La encuesta de AP-NORC sugiere que reevaluar las recomendaciones de vacunas sería impopular entre muchos estadounidenses.

Alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses se oponen “fuertemente” o “algo” a reconsiderar las recomendaciones del gobierno sobre las vacunas ampliamente utilizadas, como la vacuna contra la influenza, y alrededor de 3 de cada 10 están a favor. Cerca de 3 de cada 10 estadounidenses son neutrales.

Los republicanos son más propensos que los demócratas a estar a favor de reconsiderar las recomendaciones gubernamentales para las vacunas ampliamente utilizadas, aunque su apoyo no es abrumador. Alrededor de 4 de cada 10 republicanos están a favor de reevaluar las recomendaciones de vacunas, en comparación con alrededor de 2 de cada 10 demócratas.

Amplio apoyo a las restricciones en ingredientes de alimentos procesados

Una de las ideas de Kennedy es popular en general: eliminar algunos químicos de los alimentos procesados. Kennedy se ha comprometido a prohibir ciertos aditivos alimentarios y a tomar medidas enérgicas contra los alimentos ultraprocesados, vinculados a altas tasas de obesidad y diabetes.

Alrededor de dos tercios de los estadounidenses están “algo” o “fuertemente” a favor de restringir o reformular los alimentos procesados para eliminar ingredientes como el azúcar añadido o los colorantes. Esta es un área en la que demócratas y republicanos están de acuerdo: alrededor de 7 de cada 10 miembros de cada grupo están a favor de las restricciones.

El apoyo es particularmente alto entre los adultos estadounidenses con un ingreso familiar más alto, aunque las investigaciones de los Institutos Nacionales de la Salud han indicado que los alimentos ultraprocesados se consumen a tasas más altas en grupos de bajos ingresos. Aproximadamente 8 de cada 10 adultos con un ingreso familiar de 100.000 dólares o más por año apoyan las restricciones, en comparación con cerca de la mitad de los estadounidenses con un ingreso familiar de 30.000 dólares o menos.

Mayor oposición a eliminar las restricciones a la leche cruda

Kennedy indicó antes de las elecciones que estaría dispuesto a poner fin a la “supresión agresiva” de la leche cruda por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos. La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han calificado a la leche cruda como uno de los alimentos “más riesgosos” que las personas pueden consumir debido a la posibilidad de contaminación.

Esta es una propuesta para la que tendría que convencer al público. Alrededor de 4 de cada 10 adultos estadounidenses se oponen “fuertemente” o “algo” a eliminar las restricciones sobre la venta de leche no pasteurizada o cruda. Aproximadamente 2 de cada 10 estadounidenses están a favor de esta idea, siendo los republicanos más propensos que los demócratas a apoyarla. Pero incluso los republicanos están divididos: alrededor de 3 de cada 10 están a favor, mientras que cerca de 3 de cada 10 están en contra.

Apoyo general a que Medicare y Medicaid cubran los medicamentos para perder peso

Kennedy ha criticado los medicamentos recetados para perder peso, como Ozempic, diciendo que una alimentación de mejor calidad podría resolver el problema de la obesidad en Estados Unidos, pero en diciembre cambió de opinión, diciendo que los medicamentos “tienen un lugar” para asegurar que las personas no sufran obesidad, además de los cambios en el estilo de vida.

Los estadounidenses consideran a los medicamentos para perder peso como una buena solución para los adultos con obesidad. Alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses dicen que es “muy bueno” o “algo bueno” que los adultos usen medicamentos para perder peso si luchan contra la obesidad o con una condición de salud relacionada con el peso excesivo. Y aproximadamente la mitad también está a favor de que Medicare y Medicaid cubran el costo de estos medicamentos si se recetan para la pérdida de peso en personas con obesidad.

Mayor oposición a la eliminación del flúor en el agua potable

Kennedy ha dicho que quiere que el gobierno federal aconseje a los gobiernos locales en contra de añadir flúor a su agua potable. Los CDC han dicho que la adición de flúor en pequeñas cantidades al agua potable ayuda a prevenir las caries y el deterioro dental.

Hay más estadounidenses en contra que a favor de eliminar el flúor del agua potable, pero muchos no tienen una opinión sobre el tema, dejando espacio para cambios en cualquier dirección. Alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses se oponen a eliminar el flúor del suministro de agua, y cerca de una cuarta parte están a favor. Un tercio adicional es neutral, diciendo que no están ni a favor ni en contra. Alrededor de un tercio de los independientes y republicanos están a favor, en comparación con alrededor de 2 de cada 10 demócratas.

La idea de eliminar el flúor del agua potable es particularmente impopular entre los adultos de 60 años o más, y los datos sugieren que los estadounidenses más jóvenes podrían estar más abiertos a ella. Cerca de la mitad de los adultos de 60 años o más se oponen a eliminar el flúor del agua, en comparación con aproximadamente 4 de cada 10 adultos de entre 30 y 59 años. Solo alrededor de 2 de cada 10 adultos menores de 30 años se oponen a ello.

Las opiniones de Kennedy sobre el aborto podrían chocar con las de los republicanos

Kennedy ha expresado anteriormente su apoyo al derecho al aborto, lo cual contradice las creencias de muchos de los legisladores republicanos que necesitarán confirmarlo en su puesto, aunque ha dicho que seguirá las directrices de Trump sobre el tema.

Kennedy está en una especie de encrucijada en el tema. Alrededor de 6 de cada 10 votantes en las elecciones de noviembre dijeron que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, según AP VoteCast, una encuesta de más de 120.000 votantes. Cerca de un tercio dijo que debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos. Pero al igual que los senadores republicanos que lo interrogarán, los votantes conservadores ven el tema de manera diferente. Entre los votantes republicanos, aproximadamente 6 de cada 10 dijeron que el aborto debería ser ilegal en al menos “la mayoría” de los casos, y solo alrededor de 4 de cada 10 dijeron que debería ser mayormente legal.

La encuesta AP-NORC realizada entre 1.147 adultos se realizó entre el 9 y el 13 de enero, con una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más menos 3,9 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LINLEY SANDERS

Sanders is a polls and surveys reporter for The Associated Press. She develops and writes about polls conducted by The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, and works on AP VoteCast.

(AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo)

WASHINGTON (AP) — Un juez federal bloqueó temporalmente el martes un intento del presidente Donald Trump de pausar el financiamiento federal mientras su gobierno realiza una revisión ideológica generalizada para erradicar iniciativas progresistas.

La orden coronó el día más caótico para el gobierno de Estados Unidos desde que Trump regresó al cargo, con la incertidumbre sobre un salvavidas financiero crucial causando pánico y confusión entre estados, escuelas y organizaciones que dependen de billones de dólares de Washington.

El juez federal de distrito Loren L. AliKhan bloqueó la congelación de fondos sólo minutos antes de que entrara en vigor. La suspensión administrativa, motivada por una demanda interpuesta por grupos sin fines de lucro que reciben dinero federal, durará hasta el lunes por la tarde. Está prevista otra audiencia judicial para esa mañana para considerar el asunto.

La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato sobre la orden, que deja sin resolver un posible conflicto constitucional sobre el control del dinero de los contribuyentes. Los demócratas que han luchado por ganar terreno durante el segundo mandato de Trump atacaron al presidente republicano, describiendo sus acciones como caprichosas e ilegales.

Los funcionarios de la administración dijeron que la decisión de suspender los préstamos y las subvenciones era necesaria para garantizar que el gasto cumpla con la reciente serie de órdenes ejecutivas de Trump . El presidente republicano quiere aumentar la producción de combustibles fósiles , eliminar las protecciones para las personas transgénero y poner fin a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión.

Pero un memorando redactado de forma imprecisa emitido por la Oficina de Administración y Presupuesto, combinado con respuestas incompletas de la Casa Blanca a lo largo del día, dejó a los legisladores, funcionarios públicos y estadounidenses promedio luchando por determinar qué programas se verían afectados por la pausa. Incluso las interrupciones temporales en la financiación podrían causar despidos o demoras en los servicios públicos.

“Esto surgió de la nada”, dijo David Smith, portavoz del Distrito Escolar Shawnee Mission en Kansas, uno de los innumerables distritos que reciben fondos federales. Ahora están tratando de averiguar qué significa “basándose en cero información”.

Los demócratas argumentaron que el presidente no tenía derecho a dejar de gastar unilateralmente el dinero asignado por el Congreso. Apenas minutos después de que AliKhan tomara su decisión, los fiscales generales demócratas de 22 estados y el Distrito de Columbia presentaron su propia demanda con el fin de bloquear y evitar permanentemente que la administración cortara el financiamiento federal.

“No hay duda de que esta política es imprudente, peligrosa, ilegal e inconstitucional”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

AliKhan, quien fue designada por el presidente Joe Biden, cuestionó hasta qué punto se habían precisado los detalles de la congelación de fondos cuando emitió su orden.

“Parece que el gobierno federal actualmente no conoce el alcance total de los programas que estarán sujetos a la pausa”, dijo.

Jessica Morton, abogada del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, que presentó la demanda, dijo que el grupo tiene decenas de miles de miembros en todo el país que podrían verse afectados.

“Nuestros clientes han informado que están extremadamente preocupados por tener que cerrar incluso si hay una breve pausa”, dijo Morton.

El abogado del Departamento de Justicia, Daniel Schwei, argumentó que el congelamiento no debería suspenderse porque los demandantes no habían especificado a nadie que perdería financiación inmediatamente si entraba en vigor.

Los funcionarios de la administración Trump dijeron que los programas que brindan asistencia directa a los estadounidenses no se verían afectados, como Medicare, la Seguridad Social, los préstamos estudiantiles y los cupones de alimentos. Pero a veces tuvieron dificultades para brindar un panorama claro.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, inicialmente no dijo si Medicaid estaba exento de la congelación, pero la administración luego aclaró que así era.

Aunque Trump había prometido que si era elegido para un segundo mandato pondría a Washington patas arriba, los efectos de su intento de suspender la financiación se estaban sintiendo lejos de la capital del país. Organizaciones como Meals on Wheels, que recibe dinero federal para entregar comida a los ancianos, estaban preocupadas por la posibilidad de que les cortaran el suministro.

“La falta de claridad y la incertidumbre en este momento están creando caos”, dijo la portavoz Jenny Young. Agregó que “las personas mayores pueden entrar en pánico al no saber de dónde vendrán sus próximas comidas”.

La Fundación Nacional de la Ciencia pospuso esta semana los paneles para revisar las solicitudes de subvenciones. Los funcionarios de Prichard, Alabama, temían no recibir fondos de infraestructura para reparar su sistema de agua potable que presentaba fugas. Los líderes republicanos de Luisiana dijeron que estaban "buscando claridad" para asegurarse de que nada "pusiera en peligro la estabilidad financiera del estado".

“Las acciones de Trump causarían estragos en las comunidades republicanas y demócratas de todo el mundo”, dijo la senadora Patty Murray de Washington, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado. “Estamos hablando de nuestros pequeños pueblos, nuestras ciudades, nuestros distritos escolares”.

El alcance completo de la revisión del gobierno se detalló en una planilla de 51 páginas enviada a las agencias federales y vista por The Associated Press. Cada línea era una iniciativa gubernamental diferente, desde la seguridad en las piscinas hasta el desarrollo de la fuerza laboral tribal y la educación especial.

Los funcionarios recibieron instrucciones de responder una serie de preguntas con respuesta afirmativa o negativa para cada elemento de la lista, entre ellas, “¿este programa promueve la ideología de género?” o “¿este programa promueve o apoya de alguna manera el aborto?”. Las respuestas deben entregarse antes del 7 de febrero.

Es posible que se estén revisando billones de dólares. También se supone que se suspenderán las subvenciones que se han otorgado pero no se han gastado si pueden violar alguna de las órdenes ejecutivas de Trump.

“El uso de recursos federales para promover la equidad marxista, el transgenerismo y las políticas de ingeniería social del New Deal Verde es un desperdicio de dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos”, escribió Matthew Vaeth, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, en un memorando distribuido el lunes.

Vaeth escribió que “cada agencia debe completar un análisis exhaustivo de todos sus programas de asistencia financiera federal para identificar programas, proyectos y actividades que puedan verse implicados en cualquiera de las órdenes ejecutivas del Presidente”. También escribió que la pausa debería implementarse “en la medida en que lo permita la ley aplicable”.

La pausa en las subvenciones y préstamos estaba prevista que entrara en vigor a las 5 p.m. EST, justo un día después de que las agencias fueran informadas de la decisión.

Leavitt, quien celebró su primera reunión informativa en la Casa Blanca el martes, dijo que la administración estaba tratando de ser "buenos administradores" del dinero público al asegurarse de que no hubiera "más fondos para el transgenerismo y la conciencia pública".

Ella negó que Trump estuviera desafiando deliberadamente al Congreso para establecer su dominio sobre el presupuesto federal.

“Sólo está tratando de garantizar que el dinero de los impuestos que sale por la puerta de esta ciudad en quiebra realmente se alinee con la voluntad y las prioridades del pueblo estadounidense”, dijo.

El intento de implementar una pausa en la financiación es el último ejemplo de cómo Trump está aprovechando su poder sobre el sistema federal para promover sus objetivos conservadores. A diferencia de lo que ocurrió durante su primer mandato, cuando Trump y muchos miembros de su círculo íntimo no estaban familiarizados con Washington, esta vez está metiendo la mano en la burocracia.

Por ejemplo, a los empleados federales se les pide que denuncien a sus colegas si intentan continuar con iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

“Están impulsando la agenda del presidente desde abajo”, dijo Paul Light, experto en el gobierno federal y profesor emérito de servicio público en la Universidad de Nueva York.

También dijo que hay riesgos en el enfoque de Trump, especialmente con tantos votantes que dependen de Washington.

"No se puede simplemente insistir, insistir y insistir", dijo Light. "Hay que cumplir".

Los temores de interrupción de los servicios gubernamentales se exacerbaron cuando los estados informaron problemas con el portal de financiación de Medicaid, donde los funcionarios solicitan reembolsos por brindar atención médica a los residentes pobres.

Los demócratas condenaron a la administración Trump, vinculando el tema con la pausa en la financiación.

Pero Leavitt dijo que el portal volvería a estar en línea pronto.

“Hemos confirmado que no se han visto afectados los pagos, que todavía se están procesando y enviando”, publicó en las redes sociales. La Casa Blanca no ofreció ninguna explicación sobre el problema.

Los periodistas de Associated Press JoNel Aleccia, Moriah Balingit, Collin Binkley, Matthew Daly, Lisa Mascaro, Adithi Ramakrishnan, Amanda Seitz, Michael Sisak y Tammy Weber contribuyeron a este informe.

Chris Megerian

Megerian cubre la Casa Blanca para The Associated Press. Anteriormente escribió sobre la investigación de Rusia, el cambio climático, la aplicación de la ley y la política en California y Nueva Jersey.

LINDSAY WHITEHURST

Whitehurst cubre la Corte Suprema, asuntos legales y justicia penal para The Associated Press en Washington, DC. Sus paradas anteriores incluyen Salt Lake City, Nuevo México e Indiana.

(Foto AAP/Mark Schiefelbein)