EFFERSON CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los anuncios que promueven una medida que se votará en noviembre para legalizar las apuestas deportivas en Missouri destacan la posibilidad de que se destinen millones de dólares de impuestos nuevos a las escuelas. Si los votantes aprueban la medida, es muy probable que vean aún más anuncios que ofrecen promociones especiales para los apostadores.

Muchos de esos costos promocionales (en los que las casas de apuestas ofrecen créditos similares a dinero en efectivo para que los clientes realicen apuestas) estarán exentos de impuestos estatales, lo que efectivamente limitará los nuevos ingresos para la educación.

La medida electoral de Missouri resalta un debate emergente entre los responsables políticos sobre cómo gravar la industria en rápido crecimiento, que se ha extendido de un estado (Nevada) a 38 estados y Washington, DC, desde que la Corte Suprema de Estados Unidos abrió la puerta a las apuestas deportivas legalizadas en 2018.

“Es una industria incipiente”, dijo Brent Evans, profesor adjunto de finanzas en Georgia College & State University, que ha impartido clases sobre juegos de azar. “Por eso, nadie sabe realmente qué es un impuesto razonable”.

Desde que se autorizaron las apuestas deportivas , Illinois, Ohio, Tennessee y Washington, DC, ya han aumentado o reestructurado sus tasas impositivas. Y Colorado y Virginia han reducido las deducciones impositivas que permitían originalmente.

Las tasas impositivas varían desde un mínimo del 6,75% en estados como Iowa hasta el 51% en estados como Nueva York . Esa brecha impositiva es aún mayor, porque Iowa permite que las apuestas promocionales se deduzcan de los ingresos imponibles, mientras que Nueva York no lo permite.

Aproximadamente la mitad de los estados permiten deducciones fiscales por los gastos de promoción. Es una forma habitual de incitar a la gente a empezar a hacer apuestas (o a seguir haciéndolo), pero a corto plazo también puede reducir los ingresos fiscales disponibles para los gobiernos y las escuelas.

La tasa impositiva del 10% propuesta por Missouri sobre los ingresos por apuestas deportivas es inferior al promedio nacional del 19% que las casas de apuestas pagaron a los estados el año pasado. Debido a las deducciones por “juego gratis”, podría haber algunos meses en los que las casas de apuestas no le deban nada al estado. La enmienda constitucional propuesta por Missouri reconoce esa posibilidad, al establecer que los saldos negativos pueden trasladarse de un mes al siguiente hasta que los ingresos aumenten lo suficiente como para adeudar impuestos.

A diferencia de lo que ocurre en algunos estados, la enmienda de Missouri limita la cantidad de créditos promocionales que se pueden deducir de los ingresos imponibles al 25% de todas las apuestas. Pero parece poco probable que ese límite entre en vigor. Un análisis realizado por la consultora Eilers & Krejcik Gaming para los partidarios de la enmienda proyecta que las apuestas promocionales representarán alrededor del 8% de las apuestas totales en el primer año de apuestas deportivas en Missouri, y que luego disminuirán.

La propuesta de Missouri “está muy en línea con lo que ha funcionado y ha sido efectivo en otros estados”, dijo Jack Cardetti, portavoz de Winning for Missouri Education, el grupo que respalda la medida.

Después de que los votantes aprobaran la medida por un estrecho margen, Colorado lanzó las apuestas deportivas en 2020 con una tasa impositiva del 10% y deducciones completas para las apuestas promocionales. Registró $2.7 mil millones de apuestas totales durante su primer año fiscal completo, lo que generó $8.1 millones en impuestos, apenas por debajo de las proyecciones legislativas. Pero Colorado cambió su ley a partir de 2023 para limitar las deducciones fiscales promocionales al 2.5% del total de las apuestas, disminuyendo gradualmente al 1.75% para julio de 2026.

Desde entonces, los ingresos fiscales por apuestas deportivas de Colorado han aumentado a más de 30 millones de dólares en su último año fiscal. Ese crecimiento llevó a los legisladores a presentar una propuesta en la boleta electoral de noviembre solicitando permiso para que el estado conserve más del límite original de 29 millones de dólares en ingresos fiscales por apuestas deportivas.

Limitar las deducciones fiscales por apuestas promocionales es una buena medida, dijo Richard Auxier, asociado principal de políticas en el Tax Policy Center, una organización sin fines de lucro. Pero se pregunta por qué algunos estados las eximen de impuestos en primer lugar.

“No damos muestras gratis de cannabis cuando un estado legaliza el cannabis”, dijo Auxier. “¿Es esto algo que quieren subsidiar a través de su política fiscal estatal para alentar a la gente a jugar?”

La enmienda de Missouri se incluyó en la boleta electoral de noviembre mediante una petición de iniciativa después de que la legislación para legalizar las apuestas deportivas se estancara repetidamente en el Senado estatal. La campaña de 43 millones de dólares (un récord para una medida electoral de Missouri) ha sido financiada en su totalidad por DraftKings y FanDuel, que dominan el mercado nacional de apuestas deportivas. Si se aprueba la medida, las empresas podrían solicitar dos licencias estatales para realizar apuestas deportivas en línea. La enmienda autoriza licencias adicionales de apuestas deportivas para casinos y equipos deportivos profesionales de Missouri.

La campaña de oposición, que ha costado 14 millones de dólares, ha sido financiada en su totalidad por Caesars Entertainment, que gestiona tres de los 13 casinos de Missouri. Aunque Caesars apoya en general las apuestas deportivas, se opone "a la forma en que está redactada esta medida", dijo Brooke Foster, portavoz del grupo opositor Missourians Against the Deceptive Online Gambling Amendment.

En otros estados, las apuestas deportivas se realizan a través de casinos. Aunque la investigación es limitada, un estudio de siete estados publicado el año pasado concluyó que los ingresos por juegos de casino disminuyeron a medida que aumentaron las apuestas deportivas en línea.

“Definitivamente habrá un cambio en la forma de realizar apuestas en un espacio físico con un casino incorporado en Missouri en comparación con acceder a una aplicación en la sala de estar de su casa”, dijo Foster.

El efecto de las distintas tasas impositivas se puede ver en Illinois y Nueva Jersey, que encabezaron el desafío judicial que llevó a la generalización de las apuestas deportivas legales. Los ciudadanos de cada estado apostaron entre 11.500 y 12.000 millones de dólares el año pasado, lo que se tradujo en 1.000 millones de dólares de ingresos para las casas de apuestas después de que se pagaran las ganancias a los clientes, según cifras de la Asociación Estadounidense del Juego.

Nueva Jersey recaudó 129 millones de dólares en impuestos, sobre la base de una tasa impositiva del 14,25% para las apuestas deportivas en línea y una tasa impositiva del 9,75% con algunas deducciones promocionales para las apuestas deportivas en casinos e hipódromos. Illinois recaudó 162 millones de dólares en impuestos (una cuarta parte más que Nueva Jersey) con una tasa impositiva del 15% en la mayoría de los lugares y sin deducciones promocionales.

Pero los funcionarios de Illinois no estaban satisfechos con esos resultados. A partir de julio, Illinois impuso una escala impositiva progresiva , comenzando con un impuesto del 20% sobre los ingresos por apuestas deportivas de menos de 30 millones de dólares y aumentando hasta una tasa del 40% sobre los ingresos que excedieran los 200 millones de dólares.

Algunos representantes de casas de apuestas habían planteado la posibilidad de abandonar Illinois si subían las tasas impositivas, pero eso no ha sucedido.

Tampoco hay mucha evidencia de que las casas de apuestas empeoren las probabilidades de las apuestas en los estados donde pagan impuestos más altos, dijo Joe Weinert, vicepresidente ejecutivo de Spectrum Gaming Group, una firma consultora.

“Los operadores de apuestas deportivas compiten vigorosamente por los apostadores”, dijo, “y la forma de competir vigorosamente es ofreciendo cuotas atractivas y buenas promociones”.

Por  David A. Lieb

(Foto AP/Jeff Roberson)

Estados Unidos ha traído a cientos de miles de niños del extranjero para que sean adoptados por familias estadounidenses, pero en el camino ha dejado a miles de ellos sin ciudadanía, a través de un vacío burocrático que el gobierno conoce desde hace décadas y no ha solucionado.

Algunos de estos adoptados viven escondidos, por temor a que si avisan al gobierno, puedan ser deportados al país del que Estados Unidos afirma haberlos rescatado. Algunos ya han sido deportados.

Hace una década que se presentó en el Congreso un proyecto de ley para ayudarlos, que cuenta con el apoyo de una inusual coalición bipartidista, desde grupos liberales de inmigración hasta la Convención Bautista del Sur. Pero no ha sido aprobado. Los defensores de los inmigrantes culpan al frenesí hiperpartidista en torno a la inmigración, que ha paralizado cualquier esfuerzo por extender la ciudadanía a cualquier persona, incluso a estos adoptados que legalmente son hijos de padres estadounidenses.

Dicen que están aterrorizados por lo que podría pasar si el expresidente Donald Trump es reelegido porque ha prometido redadas masivas contra inmigrantes y campos de detención.

Estas son las conclusiones del informe de AP:

¿Cómo sucedió esto?

El sistema moderno de adopción internacional surgió tras la Guerra de Corea . Las familias estadounidenses estaban desesperadas por tener hijos porque el acceso a métodos anticonceptivos y los cambios sociales habían provocado que la oferta interna de bebés adoptables se desplomara. Corea quería librarse de las bocas que alimentar.

Las agencias de adopción se apresuraron a satisfacer la intensa demanda de bebés en Estados Unidos, pero había pocas protecciones para garantizar que los padres pudieran cuidar de ellos y que adquirieran la ciudadanía.

Estados Unidos había incorporado las adopciones extranjeras a un sistema creado para las nacionales. Los tribunales estatales otorgan a los niños adoptados nuevos certificados de nacimiento que incluyen los nombres de sus padres adoptivos, con lo que supuestamente se les otorgan todos los privilegios de los hijos biológicos.

Pero los tribunales estatales no tienen control sobre la inmigración. Después del costoso y largo proceso de adopción, se suponía que los padres debían naturalizar a sus hijos adoptados, pero algunos nunca lo hicieron.

¿Ha intentado Estados Unidos corregir esto?

En 2000, el Congreso de Estados Unidos reconoció que había dejado a los adoptados en ese limbo legal y aprobó la Ley de Ciudadanía Infantil, que otorgaba la ciudadanía automática a los niños adoptados. Pero estaba diseñada para agilizar el proceso para los padres adoptivos, no para ayudar a los adoptados, y por eso, cuando entró en vigor, sólo se aplicaba a los menores de 18 años. No se incluyó a todos los nacidos antes de la fecha arbitraria del 27 de febrero de 1983. Se calcula que el número de personas que carecen de ciudadanía oscila entre 15.000 y 75.000.

Los esfuerzos realizados desde entonces para cerrar esa laguna han fracasado.

“Es el ejemplo más clásico de querer darse cabezazos contra la pared, porque ¿cómo no hemos solucionado el problema?”, dijo Hannah Daniel, directora de políticas públicas de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa, el brazo cabildero de la Convención Bautista del Sur. La adopción extranjera es particularmente conmovedora para las iglesias evangélicas, que la predican como un llamado bíblico.

“En estos tiempos en el Congreso, si no hacer nada es una opción”, dijo Daniel, “esa es la apuesta que voy a hacer”.

¿Cómo descubren los adoptados que no son ciudadanos?

No existe ningún mecanismo gubernamental para alertar a los adoptados de que sus padres no obtuvieron su ciudadanía. Generalmente se enteran por accidente, al solicitar pasaportes o prestaciones gubernamentales. Una mujer se enteró cuando era una anciana y le negaron la Seguridad Social a la que había contribuido toda su vida. Si preguntan al gobierno sobre su situación, corren el riesgo de alertar a las autoridades de que están aquí ilegalmente.

Para algunos, su situación legal se puede arreglar mediante el arduo proceso de naturalización: tienen que ponerse en la cola como si acabaran de llegar. Lleva años, miles de dólares, días perdidos, rechazos rutinarios de las oficinas de inmigración por tecnicismos, el formulario equivocado, un error tipográfico. Pero a otros les dicen que no hay nada que se pueda hacer. La diferencia está en las visas: algunos padres estadounidenses trajeron a sus bebés por la vía más rápida (como una visa de turista o médica) sin imaginar complicaciones en el futuro. Esto fue particularmente evidente en las familias militares, que adoptaron a los niños donde estaban en lugar de hacerlo a través de una agencia de adopción que los trajo a los EE. UU.

Su situación puede significar que no pueden conseguir trabajo ni licencias de conducir, y algunos no son elegibles para beneficios gubernamentales como ayuda financiera y seguridad social. Algunos que tienen antecedentes penales, incluso cargos por drogas, han sido deportados a los países de donde sus padres estadounidenses los adoptaron.

¿Cómo se ven afectados los adoptados?

—Una de ellas fue traída desde Irán por su padre, un veterano de la Fuerza Aérea que trabajó allí como contratista militar en 1972. Ella trabaja en el sector de la salud, es dueña de su propia casa y nunca ha tenido problemas. Tiene más de 50 años y no sabe si tendrá derecho a la Seguridad Social u otros beneficios. Vive con el temor de que el gobierno venga a buscarla.

— Joy Alessi fue adoptada en Corea cuando tenía siete meses en 1967. De adulta se enteró de que sus padres nunca la naturalizaron y vivió escondida durante décadas. Finalmente se naturalizó en 2019 a los 52 años. Dice que durante todos esos años estuvo privada de lo que los ciudadanos estadounidenses dan por sentado, como los préstamos educativos.

— Mike Davis fue adoptado en los Estados Unidos desde Etiopía en la década de 1970 por su padre, un soldado estadounidense. Davis, que ahora tiene 61 años, se metió en problemas con las drogas cuando era joven, pero luego creció, se casó y tuvo hijos. Años después, fue deportado. Sin él como sostén de la familia, la familia vivió en automóviles y moteles, y están desesperados por traerlo a casa. Vive en Etiopía desde hace dos décadas, en una habitación con piso de barro y sin agua corriente.

— Leah Elmquist sirvió durante una década en la Marina de Estados Unidos, pero no era ciudadana. Fue adoptada en Corea del Sur cuando era un bebé en 1983, apenas seis meses más grande que la edad mínima exigida para obtener la ciudadanía por la legislación de 2000. Cuando Trump ganó en 2016, dijo que sintió un miedo más intenso que la noche anterior a su despliegue en Irak. Finalmente se naturalizó, después de lo que describe como un proceso abrumador con la inmigración, que incluyó tener que hacer un examen de educación cívica.

— Debbie y Paul, una pareja de California, adoptaron dos niños con necesidades especiales, un niño y una niña, de un orfanato rumano en los años 90. A veces, Debbie se queda despierta por las noches pensando que sus hijos no sobrevivirían en un campo de detención. La niña es una atleta olímpica especial que no puede competir en competiciones internacionales porque no puede conseguir un pasaporte.

Esta historia es parte de una investigación en curso dirigida por The Associated Press en colaboración con FRONTLINE (PBS). La investigación incluye varias historias:

AP descubre que un fraude generalizado en adopciones separó a generaciones de niños coreanos de sus familias

Los países occidentales estaban desesperados por conseguir bebés coreanos. Ahora muchos adoptados creen que fueron robados

Una niña adoptada de Corea del Sur necesitaba respuestas sobre su pasado. Las obtuvo, pero no las que quería

También incluye un documental interactivo titulado "El ajuste de cuentas de la adopción en Corea del Sur".

Comuníquese con el equipo de investigación global de AP en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Kim Tong Hyung

Kim ha estado cubriendo las relaciones entre las dos Coreas para AP desde 2014. Ha publicado artículos ampliamente leídos sobre las ambiciones nucleares de Corea del Norte, el lado oscuro del ascenso económico de Corea del Sur y las adopciones internacionales de niños coreanos.

(Foto AP/David Goldman)

Por  CLAIRE GALOFARO y KIM TONG-HYUNG

WASHINGTON (AP) — Los votantes estadounidenses se acercan a las elecciones presidenciales con profunda inquietud sobre lo que podría seguir, incluida la posibilidad de violencia política, intentos de revocar los resultados electorales y sus implicaciones más amplias para la democracia, según una nueva encuesta.

Los resultados de la encuesta, realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, hablan de las preocupaciones persistentes sobre la fragilidad de la democracia más antigua del mundo, casi cuatro años después de que la negativa del expresidente Donald Trump a aceptar los resultados de las elecciones de 2020 inspirara a una turba de sus partidarios a asaltar el Capitolio de Estados Unidos en un intento violento de detener la transferencia pacífica del poder .

Aproximadamente 4 de cada 10 votantes registrados dicen que están “extremadamente” o “muy” preocupados por los intentos violentos de anular los resultados después de las elecciones de noviembre. Una proporción similar está preocupada por los esfuerzos legales para hacerlo. Y aproximadamente 1 de cada 3 votantes dice estar “extremadamente” o “muy” preocupado por los intentos de los funcionarios electorales locales o estatales de impedir que se concreten los resultados.

Relativamente pocos votantes —alrededor de un tercio o menos— están “poco” o “nada” preocupados por que algo de eso suceda.

Trump ha seguido mintiendo sobre el fraude que le costó la reelección hace cuatro años y vuelve a pronosticar que esta vez sólo puede perder si las elecciones están amañadas en su contra, una estrategia que ha desplegado desde su primera candidatura al cargo. Sus aliados y el Comité Nacional Republicano , que él reformó, han presentado demandas en todo el país que son un posible preludio a impugnaciones legales posteriores a las elecciones si pierde.

“Pensé que después del 6 de enero de 2021, el Partido Republicano tendría la sensatez de rechazarlo como candidato”, dijo Aostara Kaye, de Downey, California, sobre Trump. “Y como no lo hicieron, creo que eso lo envalentonó para pensar que puede hacer lo que sea y que seguirán apoyándolo”.

Muchos votantes creen que Trump no cederá si pierde

Los amplios intentos de Trump de rechazar la voluntad de los votantes y permanecer en el poder después de su derrota de 2020 han generado preocupaciones de que nuevamente no logrará reconocer su derrota si pierde ante la vicepresidenta Kamala Harris.

Casi 9 de cada 10 votantes dijeron que el perdedor de las elecciones presidenciales está obligado a reconocer su derrota una vez que todos los estados hayan terminado de contar sus votos y se hayan resuelto los recursos legales, incluidos aproximadamente 8 de cada 10 republicanos. Pero solo alrededor de un tercio de los votantes esperan que Trump acepte los resultados y reconozca su derrota si pierde.

Los demócratas y republicanos tienen opiniones muy divergentes sobre el asunto: alrededor de dos tercios de los votantes republicanos creen que Trump cedería, en comparación con sólo 1 de cada 10 demócratas.

La misma preocupación no se aplica a Harris. Casi 8 de cada 10 votantes dijeron que Harris aceptará los resultados y reconocerá su derrota si pierde las elecciones, incluida una sólida mayoría de votantes republicanos.

Demócratas y republicanos divididos sobre quién debilitaría la democracia

Los miembros de ambos partidos tienen amplias preocupaciones sobre cómo podría evolucionar la democracia estadounidense dependiendo del resultado de las elecciones de noviembre.

En general, aproximadamente la mitad de los votantes cree que Trump debilitaría la democracia en Estados Unidos “mucho” o “algo” si gana, mientras que aproximadamente 4 de cada 10 dijeron lo mismo de Harris.

No sorprende que los estadounidenses estuvieran profundamente divididos en cuanto a líneas ideológicas. Alrededor de 8 de cada 10 republicanos dijeron que un nuevo mandato de Trump fortalecería la democracia “mucho” o “algo”, mientras que una proporción similar de demócratas dijo lo mismo de una presidencia de Harris.

Aproximadamente 9 de cada 10 votantes de cada partido dijeron que el candidato del partido opositor probablemente debilitaría la democracia al menos “un poco” si fuera elegido.

Kaye, una trabajadora jubilada del sistema de salud, calificó a Trump como una “amenaza existencial a la Constitución”. Una perspectiva que, según ella, la asusta es que, si Trump gana, es probable que su nueva administración no cuente con las mismas protecciones que tenía la anterior.

La votante republicana Debra Apodaca, de 60 años y oriunda de Tucson (Arizona), dijo que Harris es la mayor amenaza para la democracia. Agregó que la administración del presidente Joe Biden ha dado demasiada prioridad a la ayuda exterior y ha mostrado una falta de preocupación por su propio pueblo.

“Simplemente enviamos nuestros dólares de impuestos a todas partes. No se quedan aquí. ¿Por qué no cuidamos de Estados Unidos?”, preguntó. “¿Por qué deberíamos pagar impuestos si simplemente los estamos enviando a otro lado?”.

Esa falta de preocupación también incluye la frontera, dijo, y agregó que una victoria de Harris sería “el fin de la Patrulla Fronteriza”.

El ataque del 6 de enero al Capitolio es una línea divisoria

Parte de lo que divide a los votantes en sus opiniones sobre la democracia estadounidense es el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos y quién es el culpable. Los demócratas y los independientes son mucho más propensos que los votantes republicanos a atribuir “mucha” o “bastante” responsabilidad a Trump.

Susan Ohde, votante independiente de Chicago y jubilada del sector financiero, dijo que le preocupa que “la gente loca crea la información errónea que les dan”, lo que daría lugar a otro ataque de este tipo.

Giovanna Elizabeth Minardi, de Yucaipa, California, dijo que otros temas son más importantes en las elecciones de este año. Dijo que su principal preocupación es la economía y siente que los altos precios, especialmente en su estado natal, están ahuyentando a las empresas y creando una dependencia del gobierno. Es una dependencia que Harris quiere mantener, dijo Minardi, defensora de los servicios para niños y familias.

Las opiniones sobre el ataque del 6 de enero no son las únicas en las que los votantes se dividen según líneas ideológicas. Siguiendo el ejemplo de Trump , la mayoría de los republicanos sostienen que Biden no fue elegido legítimamente. Casi todos los demócratas y aproximadamente 7 de cada 10 independientes creen que Biden fue elegido legítimamente.

Otros aspectos del sistema político también son divisivos

La campaña presidencial de este año ha puesto de relieve un aspecto del sistema político estadounidense que algunos consideran antidemocrático: el uso del Colegio Electoral para elegir al presidente en lugar del voto popular. Trump y Harris han concentrado sus actos de campaña y su publicidad en siete estados en disputa que representan apenas el 18% de la población del país.

Aproximadamente la mitad de los votantes considera que la posibilidad de que un candidato llegue a la presidencia si gana el Colegio Electoral pero pierde el voto popular es un “problema importante” en las elecciones estadounidenses. Como sucede con muchas otras cuestiones, la pregunta también revela una división partidaria: alrededor de dos tercios de los demócratas dicen que la posibilidad de una división entre el voto popular y el Colegio Electoral es un problema importante, en comparación con aproximadamente un tercio de los republicanos.

Debra Christensen, de 54 años, enfermera de atención médica a domicilio y demócrata de Watertown, Wisconsin, se opone al Colegio Electoral que podría darle a Trump la Casa Blanca incluso si pierde el voto popular por tercera vez.

“En estos tiempos y con la tecnología como está, ¿por qué no podemos tener un voto por persona?”, preguntó.

La encuesta, que se llevó a cabo entre el 11 y el 14 de octubre de 2024, se realizó entre 1.072 adultos y se utilizó una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidades de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de los EE. UU. El margen de error de muestreo para los votantes registrados es de más o menos 4,2 puntos porcentuales.

La Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura informativa sobre las elecciones y la democracia. Vea más sobre la iniciativa de AP en favor de la democracia aquí . La AP es la única responsable de todo el contenido.

Ali Swenson

Swenson informa sobre desinformación, información errónea y extremismo relacionados con las elecciones para The Associated Press.

LIJADORAS LINLEY

Sanders es periodista de encuestas y sondeos para The Associated Press. Desarrolla y escribe sobre encuestas realizadas por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y trabaja en AP VoteCast.

(Foto AP/John Minchillo, Archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — Erik y Lyle Menéndez aún tienen un largo camino por recorrer antes de poder salir de prisión, a pesar de que el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles recomendó que se anulen sus sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional y que los hermanos sean sentenciados nuevamente y sean inmediatamente elegibles para la libertad condicional.

Los hermanos, condenados por el asesinato de sus padres en 1989 en la mansión familiar de Beverly Hills, tendrán que conseguir que un juez acepte la recomendación que hizo el jueves el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, y luego una junta de libertad condicional debe aprobar su liberación. La última parada es con el gobernador Gavin Newsom, quien podría rechazar la decisión de la junta.

Es un proceso incierto que probablemente se prolongará durante meses.

Lyle Menéndez , que entonces tenía 21 años, y Erik Menéndez, que entonces tenía 18, admitieron que habían matado a tiros a su padre, el ejecutivo del mundo del espectáculo José Menéndez, y a su madre, Kitty Menéndez. Los hermanos dijeron que temían que sus padres estuvieran a punto de matarlos para evitar que la gente descubriera que José Menéndez había abusado sexualmente de Erik Menéndez durante años.

Los fiscales en ese momento sostuvieron que no había evidencia de abuso sexual. El primer juicio de los hermanos terminó con un jurado en desacuerdo, y los fiscales lograron una condena en el segundo después de que gran parte de la evidencia de abuso fuera rechazada en el juicio. La oficina del fiscal de distrito también dijo en ese momento que los hermanos querían el patrimonio multimillonario de sus padres.

Ahora, el fiscal del distrito y los familiares dicen que el mundo entiende mejor el papel del trauma en los casos de abuso sexual.

Los críticos acusan a DA de jugar a la política

Mientras tanto, Gascón enfrenta peleas por su recomendación de nueva sentencia: su oponente en su intento de reelección el próximo mes, así como algunos de sus propios fiscales, han calificado el último desarrollo en el caso como motivado políticamente y el resultado de un reciente documental de Netflix sobre el notorio crimen.

Michele Hanisee, presidenta de la Asociación de Fiscales Adjuntos de Distrito de Los Ángeles, dijo el miércoles que la decisión de Gascón huele a “oportunismo” para conseguir titulares.

“A lo largo de su desastroso mandato como fiscal del distrito, Gascón ha priorizado constantemente los casos de celebridades por encima de los derechos de las víctimas de delitos, mostrando más interés en ser el centro de atención que en defender la justicia”, dijo Hanisee en un comunicado.

Pero el fiscal de distrito dijo que tomó la decisión final sólo una hora antes de la conferencia de prensa del jueves y que estaba separada de la política.

Desde su sentencia en 1996, los hermanos han sido prisioneros modelo, dicen Gascón y su abogado, y se han comprometido con la rehabilitación y la redención.

“Llegué a un punto en el que creo que, según la ley, es apropiado volver a sentenciar”, dijo Gascón durante la conferencia de prensa.

¿Que viene después?

La oficina de Gascón presentó el jueves los documentos que recomiendan que los hermanos —que ahora tienen 54 y 56 años— reciban una nueva sentencia de 50 años a cadena perpetua. Como tenían menos de 26 años en el momento de los delitos, serían elegibles para libertad condicional de inmediato.

“Creo que han pagado su deuda con la sociedad”, dijo el fiscal.

En el próximo mes aproximadamente se podría celebrar una audiencia ante un juez. Si el juez está de acuerdo con la nueva sentencia, la junta de libertad condicional del estado llevará a cabo su propio procedimiento para determinar si deben quedar en libertad. Si la junta recomienda la libertad condicional, Newsom tendría 150 días para revisar el caso. El gobernador podría dar luz verde a la libertad condicional o anular la decisión de la junta y denegar su liberación.

A pesar del objetivo de Gascón de liberar a los hermanos, Laurie Levenson, profesora de derecho penal en la Facultad de Derecho de Loyola en Los Ángeles, advirtió que el juez probablemente no sería un "sello de goma" debido a la disidencia dentro de la oficina del fiscal del distrito.

“Eso pone al juez en una posición muy complicada”, dijo Levenson, señalando que hasta hace poco no había oído hablar de ningún caso en el que el director de la oficina no estuviera de acuerdo con otros abogados implicados en el caso. En última instancia, Gascón eligió la “vía más segura” para tomar su decisión: dejarla en manos del tribunal y de la junta de libertad condicional, dijo.

Mark Geragos, abogado de los hermanos, ha dicho que tiene esperanzas de que los hermanos puedan ser liberados antes del Día de Acción de Gracias. Levenson calificó esa fecha límite como "terriblemente esperanzadora".

Familia unida en gran escala para pedir libertad para sus hermanos

La familia de los hermanos ha pedido su liberación . Varios miembros de la familia han dicho que en el mundo actual, que es más consciente del impacto del abuso sexual, los hermanos no habrían sido condenados por asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional.

Anamaria Baralt, sobrina de José Menéndez, dijo que la decisión “valiente y necesaria” del fiscal de distrito significa que “Lyle y Erik finalmente pueden comenzar a sanar el trauma de su pasado”.

No todos los miembros de la familia Menéndez están a favor de una nueva sentencia. Los abogados de Milton Andersen, el hermano de 90 años de Kitty Menéndez, presentaron un escrito legal para intentar mantener la pena original de los hermanos.

“Dispararon a su madre, Kitty, recargando el arma para asegurar su muerte”, dijeron los abogados de Andersen en un comunicado el jueves. “Las pruebas siguen siendo abrumadoramente claras: el veredicto del jurado fue justo y el castigo se ajusta al crimen atroz”.

El contrincante de DA opina

El fiscal de distrito de Los Ángeles se encuentra en medio de una dura lucha de reelección contra el ex fiscal federal Nathan Hochman, quien ha culpado a las políticas de reforma progresista de Gascón por los recientes asesinatos de alto perfil y el aumento de la delincuencia minorista.

Gascón dijo el jueves que su oficina ha recomendado volver a sentenciar a unos 300 delincuentes, incluidas personas tras las rejas por asesinato.

Hochman cuestionó el momento del anuncio de Gascón, que se produjo menos de dos semanas antes de las elecciones, y lo calificó de "medida política desesperada".

Dijo que no puede formar su propia opinión sobre el caso sin acceso a registros confidenciales y testigos relevantes.

"Si me convierto en fiscal del distrito y el caso todavía está pendiente en ese momento, realizaré una revisión de la misma manera que revisaría cualquier caso", dijo Hochman.

Geragos dijo que el fiscal tomó el caso en serio antes de que se hablara de que perdería la reelección.

Nueva atención al caso

El caso ha ganado nueva fuerza en las últimas semanas después de que Netflix comenzara a transmitir el drama sobre crímenes reales " Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story ".

Roy Rosselló, ex miembro del grupo de pop latino Menudo, también se presentó recientemente y dijo que José Menéndez lo drogó y violó cuando era adolescente en la década de 1980.

Rosselló habló sobre su abuso en la docuserie de Peacock de 2023 “Menéndez + Menudo: Boys Betrayed”. Sus acusaciones son parte de la evidencia incluida en la petición presentada el año pasado por el abogado de los hermanos Menéndez para solicitar una revisión de su caso.

Menudo fue contratado por RCA Records, que en ese momento dirigía José Menéndez.

El periodista de Associated Press Thomas Peipert en Denver contribuyó a este informe.

Stefanie Dazio

Dazio cubre crimen y justicia penal en California para The Associated Press, con foco en Los Ángeles.

(Foto AP/Nick Ut, Archivo)