CARACAS, Venezuela (AP) — Unas pocas decenas de personas se manifestaron el lunes en la capital de Venezuela en memoria de una mujer que murió el fin de semana, pocos días después de enterarse de que su hijo había muerto bajo custodia estatal hace nueve meses.

Los manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, bloquearon brevemente una autopista en Caracas mientras culpaban al gobierno venezolano por la muerte de Víctor Hugo Quero, cuya detención fue considerada políticamente motivada, y de su anciana madre, Carmen Navas. Mientras coreaban consignas, los estudiantes también portaban una gran pancarta con la foto de Navas.

“Lo que esto despierta en los venezolanos, en la juventud venezolana, es rabia”, dijo el líder estudiantil Miguel Ángel Suárez refiriéndose a las muertes.

Navas, de 82 años, falleció 10 días después de que la agencia penitenciaria venezolana anunciara en un comunicado que Quero había muerto en julio tras ser hospitalizado mientras se encontraba detenido. El gobierno ocultó la información a pesar de que Navas exigía pruebas de que Quero seguía con vida, visitando centros de detención, juzgados y organismos gubernamentales en busca de su paradero. Quero permanecía detenido desde enero de 2025.

El comunicado del gobierno indicó que Navas, un vendedor de 51 años, falleció por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolia pulmonar” 10 días después de haber sido hospitalizado por un problema gastrointestinal. Explicó que los familiares de Navas no fueron notificados de su muerte porque él no proporcionó información de contacto.

El caso provocó de inmediato la indignación de organizaciones de derechos humanos, miembros de la oposición política venezolana y familiares de otros presos políticos .

“¡No murieron; las asesinaron!”, coreaban los manifestantes el lunes. “¡Justicia para Carmen!”

La organización venezolana Foro Penal, defensora de los derechos de los presos, estima que más de 400 personas se encuentran actualmente detenidas en el país por motivos políticos.

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(Foto AP/Ariana Cubillos)

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel García Luna, tomó posesión a primera hora del domingo y horas más tarde anunció cambios en la fiscalía, incluido el cierre de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) debido a la pérdida de credibilidad en la investigación de casos de corrupción.

García Luna llega en sustitución de la Consuelo Porras, quien tuvo una polémica gestión.

La FECI fue creada en 2008 como una unidad complementaria a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente financiado por Naciones Unidas que trabajó durante 12 años en el país con el fin de investigar actos de corrupción y desmantelar a las estructuras del crimen organizado incrustadas en el Estado guatemalteco.

“Desde mañana, la fiscalía entra en una etapa de liquidación. Es porque lastimosamente la fiscalía ha perdido la credibilidad ciudadana”, declaró García Luna, quien explicó que se analizarán y revisarán todos los casos en dicha unidad. Durante la gestión de Porras, dicha fiscalía estaba a cargo del fiscal Rafael Curruchiche y fue objeto de señalamientos de ser utilizada para criminalizar a opositores, jueces y periodistas que investigaban actos de corrupción.

El presidente Bernardo Arévalo se refirió el domingo a la salida de Porras y dijo que esta nueva etapa “pone fin al secuestro de esta institución por parte de redes político-criminales que la instrumentalizaron para perpetuar la corrupción y asegurar impunidad”.

Arévalo recordó cómo, bajo la gestión de Porras, “se violaron derechos básicos” de los guatemaltecos, “se criminalizó a quienes piensan diferente, causándole un profundo daño a Guatemala, facilitando operaciones delictivas del crimen organizado, desprotegiendo al territorio del tráfico de drogas y abusando del poder”.

Porras, Curruchiche, y otros funcionarios cercanos a la exfiscal, fueron sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y más de 40 países por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia de Guatemala.

El nuevo fiscal también ordenó retirar las reservas de los procesos, siempre que no pongan en peligro la investigación o a los sujetos procesales. Durante la gestión de Porras y Curruchiche, varias personas procesadas acusaron a la fiscalía de no permitirles conocer las acusaciones o evidencia en su contra.

Uno de los casos más sonados es el iniciado contra el partido político Movimiento Semilla que llegó a la presidencia a Bernardo Arévalo en 2023. Luego de una serie de denuncias de presuntas falsedades ideológicas, asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado en 2023, la fiscalía se negó a permitir que los acusados conocieran el proceso y las evidencias en su contra, aseguran miembros del partido.

“Es prácticamente intolerante llevar casos bajo reserva desde el inicio hasta el final del proceso”, dijo García Luna.

García Luna también anunció la formación de una comisión para analizar cada uno de los más de 100 casos de exjueces, exfiscales , defensores de los derechos humanos y periodistas que se exiliaron mientras denunciaban una supuesta persecución por parte de la fiscalía. La Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, M argaret Satterthwaite, cuestionó en mayo de 2025 a la fiscalía por mantener una política de criminalización contra colectivos que investigaban actos de corrupción.

“Las persecuciones sin proceso no tiene cabida”, dijo García Luna.

Además de la salida de Porras, el fiscal dijo que aceptó la renuncia del exsecretario general Ángel Pineda, quien también es objeto de sanciones, al tiempo que se revisarán y analizarán otros cargos.

POR  SONIA PÉREZ D.

(AP Foto/Moisés Castillo)

LA PAZ, Bolivia (AP) — Partidarios del influyente expresidente boliviano Evo Morales se enfrentaron el lunes con la policía en la capital, exigiendo la renuncia del presidente y sumándose a un movimiento de protesta a nivel nacional impulsado por la peor crisis económica en una generación.

Miles de seguidores de Morales se congregaron en la plaza frente a la sede del gobierno, mientras Bolivia permanece paralizada por los bloqueos de carreteras que han estrangulado ciudades y provocado escasez de alimentos y combustible en las últimas dos semanas.

Los disturbios representan el mayor desafío hasta la fecha para el presidente Rodrigo Paz , un centrista favorable a las empresas que llegó al poder hace seis meses cuando una ola de victorias electorales conservadoras arrasó la región.

Las fuerzas de seguridad repelieron con gases lacrimógenos a los manifestantes que intentaron romper las filas policiales antes de que pudieran llegar al Congreso o al palacio presidencial. Las explosiones de dinamita retumbaron, obligando a los empleados y legisladores a evacuar. «¡Patria o muerte, venceremos!», coreaban los manifestantes, arrancando las puertas de las tiendas y prendiendo fuego a los sofás saqueados que usaban como barricadas.

El fiscal anunció 90 detenciones.

“Pueden manifestarse si es pacífica, pero tomaremos medidas si cometen delitos”, declaró el viceministro del Interior, Hernán Paredes.

El difícil equilibrio que debe afrontar un nuevo presidente

La sorprendente victoria de Paz el año pasado puso de manifiesto la desilusión de los bolivianos con dos décadas de dominio político del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, mientras el país se tambaleaba por su peor crisis económica en 40 años. Pero su victoria sobre candidatos más de derecha también reveló la renuencia de la nación a apoyar medidas de austeridad drásticas.

Como primer líder conservador electo de Bolivia desde 2006, Paz ha intentado equilibrar la austeridad con la necesidad de apaciguar a los poderosos aliados de Morales que podrían perturbar su presidencia.

Para frenar un enorme déficit presupuestario, eliminó los subsidios a los combustibles, que constituían un pilar del modelo económico del MAS. Sin embargo, mantuvo los programas de asistencia social y ofreció nuevas prestaciones a los trabajadores informales para mitigar el impacto de la inflación.

Eso no bastó para muchos bolivianos. El movimiento de protesta comenzó con la exigencia del sindicato nacional de trabajadores de aumentar los salarios. Luego se unieron los campesinos, furiosos por la mala calidad del combustible. Después, los mineros, con escasez de dinamita, intensificaron la presión. Ahora, los leales a Morales quieren que Paz se vaya.

“Se han ido acumulando pequeños problemas: el tema salarial, la crisis económica, la gasolina contaminante que, según dicen, está arruinando los autos, la escasez de diésel”, afirmó Verónica Rocha, analista política boliviana. “Hay una gran parte de la población que se siente políticamente desamparada. Ya no confían en nadie y, por eso, cualquier cosa puede pasar”.

Los desafíos se acumulan con los obstáculos en el camino.

Paz acusa a Morales de orquestar los disturbios para socavar su gobierno. Los bloqueos de carreteras han sido durante mucho tiempo una de las principales armas de los movimientos sociales vinculados a Morales que afirman representar a la mayoría indígena rural de Bolivia.

En los últimos 16 días, esta táctica de protesta ha dejado varados a unos 5.000 camiones en las carreteras, con los estantes de los supermercados vacíos y los hospitales sin algunos suministros médicos. Los críticos afirman que es una forma perversa de protestar contra las dificultades económicas; las cámaras de comercio informan que los bloqueos causan pérdidas de más de 50 millones de dólares diarios.

Paz ha negociado con algunos grupos de protesta, llegando a acuerdos en los últimos días con mineros y maestros en huelga que accedieron a poner fin a sus manifestaciones. Desplegó a miles de policías y militares en toda La Paz para intentar romper los bloqueos durante el fin de semana.

Pero la crisis persiste, lo que preocupa a toda la región. Ocho gobiernos latinoamericanos aliados, desde Chile hasta Costa Rica, emitieron un comunicado conjunto rechazando “cualquier acción que atente contra el orden democrático”. La vecina Argentina anunció que iniciaría un puente aéreo humanitario de una semana de duración para paliar la escasez en el país.

Estados Unidos, que ahora reconstruye sus relaciones con Bolivia tras años en los que Morales definió al país en oposición a Washington, afirmó que apoyaba los esfuerzos de Paz “para restablecer el orden en aras de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”. El Departamento de Estado emitió esta semana una alerta instando a los ciudadanos estadounidenses que viajan a Bolivia a extremar las precauciones.

Morales organizó la última marcha desde su escondite en la remota región tropical de Bolivia. Lleva un año y medio oculto en la sierra, evadiendo una orden de arresto por cargos relacionados con su relación sexual con una menor de 15 años . Afirma que las acusaciones tienen motivaciones políticas.

Los políticos de derecha han aprovechado las protestas para exigir a las autoridades que arresten a Morales, quien fue declarado en desacato al tribunal la semana pasada tras no presentarse a un juicio.

Pero la influencia perdurable de Morales “es solo una pieza del rompecabezas”, dijo Rocha. “Si el gobierno quiere sobrevivir políticamente, tendrá que hacer cambios drásticos”.

DeBre informó desde Ushuaia, Argentina.

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ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió Oriente Medio informando desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.

Por  CARLOS VALDEZ e ISABEL DEBRE

(Foto AP/Juan Karita)

LA PAZ, Bolivia (AP) — Apenas seis meses después de asumir el presidente Rodrigo Paz está asediado por protestas y bloqueos que mantienen cercada a la capital política de Bolivia.

Dos semanas de cortes liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos campesinos y los mineros han dejado a La Paz con mercados desabastecidos y hospitales sin reservas de oxígeno. Tres personas fallecieron por falta de auxilio médico, según el gobierno.

Sobre el final de la semana las protestas se tornaron violentas y varios sectores comenzaron a pedir la renuncia del mandatario, que no tiene mayoría en el Legislativo ni un partido fuerte que lo respalde.

“Los que están buscando destrozar la democracia irán a la cárcel”, advirtió Paz el viernes mientras los cortes de rutas se extendían a casi todo el país.

¿Qué se reclama?

La COB comenzó exigiendo aumentos de sueldos y los campesinos abastecimiento de gasolina. Los mineros, que la víspera se enfrentaron con la policía, negocian por separado sus demandas de acceso a más áreas de explotación al igual que los maestros públicos, que exigen mejoras salariales.

“Las demandas reivindicativas han sido atendidas en gran medida conforme a la realidad, pero hay fuerzas oscuras que buscan desestabilizar la democracia”, dijo el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en alusión al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Paz repite que heredó un “Estado quebrado”, pero sus adversarios le reprochan su lenta respuesta ante la peor crisis de los últimos 40 años con escasez de combustibles y una inflación que el año pasado bordeó el 20%.

“Estamos en la anomia, no se avanzó en la agenda de cambio”, dijo el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) al tiempo que advirtió que “hay un movimiento subversivo que quiere cortar un mandato fresco”.

El gobierno no ha apelado a la fuerza pública para despejar las carreteras y ha privilegiado el diálogo y la negociación, sin resultados hasta ahora.

Según organizaciones empresariales, las protestas y paralizaciones provocan pérdidas por más de 50 millones de dólares diarios y hay unos 5.000 vehículos varados en las carreteras.

El viernes, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú emitieron una declaración conjunta sobre “la situación humanitaria” en Bolivia y rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad” en el país andino, al tiempo que exhortaron “a los actores políticos y sociales a privilegiar el diálogo y la paz social”.

Asimismo, el gobierno boliviano agradeció el apoyo del presidente argentino Javier Milei por el envío de dos aviones Hércules para tareas humanitarias.

¿Está Morales detrás de las protestas?

Desde 2024 Morales resiste en su feudo cocalero del Chapare, en el centro de Bolivia, una orden de detención por no presentarse ante la justicia para responder por el presunto abuso de una menor en 2016. El pasado lunes sumó otro pedido de arresto por la misma causa.

El Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó durante las últimas dos décadas primero con Morales y luego con Luis Arce (2020-2025), salió derrotado en los comicios del año pasado tras una cruenta disputa entre ambos exmandatarios.

“El gobierno y la derecha dicen que soy un cadáver político y que no tengo capacidad de movilizar a nadie, pero me siguen culpando… mientras no se atiendan las demandas estructurales como combustible, comida e inflación no se frenará la sublevación”, dijo Morales en la red social X.

A pesar de sus acaloradas declaraciones, los analistas creen que Morales ya no tiene poder de convocatoria y que está azuzando las protestas para evadir la justicia.

Paz sin respaldo partidario

Tras el fin del ciclo del MAS el sistema político boliviano quedó fragmentado y sin una fuerza dominante.

Paz ganó los comicios de forma sorpresiva y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el que llegó al poder, se dividió en el Legislativo. A su vez, el mandatario mantiene una abierta pugna con su vicepresidente, el expolicía Edman Lara.

Paz arrancó con fuerza su mandato y se abrió al mundo para romper el aislamiento internacional del MAS. Así logró promesas de inversiones y créditos, pero no todos se han materializado.

Como primera medida puso fin al subsidio a los combustibles, lo que hizo subir el precio de la gasolina y del diésel, pero sin que se produjeran protestas en una población cansada de la escasez anterior. Pero el gobierno importó gasolina de baja calidad que desató protestas de los transportistas por daños a sus vehículos que forzaron la renuncia del ministro de Hidrocarburos.

La falta de dólares sigue castigando a la economía y las reformas estratégicas prometidas por Paz están demoradas.

El presidente de la petrolera estatal, Sebastián Daroca, dijo que el país “vive al día” con el combustible. Los opositores cuestionan que el mandatario no haya recortado el gasto público ni haya definido la suerte de empresas estatales deficitarias.

La periodista de The Associated Pres Gabriela Molina colaboró con este reporte desde Quito.

POR  CARLOS VALDEZ and PAOLA FLORES

(AP Foto/Juan Karita)