matan ninaLONDRES (AP) — El padre y la madrastra de una niña de 10 años gravemente abusada que fue encontrada muerta en su casa en Inglaterra fueron sentenciados el martes a cadena perpetua por asesinato.
Urfan Sharif, de 42 años, y Beinash Batool, de 30, fueron condenados por asesinato la semana pasada por la muerte de ella en lo que los fiscales llamaron una "campaña de abuso".
El tío de la niña, Faisal Malik, de 29 años, fue declarado culpable de causar o permitir la muerte de la niña y fue condenado a 16 años de prisión.
Tras la muerte de la niña, los tres huyeron a Pakistán, donde Urfan Sharif telefoneó a la policía británica para decir que la había “castigado legalmente y que había muerto”, según los fiscales. Dijo que la había “golpeado demasiado”, pero que no tenía intención de matarla.
Luego, la policía de Londres fue a la casa de la familia y descubrió el cuerpo de Sara debajo de una manta en una litera el 10 de agosto de 2023.
Los tres regresaron a Gran Bretaña más de un mes después de haber huido y fueron arrestados bajo sospecha de asesinato.
El juicio en el Tribunal Penal Central expuso detalles horribles del abuso que incluían más de 70 lesiones recientes y muchas más antiguas, incluidos hematomas, quemaduras, fracturas y marcas de mordeduras, y planteó preguntas sobre los fracasos de los servicios sociales y las autoridades para intervenir y protegerla.
“La muerte de Sara fue la culminación de años de abandono, ataques frecuentes y lo que sólo puede describirse como la tortura de esta pequeña niña”, dijo el juez John Cavanagh. “El grado de crueldad es casi inconcebible... Ninguno de ustedes ha mostrado ni una pizca de verdadero remordimiento”.
Los políticos y otros funcionarios han pedido una revisión de lo que salió mal y han instado a realizar reformas para evitar que se repitan casos similares.
“Su muerte es un doloroso recordatorio de las profundas debilidades de nuestro sistema de protección infantil, que como país no hemos logrado corregir una y otra vez”, dijo Rachel de Souza, comisionada para la infancia de Inglaterra, en una declaración después del juicio. “Ya hemos pasado por esto antes, y cada vez hemos dicho ‘nunca más’”.
Tras el juicio, se publicaron registros del tribunal de familia que muestran que Urfan Sharif y su ex esposa, Olga Sharif, habían estado en el radar de los servicios sociales tres años antes de que naciera Sara Sharif.
El padre y la madrastra obtuvieron la custodia de Sara y su hermano mayor después de informes de que su madre abusaba de ellos.
A pesar de las acusaciones de que Urfan Sharif abusaba físicamente de sus hijos, las acusaciones nunca fueron probadas en el tribunal.
El Consejo del Condado de Surrey, que expresó reiteradamente su preocupación por la posibilidad de que Sara sufriera abusos físicos y emocionales por parte de sus padres, planea revisar las circunstancias de su muerte. Los servicios de atención infantil habían investigado después de que su escuela informara que Sara tenía hematomas, pero la agencia no tomó ninguna medida adicional.
Posteriormente, su padre la sacó de la escuela para evitar que las autoridades descubrieran los abusos, afirmó el juez. No recibió clases en casa.
Olga Sharif llamó a los asesinos de su hija cobardes, sádicos y verdugos, en una declaración leída por un fiscal.
“No puedo entender cómo alguien puede ser tan sádico con una niña”, dijo. “Ahora es un ángel que nos mira desde el cielo, ya no sufre violencia”.
Durante el juicio, Sharif inicialmente culpó a Batool por la muerte de Sara, pero luego le dijo al jurado que asumía “plena responsabilidad”. Admitió haberla estrangulado con sus manos y haberla golpeado con un bate de cricket y otros objetos.
La fiscalía dijo que la violencia se volvió tan normalizada que nadie reaccionó cuando ella apareció con moretones en una barbacoa familiar.
Sus padres la obligaron a usar un hijab, no por razones religiosas, sino para “cubrir los moretones que tenía Sara por todo el cuerpo”, dijo Cavanagh.
Se describió a Sara como una mujer luchadora que soñaba con ser una princesa de cuento de hadas. Su espíritu apareció en un video grabado dos días antes de su muerte en el que se la ve bailando en su casa, a pesar de tener múltiples huesos rotos y quemaduras de hierro en el trasero.
“A pesar de todo, ella sonrió a la cámara”, señaló el juez.
Por  BRIAN MELLEY
(Policia de Surrey via AP)
Canada imponeCARACAS, Venezuela (AP) — Canadá impuso el martes sanciones económicas a cinco funcionarios venezolanos , incluido el jefe del alto tribunal del país, acusándolos de participar en fraude electoral durante las disputadas elecciones presidenciales de julio .
Tanto el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como la oposición política —con su candidato Edmundo González, ahora exiliado en España, y su líder María Corina Machado, escondida en Venezuela— afirman haber ganado las elecciones del 28 de julio.
El anuncio del martes de la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, marcó la cuarta vez que Canadá sanciona a personas vinculadas al gobierno de Maduro.
El gobierno de Maduro denunció rápidamente las sanciones como “medidas extorsivas” y “un intento fallido de presionar a Venezuela”.
El desarrollo ocurre menos de un mes antes de que comience el próximo período presidencial de Venezuela.
La medida de Canadá busca sumar presión sobre las autoridades de facto de Venezuela para que “respeten la voluntad del pueblo venezolano”, según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Las sanciones también pretenden disuadir a las autoridades de tomar nuevas acciones que violen los derechos humanos de los manifestantes, periodistas, líderes de la oposición y otros miembros de la sociedad civil”, afirmó el ministerio.
Además de Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, entre los sancionados se encuentran dos jueces, un fiscal y un miembro del organismo electoral del país.
La prolongada crisis política de Venezuela se agravó tras las muy esperadas elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral del país, repleto de partidarios de Maduro, lo declaró ganador horas después del cierre de las urnas.
Sin embargo, a diferencia de las elecciones presidenciales anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron recuentos detallados de los votos.
Mientras tanto, la oposición, liderada por Machado, recogió actas de recuento de 80% de las máquinas de votación electrónica del país, las publicó en línea y dijo que los registros de votación mostraban que el candidato de la facción, González, había ganado las elecciones con el doble de votos que Maduro.
La condena mundial por la falta de transparencia llevó a Maduro a pedir al alto tribunal de Venezuela, también repleto de leales al partido gobernante y liderado por Rodríguez, que audite los resultados.
Posteriormente el tribunal reafirmó su victoria.
“Las sanciones de hoy transmiten un mensaje claro: Canadá no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen de Maduro siga ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano”, afirmó Joly. “Se necesita una solución pacífica, negociada y liderada por Venezuela para resolver esta crisis”.
(Foto AP/Jesús Vargas, Archivo)
Evo imputadoLA PAZ, Bolivia (AP) — La Fiscalía de Bolivia presentó el lunes una imputación formal y reactivó una orden de detención contra el expresidente Evo Morales en un caso por presunto abuso a una menor de edad de 15 años cuando era mandatario en 2016, informó la fiscal que lleva el caso.
El exmandatario es investigado desde septiembre por el delito de trata agravada de personas, pero no se ha presentado hasta ahora a declarar ante la fiscalía. Tampoco se pudo lograr su detención entonces, dado que el exmandatario se refugió en su feudo cocalero de Chapare, al centro de Bolivia, y recibió la protección de sus bases con protestas y bloqueos.
La decisión de la fiscalía del lunes responde a que Morales no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención, dijo en rueda de prensa la fiscal Sandra Gutiérrez que lleva la investigación citando informes de la policía y la fiscalía.
Ahora un juez “debe señalar día para una audiencia de medidas cautelares” para que, en su caso, apruebe la orden de detención contra Morales, explicó la funcionaria. También fue expedida una ”alerta migratoria” para evitar que abandone el país.
El mismo lunes, la policía inició su regreso a la zona de Chapare desde las protestas del mes pasado que lideró el exmandatario. El cuerpo uniformado se vio forzado a salir de esa región tras denuncias de agresiones y de amedrentamiento por parte de sus seguidores.
Desde que la fiscalía abrió la investigación, Morales se atrincheró en el Chapare y vive en la sede de los sindicatos cocaleros protegido hasta por tres cordones de seguridad.
Morales acusó antes a su exaliado y sucesor, el presidente Luis Arce, de confabular con algunos jueces para perseguirlo y proscribirlo políticamente, de cara a las elecciones de 2025. “Es un plan negro para eliminarme política y físicamente para sacarme de la carrera electoral”, dijo antes.
El exmandatario no se pronunció inmediatamente sobre la orden de detención ni sobre la imputación formal por el caso de presunto abuso a una menor de edad que resultó embarazada.
Su abogado Nelson Cox calificó la imputación como un “exabrupto” motivado por “presiones políticas”, ya que su cliente no fue notificado de manera formal con la imputación. “Nos hemos enterado por la prensa y esto es una acción ilegal. No se respeta el debido proceso”, declaró a la televisora Unitel.
También tiene orden de aprehensión la madre de la víctima. El padre de ella es el único detenido.
“Acá no hay nada político. El señor Morales embarazó a una menor de 15 años en 2016, quien dio a luz una niña”, dijo la fiscal el lunes. El agravante, según la funcionaria, es que “Morales era presidente del país en ese momento”.
La investigación se lleva a cabo en la sureña región de Tarija, donde vive la víctima con sus padres y adonde debió acudir Morales a declarar en el mes de octubre. El exmandatario evitó ah persu detención entonces con un recurso legal e inició una ofensiva en contra del gobierno de Arce con protestas y bloqueos de carretera.
El caso contra el político de 65 años se conoce horas después de que la policía anunciara su regreso al Chapare, el bastión de Morales.
Los trabajadores de bancos y de oficinas públicas, que también se marcharon de esa región tras recibir amenazas, regresarán paulatinamente en los siguientes días, dijo más temprano el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
Según informes de la policía, el Chapare es una de las regiones más inseguras del país donde operan mafias vinculadas al tráfico de cocaína. Para el Ministerio de Gobierno es la principal región productora de la droga.
Ante la ausencia de la policía en el Chapare, incrementó la inseguridad en esa zona, según informes policiales.
Durante los bloqueos de carreteras que duraron 24 días, varios policías resultados heridos con dinamita y más de un centenar de seguidores de Morales fueron detenidos y procesados por terrorismo. El gobierno acusó a Morales de haber provocado pérdidas por más 1.000 millones de dólares a la alicaída economía boliviana.
(AP Foto/Juan Karita, Archivo)
By  ASSOCIATED PRESS
Fosas ComunesNAJHA, Siria (AP) — Montones de tierra desnuda y removida se extienden cerca de los campos agrícolas al sur de Damasco, uno de los múltiples cementerios clandestinos en el país que se cree contienen los cuerpos de decenas de miles de sirios asesinados bajo el régimen de Bashar Assad. Con su derrocamiento, los residentes, equipos forenses y grupos internacionales enfrentan lo que podría ser una dilatada tarea para desenterrar a los muertos.
Solo en este sitio, cerca del pueblo de Najha, podrían haber sido enterrados varios decenas de miles de cuerpos, dijo Stephen Rapp, un exembajador estadounidense para asuntos de crímenes de guerra que visitó el sitio el martes. Algunos podrían estar enterrados bajo tumbas ya existentes de un cementerio regular cercano, añadió.
Es demasiado pronto para comenzar a excavar, y se desconoce cuántos cuerpos están allí o si algunos fueron trasladados a lo largo de los años. Pero aquí y allá se ven huesos, incluyendo algunas vértebras de una columna vertebral humana y fragmentos de un fémur.
Rapp está trabajando con dos organizaciones que buscan ayudar a documentar fosas comunes e identificar a los funcionarios implicados en crímenes de guerra: la Comisión para la Justicia Internacional y la Rendición de Cuentas y la Fuerza de Tarea de Emergencia de Siria. Estos y otros grupos han estado recopilando testimonios de testigos y imágenes satelitales de forma remota durante años para rastrear y estimar el tamaño de las fosas comunes que fueron ensanchadas tras las represiones de las temidas agencias de seguridad de Assad, particularmente en los primeros años de la guerra civil siria que comenzó en 2011.
Con la caída de Assad hace 10 días, ahora pueden verlas en persona. Eso da la oportunidad de “corroborar realmente lo que ya sabemos sobre la maquinaria de muerte que fue mantenida y operada por el régimen de Assad”, dijo Rapp.
“Es totalmente impensable que esto esté sucediendo en el siglo XXI”.
Más de 150.000 sirios siguen desaparecidos después de ser encarcelados en las prisiones de Assad y se cree que la mayoría están en fosas comunes por todo el país, dijo Mounir al-Mustafa, subdirector de los Cascos Blancos, un equipo sirio de búsqueda y rescate.
Una serie de prisiones administradas por el ejército, la inteligencia y las agencias de seguridad eran notorias por la tortura sistemática, ejecuciones masivas y condiciones brutales como enfermedades y hambre, según grupos de derechos humanos, denunciantes y exdetenidos.
Los Cascos Blancos han recibido informes de al menos 13 sitios de fosas comunes en todo el país, ocho de ellos cerca de Damasco, incluido Najha, dijo al-Mustafa.
“No podemos abrir estas fosas comunes todavía. Esa es una tarea masiva para documentar y tomar muestras y dar códigos a los cadáveres antes de que podamos identificar a esas personas”, dijo.
La prioridad es hacer un inventario de los cuerpos no identificados en la superficie, aquellos en morgues de hospitales y en enfrentamientos, dijo al-Mustafa.
Rapp, quien llegó a Siria el lunes, visitó otro sitio sospechoso de ser una fosa común en al-Qutayfah, a 37 kilómetros (23 millas) al norte de la capital. Planea reunirse con funcionarios del nuevo gobierno de transición, instalado desde la ofensiva relámpago sobre Damasco el 8 de diciembre que obligó a Assad a huir del país. Pretende discutir formas de asegurar y eventualmente excavar los sitios, recolectar muestras de restos para identificación y preservar miles de documentos descubiertos en muchas sedes de seguridad y prisiones.
“Debe haber un proceso. Eso es de lo que estaré hablando con los representantes del gobierno”, dijo Rapp. Dijo que también verá qué puede hacer la comunidad internacional para asistir al gobierno en procesamientos criminales y en asegurar que cumplan con los estándares internacionales.
El lunes, residentes y equipos médicos comenzaron por su cuenta a desenterrar una fosa común en el pueblo de Izraa en la provincia sureña de Daraa. Se descubrieron más de 30 cadáveres, y los equipos estimaron que el número total podría alcanzar los 70.
Moussa Al-Zouebi, el jefe de la dirección de salud del pueblo, dijo que algunas de las personas cuyos restos fueron descubiertos fueron ejecutadas por “disparos en la cabeza, en el ojo, o por quemaduras”. Un equipo forense local y combatientes rebeldes manejaban bolsas de restos humanos mientras una excavadora rugía en el fondo, mientras los familiares observaban.
Los familiares dijeron que inicialmente tenían esperanzas de encontrar a sus seres queridos en la cárcel, “pero no encontramos a nadie y eso nos rompió el corazón. Aquí fueron quemados vivos después de ser rociados con combustible”, dijo Mohammad Ghazaleh en el sitio de la fosa común.
Las nuevas autoridades en Damasco han designado una línea directa para que personas y exprisioneros identifiquen ubicaciones y prisiones secretas utilizadas por el gobierno de Assad. Los insurgentes han liberado a miles de prisioneros en Damasco y otras ciudades, incluyendo Alepo, Homs y Hama.
“Es comprensible que los familiares desesperados intenten ir a un sitio esperando encontrar algún signo de sus familiares, alguna información”, dijo Rapp. Añadió que lo mismo está sucediendo con los documentos encontrados en los sitios. “Aunque eso es comprensible, puede ser perjudicial para una investigación”, expresó.
Añadió que el proceso de asegurar y catalogar documentos podría tomar hasta tres meses, pero identificar a los enterrados en fosas comunes podría llevar más de dos años.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
SARAH EL DEEB
El Deeb is part of the AP’s Global Investigative team. She is based in the Middle East, a region she covered for two decades
(AP foto/Hussein Malla)
Colombia hundeBOGOTÁ (AP) — El Congreso colombiano hundió el lunes por segunda vez la reforma política impulsada por el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, en una nueva derrota para el poder legislativo, que en días recientes también negó una reforma fiscal para financiar el presupuesto del Estado.
La reforma política no fue sometida a discusión en el cuarto debate —de los ocho necesarios— por falta de quórum. Al tratarse de una reforma constitucional, debía superar el cuarto debate antes de que culminaran el lunes las sesiones ordinarias en el Congreso.
“Me parece que lo que sucedió es lamentable, porque prácticamente la mesa directiva (del Senado) mató por asfixia una reforma política que es absolutamente indispensable para el país”, lamentó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en una declaración a la prensa.
La iniciativa proponía limitar la entrada de dinero privado a las campañas electorales, privilegiando que su financiación fuera estatal, lo que según el gobierno habría evitado la entrada de recursos ilícitos a las campañas.
“Como estamos, estamos muy mal. Y la gente tiene que entender que este sistema político es inviable, y si no lo cambiamos, vamos a estar asistiendo cada determinado tiempo, independientemente de quién esté en el gobierno, a escándalos de corrupción”, afirmó Cristo.
Además buscaba implementar las listas cerradas para las elecciones de Congreso, Asambleas y Concejos municipales, quitando la posibilidad de que los ciudadanos voten por candidatos individuales.
La reforma pretendía cambiar las reglas de elección del Consejo Nacional Electoral, la autoridad encargada de vigilar y sancionar a las campañas políticas. Aunque la iniciativa conservaba la elección de magistrados por parte del Congreso, pretendía que los aspirantes se inscribieran por una convocatoria pública, en busca de más imparcialidad y menos injerencia política.
El CNE abrió una investigación en octubre y formuló cargos contra la campaña de Petro de 2022, en la que resultó elegido presidente, por presunta financiación prohibida y por exceder los gastos electorales en hasta 1,2 millones de dólares.
El gobierno de Petro ya había intentado impulsar la reforma política en el Congreso. Sin embargo, ésta se hundió por primera vez en marzo de 2023 ante críticas de la oposición y del oficialismo, por lo que finalmente el gobierno la retiró.
Petro se encuentra en un momento de tensión con el Congreso debido al reciente bloqueo de la reforma fiscal, con la que pretendía financiar parte del presupuesto general del Estado en 2025. Tanto el presidente como sus ministros han culpado al legislativo de que algunos proyectos —en todas las carteras gubernamentales— se quedarán cortos de fondos.
El gobierno aún le apuesta a avanzar en la reforma a la salud, que está en su segundo debate y es otra de sus banderas políticas. Para ello convocó a los congresistas a sesiones extraordinarias desde el martes y hasta el viernes.
(AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)
By  ASSOCIATED PRESS

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