CARACAS, Venezuela (AP) — Líderes de la oposición venezolana y grupos de la sociedad civil dijeron el domingo que el gobierno liberó a 13 personas encarceladas en una ofensiva del gobierno del presidente Nicolás Maduro tras las disputadas elecciones del año pasado.

Las autoridades venezolanas no confirmaron de inmediato las liberaciones, pero líderes de la oposición como Henrique Capriles celebraron en redes sociales, calificándolas de "un paso adelante para quienes se encuentran en prisión". Capriles indicó que ocho personas fueron liberadas, mientras que otras cinco quedaron en libertad bajo arresto domiciliario.

“Hoy, varias familias se han reunido con sus seres queridos. Sabemos que muchos quedan, y no los olvidaremos; seguimos luchando por todos ellos”, escribió en una publicación en la red social X, junto con un video de una de las personas difundidas abrazando a sus seres queridos.

Esto ocurre más de un año después de que la agitada nación sudamericana volviera a estallar tras las elecciones presidenciales de julio. Las autoridades electorales declararon a Maduro vencedor de las elecciones presidenciales, pero se negaron a compartir documentos clave, conocidos como "actas", que evidencian el recuento. Los resultados fueron rechazados por la comunidad internacional y la oposición.

A raíz de ello, estallaron protestas callejeras que dejaron 28 muertos, 220 heridos y al menos 2.000 detenidos, según cifras oficiales.

La organización de la sociedad civil venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmó que la liberación de los detenidos se produjo gracias a la presión de las víctimas, organizaciones, campañas ciudadanas e instituciones internacionales. La organización escribió en redes sociales que se habían deteriorado física y psicológicamente y que muchos regresaban a casa con heridas abiertas.

Agregó que alrededor de 1.000 personas continúan detenidas “por razones políticas”, mientras que otras organizaciones dicen que el número es un poco menor.

Las autoridades venezolanas niegan la detención de opositores por motivos políticos, afirmando en cambio que son parte de complots para desestabilizar al gobierno.

Las liberaciones se producen pocas semanas después de un intercambio de prisiones entre Venezuela y los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, que mantuvo a unos 200 deportados venezolanos en condiciones precarias en una prisión para pandillas en El Salvador. A cambio de que los deportados regresaran a Venezuela, el gobierno de Maduro liberó a 10 estadounidenses encarcelados. En el intercambio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que varios "presos y detenidos políticos" venezolanos también fueron liberados de cárceles venezolanas.

(Foto AP/Cristian Hernandez)

DEIR AL-BALAH, Gaza (AP) — El ministro israelí de Defensa advirtió el viernes que la ciudad más grande de Gaza sería destruida a menos que Hamás ceda a los términos de Israel, mientras que la principal autoridad mundial en crisis alimentarias dijo que la ciudad estaba sumida en la hambruna debido a los combates y el bloqueo.

Un día después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijera que autorizaría al ejército a tomar la ciudad, el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que la ciudad más grande del enclave podría “convertirse en Rafah y Beit Hanoun”, zonas que quedaron reducidas a escombros antes en la guerra.

“Las puertas del infierno se abrirán pronto sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra”, escribió Katz en un mensaje en la red social X.

Además, reiteró las demandas de alto el fuego de Israel: la liberación de todos los rehenes y el desarme completo de Hamás. Hamás ha dicho que liberaría a los cautivos a cambio del final de la guerra, pero rechaza el desarme sin la creación de un Estado palestino.

Netanyahu dijo el jueves que había dado instrucciones a sus funcionarios para “iniciar negociaciones inmediatas” para liberar a los rehenes y poner fin a la guerra en términos aceptables, en la primera respuesta pública de Israel a la última propuesta de alto el fuego.

Con tropas terrestres ya desplegadas en zonas estratégicas, la operación a gran escala en la Ciudad de Gaza podría comenzar en cuestión de días.

La ciudad es el bastión militar y gubernamental de Hamás, situada sobre lo que Israel cree que es una extensa red de túneles. También alberga a cientos de miles de civiles y aún cuenta con alguna de la infraestructura y centros sanitarios más importantes del sitiado enclave palestino.

Hamás dijo a principios de semana que había aceptado una propuesta de alto el fuego de mediadores árabes que, si recibe el visto bueno de Israel, podría evitar la ofensiva. Las partes no negocian directamente y en el pasado se han hecho anuncios similares que no acabaron en alto el fuego.

La propuesta esboza un acuerdo por fases que incluye intercambios de rehenes y prisioneros y una retirada de las tropas israelíes, mientras continúan las conversaciones sobre un alto el fuego a largo plazo. Los líderes israelíes se han mostrado reacios a esos términos desde que abandonaron un pacto similar a principios de año, en medio de divisiones dentro de la coalición de Netanyahu y una fuerte oposición de su derecha.

Muchos israelíes temen que un asalto pueda condenar a los aproximadamente 20 rehenes que aún están vivos después del ataque de insurgentes liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Grupos de ayuda y líderes internacionales advierten que empeoraría la crisis humanitaria en Gaza.

Se espera que la logística de evacuar a los civiles sea abrumadora. Muchos residentes afirman que los continuos desplazamientos ya no tienen sentido porque ningún lugar en Gaza es seguro, mientras que los grupos médicos advierten que los llamados de Israel para trasladar a los pacientes al sur son inviables porque no hay instalaciones para ingresarlos.

Pero Netanyahu sostiene que la ofensiva es la forma más segura de liberar a los cautivos y aplastar a Hamás.

“Estas dos cosas —derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes— van de la mano”, dijo Netanyahu el jueves mientras recorría un centro de mando cerca del sur de Israel.

De las 251 personas tomadas como rehenes hace más de 22 meses, 148 —incluyendo los cuerpos de ocho cautivos fallecidos— fueron liberadas gracias a acuerdos de alto el fuego o de otro tipo.

Israel solo ha logrado rescatar a ocho rehenes con vida y recuperar los cadáveres de 49 más. Cincuenta rehenes siguen todavía en Gaza, de los cuales Israel cree que unos 20 están vivos.

Ataque aéreo golpea la zona antes de ofensiva más amplia

El Hospital Shifa de la Ciudad de Gaza dijo que al menos 17 palestinos murieron el viernes mientras Israel intensifica su actividad en la zona antes de su anunciada ofensiva más amplia.

Una operación aérea israelí alcanzó una escuela en Sheikh Radwan, un barrio de la ciudad donde decenas de palestinos se refugian en tiendas de campaña improvisadas en el patio del centro. Al menos siete personas perdieron la vida allí, de acuerdo con un testigo y registros hospitalarios.

El ejército dijo que no estaba al tanto de un ataque en esa zona, pero en un comunicado indicó que las tropas estaban operando en las afueras de la Ciudad de Gaza y en el barrio de Zeitoun.

El ataque formó parte de la ofensiva israelí sobre la ciudad, donde el ejército dice que está operando y los testigos reportaron intensos bombardeos en los días posteriores a la aprobación de los planes para tomar la urbe.

Amal Aboul Aas, que se refugia en la Ciudad de Gaza después de haber tenido que desplazarse cuatro veces, dijo que las explosiones eran tan intensas que no podía dormir, pero tampoco podía irse.

“No tenemos el dinero, los recursos o la energía para evacuar de nuevo. Solo deseo una muerte rápida justo donde estoy porque no me voy a ir a ningún lado. Al final, uno de estos misiles me alcanzará”, dijo a la AP.

El Ministerio de Salud de Gaza reportó el jueves que al menos 62.192 palestinos han muerto en la guerra. Dos personas más perdieron la vida por causas relacionadas con la desnutrición, elevando el total a 271, incluidos 112 niños, añadió.

El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. Aunque su conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes, dice que alrededor de la mitad eran mujeres y niños. Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más fiable de las bajas. Israel cuestiona sus cifras, pero no ofrece las suyas.

Insurgentes liderados por Hamás iniciaron la guerra cuando asaltaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, además de tomar rehenes.

Metz informó desde Jerusalén. La periodista de The Associated Press Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

SAM METZ covers Morocco, Algeria, Tunisia and points beyond for The Associated Press.

POR WAFAA SHURAFA, SAM METZ and ASSOCIATED PRESS

(AP Foto/Abdel Kareem Hana)

La jefa de política exterior de la Unión Europea afirmó el viernes que la posibilidad de que Ucrania ceda territorio a Rusia como parte de un acuerdo de paz para poner fin a su guerra de tres años es “una trampa” tendida por el presidente ruso, Vladímir Putin.

El líder ruso está exigiendo concesiones a Kiev a cambio de detener la invasión de su ejército, pero concederlas equivaldría a recompensar al país que inició el conflicto, dijo Kaja Kallas.

Las recientes conversaciones acerca de las concesiones a Putin son “exactamente la trampa en la que Rusia quiere que caigamos”, comentó Kallas en una entrevista con la BBC.

“Quiero decir, toda la discusión gira en torno a lo que Ucrania debería ceder, cuáles son las concesiones a las que Ucrania está dispuesta, mientras olvidamos que Rusia no ha hecho ni una sola concesión y que ellos son los agresores, los que están atacando brutalmente a otro país y matando gente”, declaró.

Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos han tenido dificultades para ganar impulso a pesar de que su presidente, Donald Trump, habló sobre la guerra con su homólogo ruso en Alaska la semana pasada, antes de recibir al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y a líderes europeos en la Casa Blanca el lunes.

Para una propuesta formal de paz aún habría que negociar numerosos detalles. Mientras, Rusia sigue atacando a Ucrania y ha planteado objeciones a algunas demandas clave de Kiev.

El establecimiento de garantías de seguridad occidentales para Ucrania tras la guerra, que Kiev insiste en que son necesarias para disuadir otro ataque ruso, está siendo debatido por varios países, señaló Kallas, que apuntó que “parece que aún estamos algo lejos de concretarlo”.

“Rusia solo está ganando tiempo. Está claro que Rusia no quiere la paz”, manifestó Kallas. “El presidente Trump ha dicho repetidamente que hay que detener la matanza y Putin solo se ríe, no detiene la matanza, sino que la incrementa”.

Por su parte, Ucrania ha contraatacado a Rusia con armas de largo alcance que apuntan a la infraestructura que apoya el esfuerzo bélico de Moscú. Alcanzó refinerías de petróleo, entre otros objetivos, y los precios mayoristas de la gasolina en Rusia han alcanzado máximos históricos en los últimos días.

Las fuerzas ucranianas atacaron el viernes el oleoducto Druzhba en Rusia, alcanzando la estación de bombeo de petróleo de Unecha, en la región de Bryansk, según el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdy, también conocido como Magyar.

El oleoducto Druzhba comienza en Rusia y lleva petróleo a través de Bielorrusia y Ucrania hacia Eslovaquia y Hungría. En Rusia, un tramo pasa por la región de Bryansk y el distrito de Unecha.

Ucrania disparó cohetes HIMARS y drones en un ataque combinado, indicó el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, en una publicación de Telegram.

El oleoducto suministra a Hungría más de la mitad de su petróleo crudo. El ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, escribió en Facebook el viernes que el oleoducto había sido atacado “por tercera vez en poco tiempo”.

“Este es otro ataque a la seguridad energética de nuestro país. Otro intento de arrastrarnos a la guerra”, afirmó el mensaje.

Bajo el mandato del primer ministro Viktor Orbán, Hungría ha adoptado una postura combativa hacia Kiev y sus aliados en la UE, mientras que la mayoría de los países del bloque han ofrecido apoyo político, financiero y militar a Ucrania.

Orbán visitó Moscú para reunirse con Putin el mes pasado en un inusual viaje a Rusia por parte de un líder europeo.

Eslovaquia y Hungría son los únicos estados miembro de la UE que aún reciben petróleo de Rusia. Los otros 25 dejaron de comprarlo como parte de las sanciones impuestas por Bruselas tras la invasión a gran escala de Moscú a Ucrania en 2022.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

(Anatolii Lysianskyi/127ma Brigada Separada de Defensa Territorial vía AP)

POR  THE ASSOCIATED PRESS

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Las próximas elecciones presidenciales de Bolivia marcarán un cambio tras casi dos décadas de gobierno socialista, pero muchos líderes indígenas y ambientalistas dudan que traiga consigo avances para detener la deforestación, los incendios forestales o la contaminación en la Amazonía.

La segunda vuelta del 19 de octubre enfrentará al senador centrista Rodrigo Paz contra el ex presidente derechista Jorge “Tuto” Quiroga, dos contendientes que prometen cambios pero están arraigados en un modelo económico que, según sus críticos, ha alimentado durante mucho tiempo el daño ambiental en una de las naciones con mayor biodiversidad de América del Sur.

La Amazonia abarca nueve países y desempeña un papel crucial en la absorción de carbono y la regulación de los patrones climáticos a nivel mundial. Aproximadamente el 8% de la Amazonia se encuentra en Bolivia. Los científicos advierten que la deforestación está llevando partes de la selva hacia un punto crítico donde podrían convertirse en sabanas.

Las elecciones se perciben como una disyuntiva entre dos amenazas, según Ruth Alipaz Cuqui, coordinadora de la alianza indígena CONTIOCAP y miembro de la comunidad Uchupiamona. Aseguró que gobiernos de todos los partidos han ignorado el bienestar indígena.

“Se firman acuerdos, se asumen compromisos, se aprueban leyes y decretos, pero en el territorio no se aplica absolutamente nada”, afirmó.

La campaña de Quiroga declaró a The Associated Press que reforzaría el control de los incendios forestales, promovería la agricultura sostenible, expandiría la producción de biocombustibles y fomentaría la reforestación para frenar las altas tasas de deforestación. También aboga por el uso de bonos de carbono y verdes, herramientas para recaudar fondos para financiar iniciativas de conservación.

Paz, quien también ha pedido bonos de carbono, no respondió a una solicitud de comentarios.

El medio ambiente ha pagado un precio por las políticas económicas

Evo Morales , el primer presidente indígena de Bolivia, invocó con frecuencia a la Pachamama, el concepto indígena de la Madre Tierra como un ser vivo que sustenta la vida, y llegó al poder defendiendo los derechos indígenas y la protección del medio ambiente.

Pero sus gobiernos socialistas también expandieron las exportaciones de soja, carne de res, gas y minerales para financiar programas sociales. Su administración se alió con las élites agroindustriales y ganaderas, flexibilizó las restricciones al desmonte e impulsó proyectos de infraestructura que abrieron nuevas fronteras en la Amazonía.

Bolivia es uno de los países de la cuenca amazónica con mayor deforestación. La pérdida de bosques se disparó en 2019, cuando Morales flexibilizó las normas sobre quemas y legalizó el desmonte agrícola, lo que avivó incendios forestales masivos que arrasaron casi un millón de hectáreas (aproximadamente 3.860 millas cuadradas). La destrucción ha continuado a medida que la ganadería, el cultivo de soja, la tala de árboles y la minería se adentran cada vez más en tierras indígenas.

En 2024, los incendios quemaron más de 10 millones de hectáreas (aproximadamente 38.600 millas cuadradas, o aproximadamente el tamaño de Islandia) y Bolivia registró la segunda mayor pérdida de bosque primario tropical del mundo después de Brasil, según Global Forest Watch.

Vincent Vos, investigador holandés-boliviano radicado en el departamento amazónico de Beni, dijo que las comunidades enfrentan crisis superpuestas.

“Santa Cruz ya ha perdido el 68% de sus reservas de agua… tenemos un 30% menos de lluvia que hace una década”, dijo. “Nuestros peces ya están completamente contaminados por mercurio y la gente sufre de altos niveles de intoxicación por mercurio”.

La campaña no se ha centrado en cuestiones medioambientales

Los temas ambientales no han sido un tema central de la campaña, ya que los bolivianos enfrentan la peor crisis económica del país en décadas. Aun así, ambos candidatos han presentado algunas propuestas.

Paz ha propuesto un "gobierno verde" de 15 mil millones de dólares financiado con créditos de carbono, que pueden generarse mediante proyectos como la plantación forestal que buscan reducir las emisiones; controles más estrictos sobre las quemas agrícolas y medidas enérgicas contra la minería ilegal de oro. Quiroga promete convertir a Bolivia en un país líder en descarbonización, proteger parques, restaurar ecosistemas afectados por incendios y expandir la agricultura de forma adecuada, una postura que, según advierten los críticos, aún podría incentivar la deforestación.

Nick Fromherz, profesor adjunto de la Facultad de Derecho Lewis & Clark de Portland, residente en Bolivia y especializado en derecho ambiental latinoamericano, afirmó que ambos candidatos han hablado ampliamente sobre la lucha contra los incendios forestales y la gestión de la frontera agrícola. Sin embargo, han ofrecido pocas soluciones a crisis menos visibles, como la contaminación por mercurio procedente de la minería de oro, añadió.

El mercurio, ampliamente utilizado en la minería de oro, fluye a los ríos y contamina el pescado, un alimento básico para las comunidades amazónicas. Estudios han encontrado niveles alarmantemente altos de mercurio en las poblaciones ribereñas de los ríos bolivianos, lo que refleja la preocupación existente en toda la cuenca amazónica.

Para Stasiek Czaplicki, economista ambiental boliviano que ha estudiado políticas forestales, el peligro no sólo reside en la dirección de las políticas sino en la capacidad del Estado para hacer cumplir las protecciones.

Dijo que Quiroga “sería perjudicial para las instituciones que defienden el medio ambiente”. Citó propuestas para eliminar los títulos de propiedad colectiva de tierras indígenas —abriéndolos a la venta privada— y para expandir la producción de soja y ganado en el este. Los críticos advierten que estas medidas acelerarían la deforestación y debilitarían a las agencias encargadas de frenarla.

Costos locales, consecuencias globales

Fromherz afirmó que las preocupaciones ambientales aún se consideran secundarias en la política boliviana, aun cuando influyen en la vida de millones de personas. Para Vos, la brecha entre la retórica y la realidad se mide en la desaparición de ríos, la desaparición de peces y comunidades contaminadas.

“La gente está sufriendo mucho”, dijo Vos.

Alipaz dice que años de compromisos incumplidos han dejado a las comunidades de la Amazonía con dudas de que las elecciones traerán cambios significativos.

“Lo que nos pasa es que nos despojan de nuestro territorio, nos envenenan con humo y mercurio, y también nos privan de los medios de vida como el agua, el suelo y los alimentos”, dijo Alipaz.

La vida de los pueblos indígenas en Bolivia ha ido de mal en peor. Seguiremos defendiéndola. No son solo nuestras vidas, sino nuestra propia existencia lo que está en juego.

La cobertura climática y ambiental de Associated Press recibe apoyo financiero de diversas fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte los estándares de AP para colaborar con organizaciones filantrópicas, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org .

STEVEN GRATTAN informa sobre la selva amazónica y la deforestación en Latinoamérica para The Associated Press. Reside en Bogotá, Colombia.

(Foto AP/Juan Karita, Archivo)