Migrantes vulnerablesSAN PEDRO SULA, Honduras (AP) — Mientras decenas de migrantes deportados se agolpan en un sofocante aeropuerto en San Pedro Sula, Norma se sienta bajo luces fluorescentes sosteniendo una taza de café con espuma y un pequeño plato de huevos, todo lo que la esperaba en Honduras.
La madre hondureña de 69 años nunca se imaginó abandonar su país centroamericano, pero luego llegaron las amenazas de muerte anónimas contra ella y sus hijos y los hombres armados que se presentaron en su puerta amenazándola con matarla, tal como habían matado a uno de sus familiares días antes.
Norma, que pidió el anonimato por preocupación por su seguridad, gastó todos sus ahorros de 10.000 dólares en un viaje de ida hacia el norte a fines de octubre con su hija y su nieta.
Pero después de que sus peticiones de asilo en Estados Unidos fueran rechazadas, los embarcaron en un vuelo de deportación. Ahora, está de regreso en Honduras, al alcance de la misma pandilla, atrapada en un ciclo de violencia y precariedad económica que persigue a los deportados como ella.
“Nos pueden encontrar en cualquier rincón de Honduras”, dijo en el centro de procesamiento de migrantes. “Estamos orando por la protección de Dios, porque no esperamos nada del gobierno”.
Ahora, cuando el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para asumir el cargo en enero con la promesa de llevar a cabo deportaciones masivas , Honduras y otros países centroamericanos de los que la gente ha huido durante generaciones se están preparando para una posible afluencia de migrantes vulnerables, una situación que no están preparados para manejar.
"No tenemos la capacidad"
Honduras, Guatemala y El Salvador, que tienen el mayor número de personas viviendo ilegalmente en Estados Unidos, después de México, podrían estar entre los primeros y más afectados por las deportaciones masivas, dijo Jason Houser, exjefe de gabinete del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la administración Biden.
Dado que países como Venezuela se niegan a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos, Houser sugiere que la administración Trump podría priorizar la deportación de los migrantes “más vulnerables” de aquellos países que tienen órdenes de expulsión pero no antecedentes penales, en un esfuerzo por aumentar rápidamente las cifras de deportación.
“Los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños deben estar muy, muy nerviosos porque (los funcionarios de Trump) van a presionar los límites de la ley”, dijo Houser.
Los migrantes y las redes que ayudan a los deportados en esos países del Triángulo Norte temen que su retorno pueda empujarlos a crisis económicas y humanitarias aún más profundas, alimentando la migración en el futuro.
“No tenemos capacidad” para acoger a tanta gente, dijo Antonio García, viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras. “Aquí hay muy poco para los deportados”. Las personas que regresan, dijo, “son las últimas en ser atendidas”.
De regreso a los EE.UU.
Desde 2015, Honduras ha recibido a alrededor de medio millón de deportados. Bajan de aviones y autobuses y son recibidos con café, pequeños platos de comida y bolsas de pasta de dientes y desodorante. Mientras algunos respiran aliviados, libres de las duras condiciones de detención en los centros de detención estadounidenses, otros lloran, presas del pánico.
“No sabemos qué haremos, qué vendrá después”, dijo una mujer en un grupo de deportados que esperaban que un hombre que tecleaba sus nombres los llamara.
Según cifras del gobierno estadounidense, aproximadamente 560.000 hondureños, cerca del 5% de la población del país, viven en Estados Unidos sin estatus legal. De ellos, los expertos en migración estiman que unos 150.000 pueden ser localizados y expulsados ​​rápidamente.
García dijo que el gobierno ofrece servicios para ayudar a los repatriados, pero que la mayoría son liberados con poca ayuda en un país dominado por las pandillas. Tienen pocas opciones de trabajo para pagar sus deudas abrumadoras. Otros, como Norma, no tienen a dónde ir, ya que no pueden regresar a sus hogares debido a que los pandilleros rondan su hogar.
Norma dijo que no está segura de por qué fueron atacados, pero cree que fue porque el pariente que fue asesinado tenía problemas con una pandilla.
A pesar de la represión, García estima que hasta el 40% de los deportados hondureños logran regresar a Estados Unidos.
Una crisis humanitaria inminente
Larissa Martínez, de 31 años, se encuentra entre quienes han luchado por reintegrarse a la sociedad hondureña después de ser deportada de Estados Unidos en 2021 con sus tres hijos. Impulsada por la desesperación económica y la ausencia de su esposo, quien había emigrado y la había dejado por otra mujer, la madre soltera buscó una vida mejor en Estados Unidos.
Desde su regreso a Honduras, Martínez ha pasado los últimos tres años buscando trabajo, no sólo para mantener a sus hijos, sino también para pagar los 5.000 dólares que debe a sus familiares por el viaje al norte.
Sus esfuerzos no han dado resultado. Construyó una casa de madera precaria escondida en las colinas de San Pedro Sula, donde vende carne y queso para sobrevivir, pero las ventas han sido escasas y las lluvias tropicales han carcomido las endebles paredes donde duermen.
Entonces empezó a repetir un cántico en su cabeza: “Si no encuentro trabajo en diciembre, me iré en enero”.
César Muñoz, un líder de la Comisión de Acción Social Menonita, dijo que las autoridades hondureñas han abandonado a deportados como Martínez, dejando que organizaciones como la suya intervengan. Pero con tres vuelos de deportación que llegan semanalmente, las redes de ayuda ya están al límite.
Un aumento significativo podría dejar a las redes de ayuda, a los migrantes y a sus familias en una situación difícil. Mientras tanto, países como Honduras, que dependen en gran medida de las remesas de los Estados Unidos, podrían enfrentar graves consecuencias económicas si se corta este sustento vital.
“Estamos al borde de una nueva crisis humanitaria”, dijo Muñoz.
El regreso de Trump ha provocado una serie de reacciones por parte de las naciones latinoamericanas vinculadas a Estados Unidos a través de la migración y el comercio.
Guatemala, un país con más de 750.000 ciudadanos que viven sin autorización en Estados Unidos, anunció en noviembre que estaba trabajando en una estrategia para hacer frente a posibles deportaciones masivas. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que México ya está reforzando los servicios legales en sus consulados estadounidenses y que pediría a Trump que deporte a los no mexicanos directamente a sus países de origen .
El viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, García, expresó su escepticismo sobre la amenaza de Trump, citando los beneficios económicos que los inmigrantes aportan a la economía estadounidense y los desafíos logísticos de las deportaciones masivas. Los líderes de ayuda humanitaria como Muñoz dicen que Honduras no se está preparando lo suficiente para un posible aumento de las deportaciones.
Incluso con una ofensiva de Trump sería “imposible” impedir que la gente siga migrando, afirmó García. Impulsados ​​por la pobreza, la violencia y la esperanza de una vida mejor, grupos de deportados suben a los autobuses en su camino de regreso a Estados Unidos.
A medida que aumentan las deportaciones por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas, los contrabandistas ofrecen a los migrantes paquetes en los que tienen tres oportunidades para llegar al norte. Si los migrantes son capturados en su viaje y enviados de regreso a casa, aún tienen dos oportunidades para llegar a los EE. UU.
Kimberly Orellana, de 26 años, recién regresada a Honduras, dijo que pasó tres meses detenida en una instalación de Texas antes de ser enviada de regreso a San Pedro Sula, donde esperó en una estación de autobuses a que su madre la recogiera.
Sin embargo, ya estaba planeando regresar, diciendo que no tenía otra opción: su hija de 4 años, Marcelle, la estaba esperando, cuidada por una amiga en Carolina del Norte.
Los contrabandistas separaron a las dos cuando cruzaron el Río Grande con la esperanza de aumentar sus posibilidades de cruzar con éxito. Orellana le prometió a su hija que se reunirían.
—Mami, ¿estás segura que vienes? —le pregunta Marcelle por teléfono.
“Ahora que estoy aquí es difícil saber si algún día podré cumplir esa promesa”, dijo Orellana, aferrándose a su pasaporte hondureño. “Tengo que intentarlo de nuevo… Mi hija es todo lo que tengo”.
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Por  MEGAN JANETSKY
(Foto AP/Moisés Castillo)
Muertos guerraLas autoridades sanitarias palestinas dijeron el lunes que el número de muertos por la guerra entre Israel y Hamás, ahora en su decimocuarto mes, superó las 45.000 personas.
Esto ocurre mientras 52 muertos llegaron a los hospitales de la franja bombardeada en las últimas 24 horas, incluida una familia de cuatro, en la ciudad de Gaza durante la noche, según médicos palestinos.
La guerra entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre del año pasado, cuando militantes de Hamás atacaron el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando a otras 250 como rehenes. Israel respondió con intensos bombardeos y una incursión terrestre en la Franja de Gaza.
Mientras tanto, un observador de guerra con sede en el Reino Unido dijo que los ataques aéreos israelíes la madrugada del lunes alcanzaron depósitos de misiles en Siria y los calificó como los "ataques más violentos" desde 2012.
Israel ha estado atacando lo que dice son sitios militares en Siria después del dramático colapso del gobierno del presidente Bashar Assad , eliminando las defensas aéreas y la mayor parte del arsenal del ex ejército sirio. Las tropas israelíes también se han apoderado de una zona de amortiguación fronteriza , lo que ha provocado condenas, y los críticos acusan a Israel de violar el alto el fuego de 1974 y posiblemente explotar el caos en Siria para apropiarse de territorio.
El gobierno de la familia Assad, que duró más de medio siglo, se derrumbó hace poco más de una semana tras un sorprendente avance rebelde.
El nuevo gobierno sirio, encabezado por los antiguos insurgentes que derrocaron a Asad, se ha quejado ante el Consejo de Seguridad de la ONU de los bombardeos e incursiones israelíes en territorio sirio en los Altos del Golán, pero también ha dicho que no desea una confrontación militar con Israel.
Aquí está lo último:
Assad dice que quería seguir luchando pero los rusos lo evacuaron
DAMASCO, Siria — El derrocado líder sirio Bashar Assad dice que no tenía planes de abandonar el país después de la caída de Damasco hace una semana, pero el ejército ruso lo evacuó después de que su base en el oeste de Siria fuera atacada.
Estos comentarios son los primeros de Assad desde que fue derrocado por grupos insurgentes.
Assad dijo en un comunicado publicado en su página de Facebook que abandonó Damasco la mañana del 8 de diciembre, horas después de que los insurgentes irrumpieran en la capital. Dijo que partió en coordinación con aliados rusos hacia la base rusa en la provincia costera de Latakia, donde planeaba seguir combatiendo.
Assad dijo que después de que la base rusa fuera atacada por drones, los rusos decidieron trasladarlo la noche del 8 de diciembre a Rusia. “No abandoné el país como parte de un plan, como se informó anteriormente”, afirmó Assad.
El número de muertos en la guerra entre Israel y Hamás supera los 45.000
Los funcionarios de salud en la Franja de Gaza dicen que el número de muertos por la guerra de 14 meses entre Israel y militantes de Hamas ha llegado a 45.028 personas.
El Ministerio de Salud de Gaza no distingue entre civiles y combatientes. Según sus propias palabras, más de la mitad de las víctimas mortales eran mujeres y niños. El ejército israelí afirma haber matado a más de 17.000 militantes, sin aportar pruebas.
El Ministerio de Salud también dijo que 106.962 personas han resultado heridas desde el comienzo de la guerra.
Turquía condena el plan israelí de ampliar los asentamientos en los Altos del Golán ocupados
ANKARA, Turquía — Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores turco dijo el lunes que la decisión marca una “nueva etapa en el objetivo de Israel de expandir sus fronteras a través de la ocupación”, añadiendo que Ankara estaba preocupada de que la medida perjudicara los esfuerzos para establecer la paz y la estabilidad en Siria.
“La comunidad internacional debe mostrar la reacción necesaria hacia Israel y garantizar que las actividades ilegales del gobierno de (el primer ministro Benjamin) Netanyahu lleguen a su fin”, se lee en el comunicado.
Qatar también condenó la decisión, calificándola de “un nuevo episodio de una serie de agresiones israelíes en territorios sirios y una flagrante violación del derecho internacional”.
El gobierno israelí aprobó el domingo el plan de Netanyahu con el objetivo de fomentar el crecimiento de la población en la zona.
Israel se apoderó de los Altos del Golán en la guerra de Oriente Medio de 1967 y se los anexó, aunque la comunidad internacional, con excepción de Estados Unidos, los considera ocupados. Las cifras israelíes muestran que en ese remoto territorio viven unas 50.000 personas, de las cuales aproximadamente la mitad son israelíes judíos y la otra mitad son drusos árabes, muchos de los cuales todavía se consideran sirios.
Dolientes se reúnen en Gaza para el funeral del periodista de Al Jazeera
DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza — En el campamento de refugiados urbanos de Nuseirat, en el centro de Gaza, los dolientes llevaban el lunes por las calles el cuerpo de Ahmad Baker Al-Louh, de 39 años, periodista palestino que trabajaba para Al Jazeera, desde el hospital. Su chaleco antibalas azul descansaba sobre él.
Al-Louh murió el día anterior en un ataque a un punto de la agencia de defensa civil de Gaza y Al Jazeera dijo que estaba cubriendo las operaciones de rescate de una familia herida en un bombardeo anterior cuando fue asesinado.
En el ataque del domingo también murieron tres trabajadores de la defensa civil, incluido el jefe local de la agencia, según el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. La defensa civil es la principal agencia de rescate de Gaza y opera bajo el gobierno dirigido por Hamás.
Ataque israelí mata a 10 personas en la ciudad de Gaza
DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza — Entre los 10 muertos había una familia de cuatro, dijeron el lunes médicos palestinos, mientras la guerra entre Israel y Hamás continúa por decimocuarto mes en la Franja de Gaza.
El domingo por la noche, el ataque alcanzó una casa en el barrio de Shijaiyah, en el este de la ciudad de Gaza, según el servicio de ambulancias y emergencias del Ministerio de Salud. Los rescatistas recuperaron los cuerpos de 10 personas de debajo de los escombros, incluidos los de dos padres y sus dos hijos, añadió.
La embajada de Estados Unidos aconseja a los estadounidenses abandonar Siria
DAMASCO, Siria — La embajada de Estados Unidos en Damasco recomendó a los estadounidenses que abandonen Siria, afirmando que la situación de seguridad allí sigue siendo volátil e impredecible con un conflicto armado y “terrorismo en todo el país”.
La embajada, que ha estado cerrada desde 2012, publicó un comunicado en X, advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses que no podían salir del país que prepararan “planes de contingencia para situaciones de emergencia”. No dio más detalles.
El comunicado también indicó que el gobierno de Estados Unidos no puede brindar ningún servicio consular de rutina o de emergencia a los ciudadanos estadounidenses y que aquellos que necesitan “asistencia de emergencia para salir deben comunicarse con la Embajada de Estados Unidos en el país al que planean ingresar”.
Células durmientes del grupo Estado Islámico se han atribuido la responsabilidad de ataques mortales en los últimos meses en diferentes partes de Siria. A pesar de su derrota en marzo de 2019, los extremistas siguen representando una amenaza en el país devastado por la guerra.
Un observador de guerra afirma que Israel tiene como objetivo depósitos de misiles
DAMASCO, Siria — El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo de seguimiento de la guerra con sede en el Reino Unido, informó el lunes por la mañana que los ataques aéreos israelíes alcanzaron almacenes de misiles y otros antiguos emplazamientos del ejército sirio a lo largo de la costa de Siria en los “ataques más violentos en la región costera siria desde el comienzo de los ataques (israelíes) en 2012”.
El ejército israelí se negó a hacer comentarios sobre los ataques.
El observatorio indicó que se escucharon “violentas explosiones” en la ciudad costera de Tartous “como resultado de los sucesivos ataques y el vuelo de misiles tierra-tierra desde los almacenes”.
Por la Prensa Asociada 
(Foto AP/Matias Delacroix)
Abogado VenezolanoMIAMI (AP) — Un destacado abogado de derechos humanos ha abandonado discretamente de la Corte Penal Internacional para protestar por lo que considera un fracaso injustificado de su fiscal para acusar a miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, según ha sabido The Associated Press.
Claudio Grossman, nacido en Chile y exdecano de la facultad de Derecho de la American University en Washington y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue nombrado asesor especial del fiscal de la CPI, Karim Khan, en noviembre de 2021. En ese puesto no remunerado, asesoró a Khan sobre la deteriorada situación de los derechos humanos en Venezuela.
En un contundente correo electrónico enviado el mes pasado a Khan, Grossman dijo que sus estándares éticos ya no le permiten permanecer en silencio mientras el gobierno de Maduro continúa cometiendo abusos, expulsando a diplomáticos extranjeros y obstruyendo el trabajo de los observadores de derechos humanos de Naciones Unidas, sin que haya ninguna acción por parte de la CPI.
“Ya no puedo justificar la elección de no tomar las medidas serias correspondientes contra los autores de las graves violaciones”, escribió Grossman en el mail en el que rechaza una oferta de la oficina de Khan en septiembre para renovar su contrato.
Una copia del correo electrónico, que no es público, fue proporcionada a la AP por una persona familiarizada con la investigación de la CPI sobre Venezuela. Una llamada telefónica de Khan pidiendo a Grossman que reconsiderara su postura también fracasó, añadió la fuente, que habló bajo condición de anonimato para discutir la investigación políticamente sensible.
Tras las consultas de la AP a la oficina de Khan, el nombre de Grossman fue eliminado de la web del tribunal en la que aparecía como asesor especial.
“El Fiscal está extremadamente agradecido al profesor Grossman por la experiencia y el trabajo que ha prestado”, dijo la oficina del fiscal en un comunicado que no abordó los motivos dados por Grossman para cortar lazos con la institución con sede en La Haya, Holanda. Grossman rechazó hacer comentarios.
La presión sobre Khan para que acuse a funcionarios venezolanos, incluyendo al propio Maduro, coincide con las acusaciones en su contra por supuesta mala conducta con una ayudante y con la amenaza de sanciones estadounidenses por su decisión de pedir la detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
El Estatuto de Roma por el que se creó la CPI entró en vigor en 2002, con el mandato de procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero solo cuando los tribunales nacionales no inician sus propias investigaciones.
Los llamados a acelerar la única investigación de la corte en América Latina se han intensificado mientras Maduro afianza su poder, preparándose para asumir el cargo para un tercer mandato el 10 de enero tras unas elecciones empañadas por graves acusaciones de fraude y luego de la represión postelectoral. Más de 2.000 personas fueron arrestadas y 20 murieron después de los comicios.
Estados Unidos y algunos líderes izquierdistas latinoamericanos han exigido a las autoridades que presenten las actas de la votación, como hicieron en el pasado, para refutar las presentadas por los opositores, que muestran que su candidato, Edmundo González, se impuso por un margen de dos a uno.
Muchos en la oposición venezolana se han quejado de que la CPI está aplicando un doble estándar, moviéndose de forma agresiva para buscar la detención de Netanyahu y del presidente de Rusia, Vladímir Putin, por atrocidades en Gaza y Ucrania, mientras muestra una indulgencia indebida con las autoridades venezolanas que Khan ha estado investigando durante más de tres años.
“No hay justificación alguna para la inacción”, escribieron González y la líder opositora María Corina Machado en una carta reciente a Grossman y otros 18 asesores especiales de la CPI pidiendo su ayuda.
“Lo que está en juego es la vida y el bienestar de los venezolanos”, señalaron en la misiva, que fue proporcionada a la AP por la persona familiarizada con la investigación de la Corte. “Este retraso injustificable arrojará dudas legítimas sobre la integridad de un sistema de rendición de cuentas que ha sido una aspiración para todo el mundo”.
A pedido de varios gobiernos latinoamericanos, Khan abrió hace tres años una investigación sobre las fuerzas de seguridad venezolanas por encarcelar, torturar y matar a manifestantes antigubernamentales. Al mismo tiempo, prometió asistencia técnica para dar a las autoridades locales la oportunidad de actuar antes de la CPI, un tribunal de última instancia.
A principios de este mes, Khan emitió algunos de sus comentarios más duros hasta la fecha sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, advirtiendo que las repetidas promesas de las autoridades para investigar los presuntos abusos “no pueden ser una historia interminable”.
“No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas que esperaba en Venezuela”, afirmó en un discurso en la sede de la corte. “La pelota está en el campo de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin recorrido”.
El gobierno de Maduro respondió con un comunicado en el que apuntó que “lamenta profundamente que el fiscal se deje llevar por las informaciones de campañas públicas surgidas en redes sociales impulsadas por la extrema derecha, el sionismo y las potencias occidentales que pretenden aplicar el colonialismo jurídico contra Venezuela”.
Algunos críticos venezolanos han vinculado lo que consideran una dilación con un posible conflicto de intereses que afecta a la cuñada de Khan, la abogada penal internacional Venkateswari Alagendra, quien ha comparecido en representación del gobierno de Caracas en dos audiencias ante el tribunal.
Un código de conducta de la CPI pide a los fiscales que se abstengan de cualquier conflicto que pueda surgir de un “interés personal en el caso, incluyendo una relación conyugal, parental u otra relación familiar, personal o profesional estrecha con cualquiera de las partes”. Alagendra ha trabajado previamente con Khan y su esposa en la defensa de Saif Al-Islam Gaddafi, el hijo del dictador libio, ante la institución.
La oficina de Khan declinó hacer comentarios sobre esa relación. Pero en un escrito presentado este mes para pedir la desestimación de una solicitud de recusación presentada por la Fundación Arcadia, con sede en Washington, dijo que una cuñada no es una relación personal lo suficientemente cercana como para requerir la descalificación automática y que no recuerda haber discutido nunca la investigación a Venezuela con Alagendra, quien es una de los varios abogados que defienden al gobierno sudamericano.
“Ningún observador imparcial e informado concluiría que hay una posibilidad real de sesgo”, escribió Khan, agregando que sigue investigando de forma activa e independiente la situación en Venezuela.
Quienes afirman ser víctimas del gobierno de Maduro han presionado para que la corte concluya su investigación sin posicionarse acerca de si Khan debería ser recusado.
Luego de que millones de venezolanos huyeron del gobierno de Maduro, muchos a países vecinos, los gobiernos regionales también esperan avances.
“Muchos en América Latina esperan que el fiscal de la CPI tenga una respuesta más contundente”, dijo Juan Papier, director adjunto de Human Rights Watch para las Américas. “La oficina del fiscal ha pasado demasiado tiempo, hasta ahora infructuosamente, tratando de trabajar con las autoridades de Venezuela para impulsar investigaciones nacionales. La impunidad generalizada y la falta de independencia judicial en Venezuela hacen que la CPI sea el camino más viable para la justicia”.
La periodista de The Associated Press Molly Quell en La Haya, Holanda, contribuyó a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
JOSHUA GOODMAN
Goodman is a Miami-based investigative reporter who writes about the intersection of crime, corruption, drug trafficking and politics in Latin America. He previously spent two decades 
(AP Foto/Arana Cubiollos, archivo)
Cirujia BoluarteLIMA (AP) — La presidenta de Perú, Dina Boluarte, admitió la noche del jueves que se sometió a una cirugía que había mantenido en secreto en medio de una controversia ante el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía por cargos de omisión de actos funcionales y abandono de cargo. La mandataria, sin embargo, aseguró que se trató de una intervención por motivos de salud y afirmó que nunca abandonó sus funciones a pesar de la operación.
Además, emplazó a la fiscal Delia Espinoza a que la cite a declarar, cuestionándola por el inicio de una investigación que, aseguró, es parte de un complot contra su gobierno.
“Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud, lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones ” dijo la mandataria en un mensaje a la nación.
Como evidencia de que nunca abandonó sus funciones, argumentó, está el hecho de que promulgó varias iniciativas durante su ausencia.
“Una persona incapacitada, que está impedida de determinar funciones intelectuales, motoras, de coordinación y circulación no suscribe 91 normas”, declaró, arremetiendo contra las acusaciones de Espinoza de que algunas de las firmas fueron falsificadas. “Ya no sabe que inventar.
La fiscalía anunció la semana pasada el inicio de una pesquisa “por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales, y/o alternativamente por el presunto delito de abandono de cargo”. La investigación se produjo luego de que el ex primer ministro, Alberto Otárola, declaró ante una comisión del Congreso que Boluarte se sometió a una cirugía en la nariz en junio del 2023.
Los especialistas afirman que Boluarte infringió la Constitución al no comunicar con antelación sobre su procedimiento y ausencia del cargo durante la recuperación. La presidenta, sin embargo, está dispuesta a demostrar ante el Ministerio Público que el procedimiento era necesario.
“Cuando se dignen en citarme una vez más y el Ministerio Público haga su trabajo, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico” aseguró.
Boluarte también se refirió a otro caso: Su presencia en una zona del sur de Lima en que la policía había ubicado a Vladimir Carrón, un político prófugo de la justicia por cargos de corrupción al frente de Perú Libre, el partido por el que Boluarte fue elegida vicepresidenta en 2021, antes de ascender a la presidencia a finales de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo por intentar un golpe de Estado.
Las autoridades sospechan que Boluarte ayudó a escapar a Cerrón —con quien es investigada en un caso de presuntos malos manejos de fondos partidarios— luego de encontrarse en el condominio Mikonos en la localidad de Asia.
“Nunca fui a Mikonos, no conozco ese condominio, fui a otro lugar por una invitación y acompañada de una amiga”, afirmó. “Yo no oculto a delincuentes ni uso los bienes estatales para encubrir a personas buscadas por la justicia”
La mandataria, quien tocó ambos casos luego de varias semanas de controversia, afirmó que se tratan de inventos con el objetivo de desestabilizar su gobierno e impulsar su destitución a través de la figura de la vacancia, prerrogativa del Congreso que ha sacado del cargo a anteriores mandatarios.
“Como la presidenta constitucional de la República, siempre ha sido muy respetuosa de las autoridades del sistema judicial. Sin embargo, ya hace bastante tiempo, sistemáticamente he sido objeto de un acoso permanente con el único propósito de generar crisis en el gobierno”, afirmó.
(Foto AP/Martín Mejía, Archivo)
By  DAVID PEREDA Z.
Argentina acusaCARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno de Argentina acusó el miércoles a su homólogo venezolano de acosar continuamente a seis miembros de la oposición política que han estado refugiados durante meses en el complejo diplomático argentino en la capital, Caracas.
También instó a la Organización de Estados Americanos a presionar a Venezuela para que permita la salida segura de las seis personas a Argentina.
El canciller argentino, Gerardo Werhein, dijo que el gobierno venezolano los somete a una “estrategia de agotamiento físico” y “terror psicológico” mediante un acoso prolongado. Los cuatro hombres y dos mujeres viven en la residencia del embajador desde marzo para evitar ser arrestados.
“El gobierno venezolano no sólo les ha negado el salvoconducto que les permitiría salir con seguridad, sino que ha adoptado acciones de hostigamiento totalmente inaceptables”, afirmó Werhein durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA. “Los solicitantes de asilo son sometidos a cortes de agua, interrupciones en el suministro eléctrico, restricciones al ingreso de alimentos y la presencia constante de fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la sede diplomática”.
Entre el grupo que se encuentra en la casa del embajador se encuentran la directora de campaña y de comunicaciones del partido opositor María Corina Machado. El gobierno del presidente Javier Milei les permitió el ingreso al recinto luego de que autoridades leales al partido gobernante emitieran órdenes de arresto en su contra, acusándolos de promover supuestos actos de violencia para desestabilizar al país.
Desde finales de noviembre, el grupo denuncia la presencia constante de agentes del servicio de inteligencia y de la policía venezolanos en las afueras de la residencia. También acusa al gobierno de cortar los servicios de electricidad y agua.
La semana pasada, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó las acusaciones del grupo como una “farsa”.
Werhein, sin embargo, acusó el miércoles al gobierno venezolano de violar el derecho internacional que consagra el derecho de asilo y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas en cualquier país. Instó a los miembros de la organización regional a actuar con firmeza o correr el riesgo de ser juzgados por su inacción.
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A medida que pasa el tiempo, “la angustia y la incertidumbre de quienes buscan asilo aumentan”, dijo.
En agosto, Brasil aceptó la solicitud de Argentina de proteger el complejo diplomático en Caracas después de que el gobierno de Maduro expulsara a sus diplomáticos tras las elecciones presidenciales de julio en Venezuela. Los cuestionados resultados de la votación, que según las autoridades electorales venezolanas favorecían a Maduro, llevaron a Milei a declarar que no reconocería “otro fraude”. Eso provocó la ira de Maduro y sus aliados.
Pero un mes después, Venezuela revocó la autorización de Brasil para custodiar las instalaciones, alegando que tenía evidencia del uso de las instalaciones “para la planificación de actividades terroristas e intentos de asesinato”.
Brasil y Argentina han rechazado esas acusaciones.
La prolongada crisis política de Venezuela se agravó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral del país, que está repleto de partidarios de Maduro, lo declaró ganador de las elecciones horas después del cierre de las urnas. Pero a diferencia de las elecciones presidenciales anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron recuentos detallados de los votos.
Mientras tanto, la oposición, liderada por Machado, recogió actas de escrutinio del 80% de las máquinas de votación electrónica del país, las publicó en línea y dijo que los registros de votación mostraban que el candidato de la facción, Edmundo González, había ganado las elecciones con el doble de votos que Maduro.
El miércoles, más de una docena de miembros de la Organización de los Estados Americanos se unieron al llamado de Argentina al gobierno de Maduro para que permita el paso seguro de quienes viven en la residencia del embajador.
“El acoso continuo pone en peligro la seguridad de la misión y de las personas que puedan estar buscando refugio temporal”, dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, en un comunicado después de la sesión de la organización. “Exigimos a Maduro y a sus representantes que dejen de emitir órdenes de arresto por motivos políticos contra miembros de la oposición democrática y que garanticen salvoconductos para quienes se encuentran refugiados en la Embajada argentina”.
(Foto AP/Matias Delacroix, Archivo)

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