NUEVA ORLEANS (AP) — El futuro de una barrera de boyas gigantes, colocadas el año pasado por el gobernador de Texas Greg Abbot en el río Bravo para disuadir el paso de migrantes, podría depender de si un tramo rocoso y poco profundo del río fronterizo puede considerarse “navegable” y si, en ocasiones, la inmigración constituye una invasión hostil.
El pleno de 17 miembros del Quinto Tribunal de Circuito de Estados Unidos escuchó el miércoles argumentos sobre estos temas en Nueva Orleans, en el más reciente debate en los tribunales de las múltiples disputas legales sobre el control fronterizo entre el presidente demócrata Joe Biden y el gobernador republicano. Los jueces no indicaron cuándo emitirían un fallo.
En una parte de la audiencia se tocó el tema de la afirmación de Texas de que la barrera está autorizada constitucionalmente como un medio de defensa contra una invasión.
“¿Me están diciendo que la ley federal supera al derecho constitucional del estado?”, preguntó la jueza Edith Jones al procurador del Departamento de Justicia Michael Gray. Después añadió: “¿En qué circunstancias puede Estados Unidos frustrar ese intento de autodefensa?”
En respuesta a las preguntas de Jones y del juez James Ho, Gray argumentó que el gobernador no puede pasar por alto la ley federal simplemente afirmando que hay una invasión. “Su argumento es que, una vez que se menciona la palabra invasión, ‘Podemos hacer lo que queramos durante el tiempo que queramos’. No creemos que esto sea correcto”, dijo Gray.
Sin embargo, gran parte de la audiencia tuvo que ver con si el gobierno tiene razón en cuanto a que el río Bravo (conocido como río Grande en inglés) está sujeto a la regulación federal como una vía fluvial navegable
Texas afirma que el tramo del río es rocoso y poco profundo, describiéndolo como “con una profundidad que llega hasta el tobillo” en uno de los documentos del tribunal.
SABANA DE MENDOZA, Venezuela (AP) — En una intersección abarrotada en las cuatro direcciones, los asistentes a un mitin gritan y encienden sus celulares al caer la noche mientras la opositora venezolana María Corina Machado se sube a la parte trasera de un camión como si fuera candidata a la presidencia.
Aunque se le prohibió presentarse a las elecciones previstas para el 28 de julio, sigue recorriendo el país estrechando manos, tomando selfies, lanzando besos y prometiendo la derrota del presidente, Nicolás Maduro, todo ello como sustituta de un tranquilo exdiplomático que todavía no ha comenzado a hacer campaña.
“María Corina! María Corina!” grita la gente, a veces al unísono, en la pequeña localidad andina de Sabana de Mendoza. Los gritos son ensordecedores.
El desafío de Machado es saber si puede transformar su fama y carisma en votos para Edmundo González Urrutia, quien fue elegido por la principal coalición opositora cuando Machado no logró revocar el fallo judicial que vetó su candidatura.
“No me acuerdo como es que se llama”, dijo sobre González Danis Cegarra, una costurera de 48 años que esperaba a Machado junto a sus dos hijos. “Aunque no lo conozcamos mucho lo vamos a apoyar. Bueno, yo lo voy a apoyar, porque yo quiero un cambio, sobre todo porque tengo mis hijos”.
González es el tercer candidato que la Plataforma Unitaria Democrática promociona en lo que va de año.
Machado, que fue legisladora, inició 2024 como la candidata de la coalición opositora tras su arrolladora victoria en las primarias presidenciales de octubre, pero un alto tribunal leal al partido gobernante ratificó una decisión administrativa que la inhabilitó para cargos públicos. En marzo, ella misma nombró a su sustituta, la exacadémica Corina Yoris, quien también fue vetada. Cuatro días más tarde, la Plataforma eligió a González.
Machado, una defensora del libre mercado que lleva más de un año haciendo campaña, es presentada ahora en sus mítines como “líder de la oposición” en lugar de como candidata. González, de 74 años, todavía no ha pisado un escenario, ni solo ni con ella.
“Parece ser un diplomático muy tranquilo que se basa en el consenso. María Corina está ahí echando fuego en la tribuna”, dijo Ryan Berg, director del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de estudios con sede en Washington. “Su trabajo es movilizar a la gente para que vote por Edmundo, pero será interesante ver cómo es él si alguna vez sale en público, porque va a ser todo un desequilibro de caracteres verlo junto a ella”.
González inició su carrera como adjunto del embajador de Venezuela en Estados Unidos a finales de la década de 1970. Luego estuvo destinado en Bélgica y El Salvador y fungió como embajador de Caracas en Argelia.
Su último puesto fue como embajador en Argentina durante los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez, quien llegó al poder en 1999 y transformó Venezuela con políticas socialistas como la nacionalización de industrias y el lanzamiento de programas sociales. Chávez escogió a Maduro como su reemplazo antes de fallecer a causa de un cáncer en 2013.
Más recientemente, González trabajó como asesor de relaciones internacionales y escribió sobre Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene previsto lanzar su campaña esta semana. En declaraciones a The Associated Press la semana pasada, dijo que espera que varios líderes de la oposición lo representen durante la campaña.
En Sabana de Mendoza, unas dos horas y media después de lo previsto, Machado pronunció un día de semana un encendido y alentador discurso de 20 minutos desde lo alto del vehículo. Dedicó uno de esos minutos a hablar de González.
“Este pueblo va a elegir a esta persona, a Edmundo González Urrutia, nuestro candidato a la presidencia”, afirmó mientras sostenía un cartel con el rostro del candidato. “ Es un hombre bueno, es un hombre honesto. Yo le pido a todos ustedes que me han acompañado y me han transmitido confianza y cariño, que votemos con firmeza y con seguridad por un hombre que va hacer un gran trabajo”.
Machado no solo ha ayudado a unificar a una oposición fracturada y marcada por los individualismos, sino que su campaña ha atraído la atención — y la rivalidad — del partido gobernante.
En al menos dos ocasiones en el último mes, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha celebrado mítines en el mismo día y la misma comunidad en la que Machado tenía previsto dirigirse a sus partidarios.
El rostro de González aparecerá tres veces en la boleta de los comicios del 28 de julio, una por cada uno de los partidos a los que representa oficialmente. El de Maduro, que aspira a la reelección para un tercer mandato, estará 13 veces.
Los 11 años de Maduro en la presidencia han estado marcados por una crisis social, política y económica que fulminó a la clase media, sumió a millones de personas en la pobreza y convirtió a algunos aliados de su gobierno en millonarios. Bajo su mandato, más de 7,7 millones de venezolanos abandonaron el país para establecerse, fundamentalmente, en otras naciones de Latinoamérica y el Caribe.
Los efectos de la crisis eran evidentes a lo largo de la carretera rural que va hasta Sabana de Mendoza. Las viviendas y negocios abandonados se suceden a lo largo de varios cientos de metros. Las gasolineras cerradas están oxidadas. La gente se abanica para combatir el calor debido a la falta electricidad para que una máquina enfríe el aire.
Hermógenes Alvarado, un camionero desempleado de 56 años, dijo que votaría por “el otro” candidato, González, aunque no sepa nada sobre él. Pero apuntó que cualquiera que no sea Maduro volverá a crear empleos en su comunidad.
Junto a Alvarado, esperando a que abra una gasolinera, está Moisés Mendoza, de 29 años, dice que no estaba tan seguro acerca del sustituto de Machado. Este fabricante de maracas, hamacas y cerámicas no cree que su voto sea automáticamente transferible. Para él, la abstención es una opción.
“Yo no sé quién es Edmundo, y me imagino que la gente opositora va a darle el apoyo a él para poder sacar a este gobierno”, dijo Mendoza. “Si no me convence, no voto”.
BUENOS AIRES, Argentina (AP) — El Fondo Monetario Internacional, el mayor acreedor de Argentina, acordó el lunes liberar el siguiente tramo de préstamos adeudados bajo un programa de rescate , respaldando medidas de austeridad del gobierno tan severas que incluso superan los términos de su préstamo de 43.000 millones de dólares.
El acuerdo con el FMI se produce tras la finalización de su revisión del historial de cumplimiento de Argentina y confirma que el próximo pago de 792 millones de dólares estará disponible para el gobierno en junio, tranquilizando a los mercados y aumentando la confianza entre los banqueros sobre las perspectivas de Argentina mientras atraviesa su peor crisis económica en dos décadas. .
La decisión del personal técnico del fondo aún requiere la aprobación final de la junta ejecutiva del FMI, lo que podría llevar semanas.
La tasa de inflación anual de Argentina alcanzó el 287% en marzo, una de las más altas del mundo, lo que profundizó la pobreza y provocó huelgas y protestas. Pero el FMI elogió al gobierno libertario del presidente Javier Milei por una serie de éxitos económicos: el primer superávit fiscal trimestral de Argentina en 16 años, la caída de la inflación mensual y el aumento de los precios de los bonos soberanos.
Para reformar la asediada economía, Milei ha recortado los salarios del sector público, eliminado miles de empleos estatales, congelado proyectos de obras públicas y recortado subsidios. También ha devaluado el peso en más del 50%, ayudando a estabilizarlo pero provocando que los precios de los productos básicos se disparen.
Aunque brutal para las clases medias y pobres de Argentina, la reforma favorable al mercado ha "resultado en un progreso más rápido de lo previsto en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica y en volver a encaminar firmemente el programa", dijo el FMI, agradeciendo a las autoridades argentinas por "la implementación decisiva" de su plan de estabilización”.
El elogio marca un giro dramático con respecto a las últimas seis décadas durante las cuales los políticos argentinos mostraron poco interés en implementar reformas estipuladas como parte de los acuerdos de endeudamiento.
Los gobiernos de izquierda anteriores no alcanzaron los objetivos del FMI y dependieron de la impresión de dinero del banco central para financiar el gasto del tesoro, llevando el programa del FMI del país, lanzado en 2018 y refinanciado en 2022, hasta un punto de ruptura.
El prestamista internacional sigue siendo profundamente impopular en Argentina, donde el público lo culpa por una implosión económica y un impago de la deuda a finales de 2001. El FMI reconoció más tarde que cometió errores que contribuyeron al colapso.
Es raro que un país tenga al FMI como su mayor acreedor. Argentina se encuentra en la extraña posición de depender del dinero prestado por el fondo para reembolsar al fondo mismo.
SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal salvadoreño instaló el martes un nuevo juicio penal contra el expresidente Mauricio Funes por lavado de activos, por presuntamente licitar un puente a favor de una empresa guatemalteca a cambio de recibir un avión. El exmandatario, asilado en Nicaragua, tiene siete procesos penales en su contra y dos de ellos con condena.
El caso ventilado en un tribunal de San Salvador, inició en diciembre de 2020, cuando el Ministerio Publico acusó al exmandatario y giró la séptima orden de captura en su contra. Un año antes, el gobierno del nicaragüense Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad para evitar que fuera extraditado.
Funes, que gobernó El Salvador de 2009 a 2014, vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno de Ortega y no ha estado presente en ninguno de los juicios en su contra. En uno, condenado por negociar con pandillas durante su mandato, fue condenado a 14 años de prisión; en otro por enriquecimiento ilícito, fue sentenciado a devolver más de 400.000 dólares.
Según informó la Fiscalía en un comunicado, el exmandatario entregó el proyecto de diseño y construcción de un puente en 2013 a una empresa guatemalteca por 8,4 millones de dólares. A cambio, Funes presuntamente recibió un avión modelo King Air para uso de él y de un empresario, que usaron para viajes con sus familias a Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala.
El exmandatario no ha nombrado abogado defensor por lo que le fue asignado uno de oficio.
Por este proceso penal, el empresario José Miguel Menéndez —conocido como “Mecafé”— fue condenado a ocho años de prisión en agosto de 2022. El tribunal de sentencia encontró evidencias de que hizo 47 viajes con la aeronave en cuestión entre el 27 de junio de 2013 y el 13 de septiembre de 2016.
Después de esa condena, se aprobó una reforma penal el 21 de septiembre de 2022 que permite realizar juicios con imputados ausentes, por lo que Funes puede enfrentar el juicio penal de ahora sin estar presente.
El Ministerio Fiscal emitió en 2020 órdenes de captura también contra el empresario salvadoreño y contra su par guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, este último acusado de soborno.
Además de este caso, Funes ha enfrentado otros seis procesos penales. Un tribunal de El Salvador lo condenó en mayo de 2023 a 14 años de prisión por negociar una tregua con las pandillas durante su mandato para bajar la tasa de homicidios a cambio de ofrecer beneficios para sus cabecillas en las cárceles.
A su exministro de Seguridad, general David Munguía Payés, el tribunal le impuso una pena de 18 años de prisión.
Funes que llegó a la presidencia de El Salvador postulado por izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también está siendo procesado por el desvío de 351 millones de dólares de la partida presidencial de gastos reservados.
El exgobernante tiene, además, procesos por el pago de 108,5 millones de dólares a una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica, por la divulgación de un reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que reveló el desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán por el fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004) de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y por sobornos al exfiscal general Luis Martínez.
BRUSELAS (AP) — Los países de la Unión Europea aprobaron el martes una amplia reforma de su fallido sistema de asilo mientras se aceleraba la campaña para las elecciones europeas del mes que viene, en las que se esperaba que la migración fuera un tema clave.
Ministros de los estados miembros aprobaron 10 secciones legislativas del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. El texto establece las normas para gestionar a las personas que entran en Europa sin autorización, desde cómo filtrar a los recién llegados y determinar si pueden optar a alguna clase de protección a cómo deportarlos si no se les permite quedarse.
Hungría y Polonia, que se oponen desde hace años a cualquier obligación de los países a acoger migrantes o pagar para mantenerlos, votaron en contra del paquete pero no pudieron bloquearlo.
Los partidos políticos tradicionales creen que el pacto resuelve problemas que han dividido a los estados miembros desde que más de un millón de personas llegaron a Europa en 2015, la mayoría huyendo de la guerra en Siria e Irak. Confían en que las reformas quiten fuerza a la ultraderecha en las elecciones del 6 al 9 de junio.
Sin embargo, el amplio paquete legislativo no entrará en vigor hasta 2026, de modo que no ofrece soluciones inmediatas para un problema que ha impulsado una de las mayores crisis políticas de la UE, en la que los países discutían sobre quién debe responsabilizarse de los migrantes cuando llegan y si otros países están obligados a ayudar.
Los críticos dicen que el pacto permitirá a los países detener a los migrantes en las fronteras y tomar huellas dactilares de niños. Afirman que va dirigido a mantener a la gente fuera y viola su derecho a solicitar asilo. Muchos temen que suponga más acuerdos políticos controversiales con países más pobres de los que la gente se marcha o que atraviesa para llegar a Europa.
¿POR QUÉ SON NECESARIAS LAS NUEVAS NORMAS?
Las leyes europeas de asilo no se han actualizado en unas dos décadas. El sistema empezó a fallar y después se desmoronó en 2015. Se basaba en la premisa de que los migrantes debían ser procesados, recibir asilo o ser deportados en el primer país al que llegaban. Grecia, Italia y Malta cargaban con la mayor parte de la carga financiera y lidiaban con el descontento público. Desde entonces la zona de viajes sin pasaporte, conocida como Zona Schengen, se ha expandido a 27 países, 23 de ellos miembros de la UE. Eso implica que más de 400 millones de europeos y visitantes, incluidos los refugiados, pueden moverse a través de las fronteras sin mostrar sus documentos.
¿A QUIÉN AFECTAN LAS NORMAS?
Unos 3,5 millones de migrantes llegaron de forma legal a Europa en 2023. En torno a otro millón de personas estaban en territorio de la UE sin autorización. De estos últimos, la mayoría eran personas que llegaron a través de aeropuertos y puertos con visas pero no se fueron a casa cuando caducaron. El nuevo pacto se refiere a la minoría restante, que se estima eran unas 300.000 personas el año pasado. Son personas detenidas cuando cruzaban una frontera externa de la UE sin permiso, como los que llegan a las costas de Grecia, Italia o España a través del Mediterráneo o el Atlántico en embarcaciones proporcionadas por contrabandistas.
¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?
El país en cuyo territorio desembarca la gente hará un filtrado de la gente en la frontera o cerca. esto implica comprobaciones de identidad y otros aspectos, incluso en niños a partir de 6 años. La información se almacenará en una enorme nueva base de datos, Eurodac. Ese filtrado debería determinar si una persona puede suponer un riesgo de salud o seguridad y sus opciones de que se le permita quedarse. En general, las personas que huyen del conflicto, la persecución o la violencia cumplen los requisitos para obtener asilo. El filtrado es obligatorio y no debe tomar más de siete días. El proceso puede tener dos finales: la aplicación de protección internacional como el asilo o la deportación al país de origen.
¿QUE REQUIERE EL PROCESO DE ASILO?
La gente que pide asilo debe solicitarlo en el primer país de la UE en el que entra y quedarse allí hasta que las autoridades del país determinen qué país debe gestionar su solicitud. Podría ser que la persona tuviera familia, lazos culturales u otra conexión con otro lugar, lo que haría más lógico su traslado. El proceso fronterizo debe completarse en 12 semanas, incluido el tiempo para una apelación legal si la solicitud es rechazada. Podría ampliarse en ocho semanas en épocas de movimiento masivo de personas. El proceso también podría ser más rápido para solicitantes de países cuyos ciudadanos no suelen obtener asilo. Los críticos señalan que esto socava las normas de asilo porque los solicitantes deben ser evaluados a título individual y no en función de su nacionalidad. La gente permanecerá en “centros de recepción” mientras se completan los trámites, con acceso a atención sanitaria y educación. Los que sean rechazados recibirán una orden de deportación.
¿QUÉ IMPLICA LA DEPORTACIÓN?
Para acelerar los trámites, se supone que se emitirá una orden de deportación de forma automática cuando una solicitud de asilo sea rechazada. Ahí comienza otro periodo de 12 semanas para completar ese proceso. Las autoridades pueden hacer detenciones durante ese tiempo. La agencia europea de fronteras y guardacostas ayudaría a organizar vuelos conjuntos de deportación. En la actualidad, menos de una de cada tres personas con orden de expulsión es deportada. Con frecuencia, esto se debe a la falta de cooperación de los países de los que proceden los migrantes.
¿CÓMO SE HA RESUELTO LA CUESTIÓN DE RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES?
La nueva norma obliga a los países a ayudar a un socio de la UE que se encuentre bajo presión migratoria. El apoyo es obligatorio, pero flexible. Los países pueden trasladar solicitantes de asilo a su territorio o escoger otra forma de asistencia. Podría ser financiera —un traslado se valora en 20.000 euros (21.462 dólares) por persona—, técnica o logística. Los miembros también pueden asumir la responsabilidad de deportar a gente desde el estado miembro afectado.
¿QUÉ DESAFÍOS AGUARDAN?
Destacan dos temas: ¿llegarán a implementar por completo el plan los estados miembros?, y ¿aplicará el ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, las nuevas normas cuando ha decidido no hacerlo con las anteriores? La Comisión tiene previsto presentar un Plan de Aplicación Común en junio. El documento traza un rumbo y un calendario para poner el acuerdo en marcha en los dos próximos años, con objetivos que deben alcanzar tanto la UE como los estados miembros. El inicio podría ser accidentado. Hungría, que ha rechazado con vehemencia la reforma, inicia los seis meses de su turno de presidencia de la UE el 1 de julio.
La periodista de Associated Press Renata Brito en Barcelona, España, ha contribuido a este despacho.
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NUEVA ORLEANS (AP) — El futuro de una barrera de boyas gigantes, colocadas el año pasado por el gobernador de Texas Greg Abbot en el río Bravo para disuadir el paso de migrantes, podría depender de si un tramo rocoso y poco profundo del río fronterizo puede considerarse “navegable” y si, en ocasiones, la inmigración constituye una invasión hostil.
